La Asociación que nuclea a jueces, fiscales y defensores convocó a Asamblea Ordinaria para renovar la Comisión Directiva, aprobar los estados contables de 2025 y proclamar a las nuevas autoridades. El cónclave se realizará en la sede de la entidad, en barrio Vargas, y llega en un momento de fuerte tensión institucional dentro de la Justicia provincial.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Rioja convocó a sus afiliados de la Función Judicial, del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal a la Asamblea Ordinaria que se llevará adelante el próximo jueves 24 de abril a las 18, en la sede de la institución ubicada en avenida Los Caudillos, entre pasaje Albert Einstein y Samuel Luna, del barrio Vargas de la capital provincial.
La convocatoria, firmada por el presidente a cargo, Rodolfo Ortiz Juárez, y por la secretaria a cargo, contadora Carolina López, fija un orden del día clásico pero políticamente sensible: lectura del acta anterior; tratamiento y aprobación de los estados contables del ejercicio 2025 junto con el informe de la Comisión Revisora de Cuentas; elección de autoridades de la Comisión Directiva; proclamación y asunción de las autoridades electas; y designación de dos asociados para refrendar el acta.
La asamblea sesionará con el quórum legal a las 18 o, en su defecto, media hora más tarde con el número de socios presentes, según el mecanismo estatutario habitual previsto en este tipo de entidades de afiliación voluntaria.
Una elección con peso institucional
Más allá del trámite formal, la renovación de autoridades de la Asociación reviste un peso institucional específico en el actual escenario riojano. La entidad es la voz colectiva de los integrantes del Poder Judicial provincial frente al Ejecutivo y la Legislatura, y suele intervenir públicamente en los debates por las condiciones de trabajo, los salarios, las designaciones y las reformas estructurales del sistema de Justicia.
Su nueva conducción asumirá en un contexto en el que el quintelismo viene impulsando modificaciones en el funcionamiento del Poder Judicial y en el que, paralelamente, persisten reclamos del sector por la actualización de los haberes —regida por una escala propia que el Tribunal Superior de Justicia debe fijar respetando las pautas marcadas por el Ejecutivo en el Decreto 129/26, ratificado por la Ley N° 10.861—.
El telón de fondo: salarios y autonomía
La asamblea del 24 de abril se da, además, en el marco de una discusión más amplia sobre la autonomía presupuestaria del Poder Judicial y sobre el peso relativo de los haberes de magistrados y funcionarios dentro del nomenclador del Estado provincial. La invitación cursada por el Ejecutivo a las funciones Legislativa y Judicial a determinar sus propias escalas salariales, «respetando las pautas» del decreto de febrero, abrió un capítulo de negociación interna que la nueva Comisión Directiva deberá administrar desde su asunción.
A ese frente se suma la implementación de la Ley 10.119 de Acceso a la Información Pública, recientemente reglamentada por el Decreto 319/26, que obliga al Poder Judicial a designar su propio Responsable de Acceso a la Información en un plazo de 30 días hábiles. La forma en que el cuerpo de jueces y funcionarios procese esa exigencia —y la posición que adopte la Asociación al respecto— será otro de los temas que atravesarán la nueva etapa de la entidad.
El cumplimiento de los recaudos formales
La convocatoria dispuso, conforme a la normativa vigente para este tipo de entidades, su publicación por un día en el Boletín Oficial y en los diarios El Independiente y Nueva Rioja, los dos matutinos tradicionales de circulación provincial. La medida garantiza la difusión institucional del llamado y habilita el cumplimiento de los plazos estatutarios para la realización del acto eleccionario.
Con la elección de la nueva Comisión Directiva, la Asociación de Magistrados y Funcionarios encarará un período en el que deberá articular la representación gremial y profesional de sus afiliados en uno de los momentos más complejos de la institucionalidad riojana, atravesado por la crisis fiscal provincial, la confrontación con la Casa Rosada y el debate sobre el rol y los recursos de cada uno de los poderes del Estado.
