La Legislatura ratificó por ley el Decreto 129/26 de Quintela. El básico más bajo del Estado provincial corresponde a un agente de Vialidad; el más alto, al Fiscal de Estado. La norma fija además un plus de $50.000 para Salud, eleva al 140% el adicional de los intendentes y deja afuera a los docentes.
La Cámara de Diputados sancionó la Ley N° 10.861, que ratificó el Decreto F.E.P. N° 129/26 firmado en febrero por el gobernador Ricardo Quintela, y dejó así blindada por vía legislativa la nueva estructura de haberes de la administración pública provincial. Una lectura detallada de los diecisiete anexos que acompañan la norma expone una brecha salarial dentro del propio Estado riojano que se acerca a los diez a uno entre el escalón más bajo y el más alto del nomenclador.
El piso: $145.307 en Vialidad
El sueldo básico más bajo de toda la administración provincial se encuentra en la Administración Provincial de Vialidad: la categoría V001, «Clase 1», quedó fijada en $145.307,26 mensuales. Apenas por encima aparecen el personal de la Dirección General de Aeronáutica —operarios de taller, apoyo y personal técnico administrativo, en torno a los $147.809— y los grupos administrativos de menor categoría del Concejo Deliberante de la Capital, con básicos de $148.566,65.
En el escalafón general, el más numeroso del Estado riojano y el que ordena la mayor parte de la planta civil, la Categoría 6 parte de $179.300,17 y la máxima, Categoría 24, llega a $208.501,99. Es el universo donde se concentra el grueso del empleo público y donde, según la propia provincia admite en los considerandos del decreto, la recomposición buscó beneficiar «particularmente a las categorías más bajas». Aun así, los básicos quedan muy por debajo de la línea de pobreza que mide el Indec para una familia tipo.
El techo: $1.456.894 para el Fiscal de Estado
En el otro extremo del nomenclador, el básico más alto corresponde al Fiscal de Estado, con $1.456.894,72, seguido por los integrantes del Tribunal de Cuentas ($1.013.906,03) y por el Fiscal Adjunto y el Asesor General Adjunto, ambos con $970.195,16.
Recién en cuarto lugar aparece el gobernador, con un básico de $894.268,70. Detrás se ubican los ministros ($817.251,56), los coordinadores de área de Fiscalía y Asesoría ($776.156,12), el jefe de Policía ($769.448,96), los funcionarios letrados del cuerpo de abogados del Estado ($727.646,37) y los secretarios de Estado ($710.690,49). La Secretaría General de la Gobernación, los subsecretarios y los directores generales se mueven en una franja entre los $492.000 y los $603.000.
La fotografía deja un dato político: el primer mandatario provincial percibe, en términos de básico, un 39% menos que el funcionario que ejerce la representación legal del Estado riojano y un 12% menos que los integrantes del organismo encargado del control externo de la hacienda pública.
El plus de $50.000 para Salud y el Tribunal de Cuentas
Entre las definiciones más sensibles del decreto, ahora con rango de ley, figura el adicional remunerativo no bonificable de $50.000 que se otorga, desde el 1° de febrero, a la totalidad de los agentes del Ministerio de Salud Pública y del Tribunal de Cuentas. La medida se extiende, además, a los funcionarios designados de la Fiscalía de Estado y de la Asesoría General de Gobierno: Fiscal Adjunto, Asesor General Adjunto, coordinadores de área y funcionarios letrados.
El refuerzo apunta a dos universos críticos para el gobierno: el sistema sanitario, atravesado por reclamos gremiales y por faltantes de insumos y de personal, y los órganos de control y representación jurídica del Estado, llamados a actuar en un escenario de litigios crecientes —entre ellos, los iniciados por bonistas en tribunales de los Estados Unidos por el default de la deuda provincial—.
Intendentes: el adicional se calcula sobre el 140% del básico
Otra novedad central del decreto es la modificación del esquema de cálculo del adicional remunerativo no bonificable creado por el DNU 272/24 (ratificado por la Ley 10.723) para los intendentes. La norma dispone que ese plus se liquide sobre el equivalente al 140% del haber básico del estamento, lo que en los hechos implica un robustecimiento del ingreso de los jefes comunales en pleno ciclo preelectoral.
En el escalafón municipal, los intendentes y vice-intendentes tienen un básico de $500.770,46, los concejales de $408.835,50 y los secretarios municipales de $396.822,21. Las disposiciones del decreto se hacen extensivas a los agentes municipales en los términos de la Ley 9.782, que regula el régimen de coparticipación entre la provincia y sus municipios departamentales.
Seguridad y Salud: dos escalas en tensión
El decreto también reordena las escalas de las fuerzas y del sistema sanitario, dos áreas particularmente sensibles para la gestión Quintela. En la Policía de la Provincia, el básico de un agente se ubica en $396.632,25 y el del jefe de Policía, en $769.448,96. El Servicio Penitenciario replica esa estructura escalonada.
En el Ministerio de Salud, los profesionales de la categoría más baja parten de $405.653,64 y llegan, en la máxima categoría asistencial, a $505.872,99 de básico, a los que se suma el plus general de $50.000. El personal de servicios generales del sistema sanitario, en cambio, percibe básicos de entre $326.909 y $355.544.
Los docentes, expresamente excluidos
Uno de los puntos que el oficialismo evitó destacar en la presentación de la norma es la exclusión expresa del personal docente de toda la provincia. La recomposición salarial del sector se canaliza por una negociación paritaria propia, hoy tensionada por el conflicto universitario, los reclamos del nivel medio y la pérdida de poder adquisitivo acumulada frente a la inflación.
La omisión adquiere relevancia política en una provincia donde el sistema educativo concentra una porción significativa del empleo público y donde los gremios docentes vienen marcando distancia respecto del esquema general de aumentos.
Una recomposición «al máximo esfuerzo posible»
En sus considerandos, el decreto define la nueva escala como «el máximo esfuerzo que se le puede exigir al Tesoro General de la Provincia», en un contexto que el propio gobierno atribuye al «ahogo financiero impuesto por la Nación» y a «la feroz caída del consumo» derivada de las políticas económicas de la administración de Javier Milei. El texto adelanta, además, que se trata de un proceso «progresivo» que será revisado a lo largo del año en función de la evolución de las variables económicas.
La fórmula no es menor: La Rioja —que se autofinancia en torno al 11,6% de sus ingresos y depende de las transferencias automáticas para sostener masa salarial y servicios— atraviesa el cuadro fiscal más delicado de las últimas dos décadas, agravado por el default de su deuda en dólares y por la disputa abierta con la Casa Rosada en torno a adelantos de coparticipación.
La invitación a las funciones Legislativa y Judicial a determinar sus propias escalas «respetando las pautas» del Ejecutivo, y la habilitación al Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas para dictar las normas complementarias e interpretativas, completan el esquema que ahora cuenta con respaldo legal y que volvió a poner sobre la mesa, una vez más, la tensión entre la magnitud del aparato estatal riojano y la fragilidad estructural de las cuentas que deben sostenerlo.
