El bloqueo judicial al camino de Guandacol obligó a San Juan a activar un plan alternativo y puso a prueba la infraestructura del proyecto Vicuña

El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, confirmó que el departamento cuenta con un corredor interno que une Rodeo con el campamento Batidero y que podría operar como vía de emergencia ante la cautelar dictada por la jueza riojana María Greta Decker. En paralelo, la minera desplazó a la UTE que construía dos tramos clave del Corredor Norte, en un contexto en el que la logística del mayor proyecto cuprífero del país quedó atravesada por la disputa interprovincial entre La Rioja y San Juan.

La decisión de la Cámara de Chilecito de suspender por 30 días el tránsito sobre el camino de Guandacol —la traza riojana de 140 kilómetros que utilizaba la minera Vicuña para acceder al yacimiento desde territorio vecino— generó un impacto inmediato en San Juan. El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, describió el fallo como «una verdadera sorpresa» y planteó que la medida «complica mucho la operación de la mina» y, a la vez, «pone en riesgo la seguridad de las personas que trabajan allí», al afectar uno de los accesos principales en alta cordillera.

La advertencia del jefe comunal introduce una dimensión que hasta ahora había quedado subordinada al debate ambiental y jurisdiccional: la seguridad operativa en un entorno de montaña donde la disponibilidad de accesos alternativos no es un problema menor. En la cordillera sanjuanina, la pérdida abrupta de una vía principal —incluso por un plazo acotado— obliga a redefinir protocolos de evacuación, logística de insumos y rotación de personal.

El corredor Rodeo–Batidero, la carta de emergencia

Espejo confirmó que el departamento tiene disponible un camino alternativo para garantizar la logística hacia Vicuña. Se trata de una vía que ya fue utilizada en otras oportunidades y que podría activarse ante urgencias. El trazado parte desde Rodeo por la Ruta Provincial 430, atraviesa las localidades de Angualasto, Malimán y El Chinguillo, continúa por el margen del río Blanco y finalmente empalma con el camino que llega desde La Rioja, desembocando directamente en el campamento Batidero del proyecto.

«Ese camino lo hemos usado en varias oportunidades y, en caso de urgencia, puede servir», sostuvo el intendente. La formulación es cauta —habla de un recurso de emergencia, no de una sustitución estructural— pero confirma que San Juan tiene margen para evitar la paralización total de la logística mientras se dirime el conflicto judicial con la provincia vecina.

El dato es políticamente relevante. Una eventual activación del corredor interno iglesiano permitiría a la operadora sostener la actividad en el campamento sin depender de la traza riojana, al menos durante el plazo de 30 días establecido por la cautelar. Y, en un plano más estratégico, refuerza la posición negociadora de San Juan en una disputa en la que La Rioja intentó, precisamente, hacer valer su poder de veto sobre una infraestructura que atraviesa su territorio.

El Corredor Norte, en plena redefinición

El conflicto por los accesos se superpone con otra novedad que el mercado minero viene siguiendo de cerca. La compañía resolvió apartar a la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Terusi Construcciones S.A. y Semisa Infraestructura S.A. de la obra de dos tramos clave del Corredor Norte, la vía que apunta a consolidarse como el principal acceso al yacimiento desde territorio íntegramente sanjuanino.

La UTE tenía a su cargo los tramos E y F, unos 50 kilómetros de traza entre La Majadita, La Brea y el campamento Batidero, considerados los sectores más complejos por su ubicación en alta montaña. Si bien trascendieron versiones sobre incumplimientos en los plazos de ejecución, la empresa evitó confirmar ese diagnóstico y encuadró la decisión en una revisión integral del plan de obra.

Desde Vicuña precisaron que los trabajos ya estaban previstos para interrumpirse hacia fines de abril por el inicio del Operativo Invierno, cuando las condiciones climáticas de la cordillera obligan a restringir las tareas de construcción. En ese marco, la operadora señaló que se está redefiniendo la estrategia para la próxima etapa y que las obras se retomarán tras el invierno, con nuevos contratistas a cargo de los tramos liberados.

