El veterano dirigente riojano se incorpora al gabinete de Ricardo Quintela con la misión de fortalecer el vínculo del Estado provincial con clubes, asociaciones y organismos de culto. En un contexto de restricciones presupuestarias, apuesta a la presencia física del Estado como herramienta de gestión y cuestiona el esquema de adelantos de coparticipación con intereses que aplica el gobierno de Milei.
Carlos Machicote asumió al frente de la Secretaría de Asuntos Institucionales de La Rioja, marcando su regreso a la gestión ejecutiva en el tramo final del mandato del gobernador Ricardo Quintela. El nombramiento consolida un perfil de funcionario con arraigo territorial y experiencia en el trato con la sociedad civil organizada, en un área del Estado que opera como bisagra entre el gobierno provincial y el entramado de clubes, asociaciones civiles y organismos de culto que estructuran la vida comunitaria en toda la provincia.
La instrucción del gobernador: salir al territorio
En sus primeras declaraciones públicas, Machicote dejó en claro cuál es la hoja de ruta que le trazó Quintela: profundizar la tarea de la secretaría con presencia constante en el territorio. La lógica que propone invierte la dinámica burocrática tradicional —en la que las instituciones concurren al Estado en busca de asistencia— para que sea el propio Estado quien salga a buscar a los dirigentes en sus lugares de trabajo.
El objetivo central es acompañar a las organizaciones en sus procesos de normalización institucional y asesorarlas para que operen dentro de los marcos regulatorios vigentes, de modo que puedan cumplir con sus fines sociales y comunitarios. Como ejemplo concreto, Machicote citó la situación del Club Andino, donde el Estado deberá acompañar la regularización de sus autoridades para que la institución recupere su plena vida propia y garantice servicios a sus asociados, como la práctica de Newcom para adultos mayores.
«No todo es dinero»
La frase condensa la filosofía de gestión que Machicote anticipa para su paso por la secretaría. En un contexto de severas restricciones presupuestarias que afectan al Estado provincial —producto de la reducción de transferencias nacionales y del congelamiento de partidas—, el nuevo funcionario descartó que la escasez de fondos sea un obstáculo insalvable. Su argumento es que el Estado posee una estructura organizativa, técnica y legal que puede acompañar y asesorar a las instituciones incluso cuando los recursos monetarios son limitados.
La postura no es menor en el contexto político actual: implica reconocer las restricciones fiscales sin capitular ante ellas, y sostener que la presencia del Estado en la vida comunitaria no se reduce a la transferencia de subsidios.
La coparticipación con intereses: un «contrasentido»
Machicote no eludió el plano político y apuntó directamente contra el esquema de adelantos de coparticipación con intereses que el gobierno nacional de Javier Milei aplica a las provincias. Lo calificó como un «contrasentido»: el Estado nacional recauda impuestos que constitucionalmente deben coparticipirse, pero en lugar de redistribuirlos con equidad los devuelve parcialmente con costo financiero, mientras que tampoco cumple con el mantenimiento de la infraestructura básica de su competencia, como la red de rutas nacionales.
La crítica se inscribe en la posición que La Rioja sostiene estructuralmente desde el inicio de la gestión Milei: la provincia ha sido una de las voces más activas en el rechazo al modelo de ajuste fiscal centralizado, con el propio Quintela como referente nacional del Peronismo federal que disputa ese espacio.
La trayectoria como capital político
Ante cuestionamientos que circularon en redes sociales sobre su edad y su experiencia previa, Machicote respondió con contundencia: «Soy una persona con mis años, pero estoy en plena facultad de mi presente y dispuesto a avanzar». La réplica sintetiza la apuesta del gobernador por un perfil de funcionario que combina conocimiento acumulado del territorio riojano con lealtad política al proyecto que Quintela construye de cara al ciclo electoral 2027, donde la consolidación del tejido institucional de base puede ser tan decisiva como la discusión presupuestaria con Buenos Aires.
