En el marco del debate por la Ley de Glaciares, la diputada Silvana Giudici fustigó la gestión de Ricardo Quintela. Comparó el potencial productivo de San Juan y Catamarca con el estancamiento riojano, calificando a la provincia como «la tercera más pobre» del país por falta de responsabilidad en el manejo de sus recursos estratégicos.
El recinto de la Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de una jornada maratónica de 11 horas que, más allá del tecnicismo ambiental, terminó desnudando las profundas asimetrías del norte argentino. En medio de la discusión por la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639), La Rioja quedó en el centro de la escena nacional, no por sus avances, sino por ser utilizada como el contraejemplo del desarrollo federal.
La diputada nacional Silvana Giudici (LLA), en una intervención cargada de vehemencia, desarmó lo que llamó «falacias argumentativas» de la oposición y apuntó directamente contra los gobernadores que, a su criterio, utilizan la bandera del ambientalismo para esconder la incapacidad de gestión. Sin embargo, el momento de mayor impacto para nuestra provincia llegó cuando Giudici trazó una línea divisoria entre las administraciones que «se hacen cargo» y las que perpetúan la dependencia.
El contraste que duele
«Miren la diferencia entre Catamarca, San Juan y Mendoza; miren a los gobernadores que ponen la cara y asumen la responsabilidad del estudio de sus recursos y su explotación», lanzó la legisladora. El dardo no fue al azar: mientras San Juan es señalada como la única provincia en completar las fases de estudio de impacto ambiental sobre glaciares, La Rioja fue expuesta como la contracara de esa moneda.
Para Giudici, la situación de nuestra provincia es una de las más críticas del mapa nacional: «Compárenla con La Rioja, que es la tercera provincia más pobre», sentenció, vinculando directamente la falta de una política clara de recursos estratégicos con los índices de indigencia y falta de crecimiento que hoy golpean a los riojanos.
El debate de fondo: ¿quién cuida el agua?
La discusión legislativa busca armonizar la protección ambiental con la facultad de las provincias para planificar sus recursos. Giudici defendió la vigencia de la Ley de Presupuestos Mínimos y el principio precautorio, pero remarcó que son los gobernadores quienes deben ejercer el poder de policía ambiental.
En este sentido, la crítica hacia la gestión de Ricardo Quintela se centró en la «comodidad» de delegar responsabilidades en organismos nacionales que, según la diputada, han pasado 15 años sin completar inventarios críticos. Para el bloque oficialista y sus aliados, el estancamiento de La Rioja no es una cuestión de falta de riqueza natural, sino de una decisión política que prefiere el subsidio nacional por sobre la inversión productiva responsable.
Impacto nacional
La mención de La Rioja en el Congreso no solo resuena en las oficinas de la Casa de las Tejas. La etiqueta de «tercera provincia más pobre» en boca de una referente del oficialismo nacional marca el tono de la relación que el Gobierno de Javier Milei mantendrá con los distritos que resisten las reformas estructurales.
Mientras el debate por los glaciares y la minería continúa dividiendo aguas, la realidad riojana se expone ante el país como un desafío urgente: el de transformar un potencial dormido en una realidad que saque a sus ciudadanos de la estadística de la pobreza que hoy se le enrostra en el centro del poder político argentino.