La convergencia de dos frentes

El cuadro configura una convergencia particularmente compleja para el principal proyecto cuprífero del país. Por un lado, la vía logística actual —que atravesaba territorio riojano— está judicialmente suspendida por un plazo de 30 días y con la exigencia de estudios de impacto ambiental que la operadora deberá presentar ante las autoridades de La Rioja. Por el otro, la vía logística futura —el Corredor Norte, enteramente sanjuanino— entra en un receso invernal con un contratista desplazado y una redefinición de la estrategia constructiva en dos de sus tramos más sensibles.

En el medio, queda como puente operativo el corredor Rodeo–Batidero que describió Espejo, una alternativa factible pero de capacidad limitada, pensada históricamente como recurso de contingencia y no como vía troncal para sostener la preconstrucción de un emprendimiento de 7.000 millones de dólares.

Las implicancias para la disputa interprovincial

La activación eventual del corredor interno sanjuanino modifica, aunque sea en forma marginal, la ecuación política de la disputa entre La Rioja y San Juan. El Gobierno de Ricardo Quintela apostó, mediante la medida autosatisfactiva impulsada por su fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, y promovida por el secretario de Ambiente, Santiago Azulay, a que el corte del camino de Guandacol produjera una presión operativa suficiente como para forzar a la compañía a sentarse a negociar contrataciones locales y a presentar los estudios ambientales reclamados por la provincia. Si la operadora logra sostener la actividad mediante la vía alternativa sanjuanina, esa presión se atenúa y el conflicto se traslada íntegramente al plano judicial.

Para San Juan, en cambio, el episodio expone una vulnerabilidad estructural que la administración provincial buscará neutralizar con rapidez: la dependencia de infraestructura vial ajena para operar un emprendimiento estratégico asentado en su propio territorio. El avance del Corredor Norte —una vez superado el receso invernal y con los nuevos contratistas en funciones— apunta precisamente a cerrar ese flanco.

Un proyecto que no admite pausas prolongadas

En el plano industrial, el episodio subraya la importancia del factor logístico en la planificación minera. El Distrito Vicuña —que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con inversiones previstas por más de 7.000 millones de dólares y planes de construcción para 2027— es un activo multigeneracional que se ubica entre los mayores hallazgos de cobre y oro de los últimos 30 años a nivel mundial. En esa escala, una interrupción prolongada en la preconstrucción o en el acceso al campamento tiene consecuencias que exceden el plano operativo y alcanzan al cronograma de decisiones de inversión del joint venture integrado por BHP y Lundin Mining.

Por eso el anuncio de Espejo respecto del corredor Rodeo–Batidero cumple, en los hechos, una doble función: técnica —dar respuesta a una urgencia logística— y política —enviar una señal de previsibilidad a la compañía y al mercado internacional en un momento en el que la Argentina necesita consolidar su imagen como destino confiable para la inversión minera, particularmente bajo el esquema del RIGI impulsado por la administración de Javier Milei.

Treinta días decisivos

El plazo de 30 días fijado por la jueza María Greta Decker se perfila, entonces, como una ventana decisiva. En ese período, la operadora deberá presentar los estudios de impacto ambiental ante la autoridad riojana, San Juan calibrará en qué medida activa su corredor interno para sostener las operaciones, y el Gobierno de La Rioja evaluará hasta dónde llevar una disputa que combina argumentos ambientales, demandas de empleo local y un componente político federal cada vez más visible. Al término de ese plazo, las partes tendrán que definir si el conflicto escala a instancias judiciales superiores —con eventual intervención de la Corte Suprema— o si encuentra una salida negociada que permita reordenar los accesos a uno de los proyectos cuprífero más relevantes de la región andina.