El secretario de la Gobernación riojana aclaró que los adelantos de coparticipación no tienen ninguna contraprestación política y que la adhesión al RIGI nacional es «imposible» para la provincia. Confirmó un canal de diálogo con Santilli y ratificó que el gobierno de Quintela no impondrá proyectos mineros en comunidades que los rechacen.
En medio de versiones que circularon con insistencia en los pasillos políticos sobre supuestas condiciones que el gobierno de Javier Milei habría exigido a La Rioja a cambio de fondos nacionales, el secretario de la Gobernación provincial, Ricardo Herrera, salió esta semana a desactivar esa narrativa con una contundencia que no dejó margen para la especulación. No hay transacciones. No hay condicionamientos políticos. Y sobre la minería, el mensaje fue igualmente nítido: sin licencia social, no habrá actividad, sin importar cuánta presión venga de afuera.
Herrera brindó una entrevista extensa a Radio Memoria en la que abordó dos de los temas que más fermentan en la agenda política riojana y nacional: la situación financiera de la provincia ante el anuncio de adelantos de coparticipación y el modelo de desarrollo que el gobierno de Ricardo Quintela proyecta para sus recursos naturales. En ambos casos, las definiciones fueron precisas, técnicas y políticamente significativas.
Sin condiciones, sin transacciones: la aclaración que el gobierno riojano necesitaba hacer
El punto de partida de la entrevista fue el decreto nacional que incluyó a La Rioja entre las provincias beneficiarias de un adelanto de coparticipación. Herrera confirmó la inclusión pero aclaró de inmediato que el dinero todavía no fue efectivizado, poniendo un freno a cualquier lectura triunfalista prematura.
Pero la aclaración más importante fue la que apuntó a desmentir las versiones sobre condicionamientos políticos. El secretario de la Gobernación fue categórico: la Nación no impuso ninguna condición a cambio de esos fondos, y en particular desmintió que la adhesión al RIGI nacional haya sido parte de ninguna negociación. «No hay nada a cambio, se respeta nuestra posición política», sentenció Herrera, en una frase que cierra la puerta a las interpretaciones que intentaban leer en los fondos nacionales una señal de acercamiento político entre Quintela y el gobierno de La Libertad Avanza.
El objetivo del adelanto, explicó el funcionario, es aportar previsibilidad ante dos fenómenos que presionan sobre las finanzas provinciales de manera simultánea: la caída del consumo interno y la retracción real de la coparticipación. Las cuentas provinciales están ordenadas, aseguró Herrera, y los sueldos y aguinaldos están garantizados. Pero en un contexto de incertidumbre económica, anticipar recursos es una herramienta de gestión prudente antes que una señal de emergencia fiscal.
El secretario subrayó además que ese adelanto es conceptualmente independiente del reclamo judicial que La Rioja sostiene ante la Justicia por los fondos extracoparticipables que considera conculcados desde diciembre de 2023. Dos carriles distintos que el gobierno provincial no está dispuesto a mezclar ni a canjear el uno por el otro.
El RIGI nacional es «imposible»: La Rioja busca su propio camino
Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, Herrera fue claro en el diagnóstico y en la alternativa que la provincia evalúa. La adhesión al RIGI nacional tal como está redactado es, en la visión del gobierno riojano, directamente «imposible»: sus condiciones no se ajustan a la postura provincial sobre el control de los recursos naturales y la soberanía sobre las decisiones de desarrollo territorial.
Pero la negativa al RIGI nacional no implica cerrar la puerta a las inversiones. Herrera confirmó que el gobierno analiza la posibilidad de diseñar un RIGI provincial propio, siguiendo el camino que otras provincias —mencionó el caso de Buenos Aires— ya están explorando. La lógica es la de atraer grandes inversiones pero manteniendo el control local sobre los recursos y las condiciones en que esa actividad se desarrolla. Una posición soberanista que, en el debate actual sobre federalismo y recursos naturales, tiene implicancias que van mucho más allá de La Rioja.
«Donde no hay licencia social, hablar de minería es un sinsentido»
La definición más resonante de la entrevista llegó cuando Herrera abordó la actividad minera, uno de los temas más sensibles y más divisivos de la agenda política riojana. El secretario de la Gobernación fue tajante y no dejó espacio para interpretaciones ambiguas: el gobierno de Quintela no impondrá proyectos mineros en comunidades que resistan la actividad.
Mencionó explícitamente los casos de Famatina y Chilecito, dos localidades con una historia de resistencia a la megaminería que forma parte de la identidad colectiva de esas comunidades. En esos pueblos, dijo Herrera, el gobierno respeta la idiosincrasia y la autodeterminación de sus habitantes. «Hablar de minería donde no hay licencia social es un sinsentido», afirmó, en una definición que simultáneamente responde a las críticas de los movimientos ambientalistas y traza un límite claro frente a las presiones de los sectores que impulsan la actividad sin consulta previa.
Al mismo tiempo, el funcionario no cerró la puerta al desarrollo minero donde las condiciones sociales y ambientales lo permitan. Abogó por un debate serio, con rigor científico y alejado de la contaminación política partidaria, que permita avanzar hacia una minería sustentable capaz de generar el despegue económico que la provincia necesita. Una posición de equilibrio que intenta desactivar la polarización extrema entre quienes rechazan cualquier actividad minera y quienes la impulsan sin condiciones.
El diálogo con Santilli: pragmatismo por encima de las diferencias ideológicas
En el cierre de la entrevista, Herrera celebró la apertura de un canal de diálogo institucional con el ministro del Interior nacional, Diego Santilli. La definición fue políticamente significativa porque vino acompañada de una aclaración que dice mucho sobre la postura del gobierno riojano: las profundas diferencias ideológicas con el gobierno de Milei no deben impedir la construcción de canales de comunicación institucional cuando lo que está en juego es el bienestar de los 400.000 riojanos.
Es el pragmatismo del gobernador de interior frente a la lógica de la confrontación permanente. Quintela puede ser uno de los críticos más duros del modelo libertario en el escenario político nacional y al mismo tiempo mantener interlocución con los funcionarios nacionales que administran los recursos que La Rioja necesita. No es contradicción: es gestión.
El conjunto de las definiciones de Herrera dibuja el perfil de un gobierno provincial que navega aguas complejas con deliberación: negocia fondos sin ceder posiciones políticas, diseña un camino propio en materia de inversiones sin copiar el modelo nacional, defiende la licencia social como condición no negociable para la minería y construye diálogo institucional sin resignar identidad ideológica. Desde La Rioja, una hoja de ruta que otras provincias del interior miran con atención creciente.
