El adelanto de coparticipación federal solicitado por la provincia sigue sin acreditarse. La Libertad Avanza condicionó los fondos a señales políticas del justicialismo riojano, en una pulseada que lleva semanas y que expone la fragilidad fiscal de la gestión Quintela.
El Gobierno de La Rioja cerró la semana sin ver acreditados los $85 mil millones que había solicitado formalmente al Ejecutivo nacional como adelanto de coparticipación federal. La transferencia no se concretó hasta el viernes, confirmando que la negociación entre la Casa Rosada y la administración de Ricardo Quintela sigue trabada en un nudo que tiene tanto de fiscal como de político.
Según pudo establecer este medio, desde el entorno de La Libertad Avanza se le transmitió al peronismo riojano que la liberación de los fondos requería ciertos gestos políticos por parte del oficialismo provincial, una condición que el quinteldismo no habría satisfecho —o no habría querido satisfacer— dentro de los plazos que el Gobierno nacional esperaba.
Una negociación con doble fondo
La solicitud de adelanto de coparticipación no es, en sí misma, un mecanismo extraordinario. Las provincias con tensión de caja recurren con frecuencia a este instrumento para cubrir brechas entre el flujo de gastos corrientes —fundamentalmente salarios y prestaciones sociales— y el ritmo de las transferencias automáticas del régimen federal.
Lo que convierte este caso en noticia política es la condicionalidad explícita que el Gobierno de Javier Milei habría puesto sobre la mesa. La señal esperada por la Casa Rosada nunca fue definida públicamente con precisión, pero en el entramado político riojano se la interpreta en clave electoral y legislativa: apoyo o, al menos, neutralidad del peronismo provincial ante iniciativas del oficialismo nacional en el Congreso, o bien un distanciamiento visible de Quintela respecto de la construcción política que impulsa junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof bajo el paraguas de Federales Somos Todos.
La presión sobre las cuentas provinciales
La demora no es inocua para las finanzas riojanas. La provincia arrastra una situación fiscal estructuralmente comprometida: alta dependencia de las transferencias nacionales —que representan más del 90% de sus ingresos corrientes—, vencimientos pendientes de su deuda en dólares con bonistas de Massachusetts, y un esquema de gastos rígido dominado por la masa salarial del sector público.
En ese contexto, cada semana sin el adelanto es presión adicional sobre la Tesorería provincial, que debe administrar compromisos en pesos en un escenario donde los ingresos propios son marginales y las transferencias no automáticas del Estado nacional llevan meses siendo utilizadas como herramienta de disciplinamiento político por parte del Ejecutivo de Milei.
El dilema del peronismo riojano
Para Quintela, la situación plantea un dilema de difícil resolución. Ceder a las condiciones del Gobierno nacional implicaría una señal de debilidad política en un momento en que el gobernador está invirtiendo capital político en consolidar su perfil como referente del peronismo federal con proyección nacional. Resistir, en cambio, tiene un costo concreto y cotidiano que eventualmente recae sobre empleados públicos, contratistas y beneficiarios de programas provinciales.
El silencio oficial de la Gobernación sobre el estado de la negociación es, en sí mismo, un dato. Ni el ministro de Hacienda ni voceros del Ejecutivo provincial realizaron declaraciones públicas durante la semana para explicar la demora o anunciar un cronograma alternativo de financiamiento.
Antecedentes de una relación tensa
No es la primera vez que la relación entre La Rioja y la administración Milei atraviesa este tipo de cortocircuito. A lo largo de 2025 y en los primeros meses de 2026, la provincia registró recortes en transferencias discrecionales, demoras en giros de fondos de obras públicas y tensiones en torno a los recursos del sistema científico-tecnológico, todo en un marco de conflicto político abierto entre Quintela y el diputado nacional Martín Menem, quien opera como principal referente libertario en la provincia y figura clave en la interlocución con la Casa Rosada.
La pulseada por los $85 mil millones es, en ese sentido, el último capítulo de una disputa más larga, cuyo desenlace seguirá marcando el pulso político de La Rioja de cara al año electoral.
