El ministro de Producción, Trabajo e Innovación sanjuanino, Gustavo Fernández, cuestionó la decisión judicial riojana que afecta el tránsito hacia el yacimiento de Lundin Mining y BHP, sostuvo que carece de sustento legal y vinculó el conflicto con sectores del peronismo local cercanos a Cristina Kirchner; también apuntó al senador Sergio Uñac y reclamó a la empresa que acelere las obras del camino alternativo por territorio sanjuanino.
LA RIOJA.– El conflicto entre las provincias de La Rioja y San Juan por el acceso al yacimiento minero de Vicuña escaló esta semana al plano político con declaraciones de inusual dureza por parte del Gobierno sanjuanino. En una entrevista con 0264Radio, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de la administración de Marcelo Orrego, Gustavo Fernández, calificó como una «provocación» la decisión del gobierno de Ricardo Quintela de paralizar actividades vinculadas al proyecto y vinculó la medida con una supuesta estrategia política impulsada por sectores del kirchnerismo sanjuanino. Las declaraciones tensan aún más una disputa que combina intereses estratégicos por uno de los desarrollos cupríferos más relevantes del país, sensibilidades ambientales y comunitarias en la cordillera riojana, y un trasfondo electoral que excede a ambas provincias.
El núcleo del conflicto: el tránsito hacia Vicuña
El proyecto Vicuña, que surgió a partir de la asociación entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, se ubica en la cordillera y requiere logística compleja para el ingreso de equipos, insumos y personal. Tradicionalmente, parte de ese tránsito se realizaba a través de territorio riojano, en una zona próxima al departamento de General Lamadrid, donde existen comunidades movilizadas contra la actividad minera y antecedentes de fuerte resistencia social, en línea con la histórica oposición del pueblo de Famatina a este tipo de emprendimientos. La paralización dispuesta por la justicia riojana —cuestionada por el funcionario sanjuanino— alteró ese esquema y obligó a la empresa a redirigir su operatoria por caminos sanjuaninos, con mayores dificultades logísticas.
En sus declaraciones, Fernández cuestionó con dureza el alcance jurídico de la medida riojana. «Hoy no estamos viendo claro qué podría hacer la provincia de San Juan desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista político creo que es una provocación lo que está haciendo el gobierno de La Rioja», sostuvo. El funcionario remarcó, sin embargo, que la operación de la empresa continúa activa: «Hoy están accediendo a través del camino que existe por la provincia de San Juan», precisó.
La acusación al peronismo sanjuanino y al senador Uñac
El núcleo más sensible de las declaraciones fue político. Fernández vinculó el conflicto con una supuesta estrategia de sectores del peronismo de su propia provincia, a los que acusó de obstaculizar el avance del sector minero. «Hay sectores del peronismo local que vienen haciendo un trabajo de poner palos en la rueda para el avance de la actividad minera», afirmó. El funcionario fue más allá y mencionó directamente al senador nacional Sergio Uñac, exgobernador de San Juan, al señalar a «algún dirigente local del peronismo que ha mostrado extrema cercanía con Cristina Fernández de Kirchner». «Uñac, claramente», sentenció.
La línea argumental del ministro sanjuanino traslada el eje del conflicto desde el plano interprovincial —el clásico choque de jurisdicciones por el uso de un corredor logístico— hacia una disputa nacional dentro del peronismo. La hipótesis del Gobierno de Orrego es que el accionar de La Rioja no responde solamente a una lógica institucional propia, sino que estaría en sintonía con un sector del peronismo sanjuanino interesado en frenar la expansión minera en la región. Esa lectura coloca a Quintela —que ha consolidado su perfil de opositor a la administración de Javier Milei y articulador del peronismo no kirchnerista— en una posición incómoda, al asociarlo con un planteo que excede largamente la jurisdicción riojana.
El reclamo a la empresa y el camino alternativo
Fernández no reservó sus críticas únicamente para La Rioja. También cuestionó a la empresa a cargo del proyecto por las demoras en obras clave de infraestructura que reducirían la dependencia del corredor riojano. «Las empresas tienen que ponerse los pantalones largos», expresó, y advirtió que «las demoras de la empresa en avanzar rápidamente con el camino por San Juan también los exponen a estas situaciones que a mi criterio son cuasi extorsivas».
El ministro reclamó así una aceleración en la construcción de un camino enteramente sanjuanino que permita garantizar el acceso al yacimiento sin atravesar territorio riojano. La definición es relevante: una vez completada esa traza, el conflicto perdería buena parte de su materialidad y la decisión de La Rioja se tornaría, en términos prácticos, irrelevante para la operación. El emplazamiento del proyecto en la zona de influencia del RIGI —el régimen de incentivos para grandes inversiones impulsado por el Gobierno nacional— agrega presión adicional para cumplir con cronogramas y volumen de inversión comprometidos.
Ley de proveedores, sequía y glaciares: la agenda completa
En la misma entrevista, Fernández confirmó que el proyecto denominado «Ley de proveedores mineros» se encuentra en su tramo final y podría ingresar a la Legislatura sanjuanina entre fines de abril y principios de mayo. El esquema, explicó, no se limita a regular el origen de los proveedores, sino que articula tres ejes: proveedores, empleo local y desarrollo comunitario. La iniciativa establece como objetivos —y no como cupos— el 80% de contratación local y el 60% de proveedores locales, medidos sobre facturación, con un esquema progresivo basado en planes individuales de cada empresa y un régimen sancionatorio que va desde apercibimientos hasta multas económicas.
El ministro abordó también la crítica situación hídrica que atraviesa San Juan. Detalló que el caudal previsto del río San Juan será muy inferior al inicialmente estimado, en torno a los 630 hectómetros cúbicos, más de 300 menos que lo previsto. Tras la negociación con los regantes, se acordó un volumen de 670 hectómetros cúbicos destinados íntegramente al sector agrícola. «Este año no vamos a tener acumulación y es muy probable que estemos comprometidos con las cotas de seguridad», advirtió.
Sobre la aplicación de la Ley de Glaciares —un tema de máxima sensibilidad en La Rioja, donde existe un debate abierto sobre la protección del glaciar de Famatina—, Fernández indicó que San Juan continuará con su esquema de estudios, ahora articulado con Nación, y destacó que la provincia tiene más de 5.000 formas inventariadas, «incluso más que el inventario nacional». En relación con los glaciares de escombro, sostuvo que el estudio en la zona de Pachón determinó que «no tiene aporte relevante a la cuenca».
Una disputa que excede a ambas provincias
El cruce por Vicuña expone, una vez más, las tensiones que atraviesan el debate minero argentino: el choque entre las jurisdicciones provinciales que comparten cordillera, las demandas comunitarias en zonas de alta sensibilidad ambiental, las exigencias de previsibilidad reclamadas por las empresas y el solapamiento con la disputa política nacional. Para La Rioja, la decisión judicial que motivó la reacción sanjuanina se inscribe en una larga tradición de cautela frente a los grandes emprendimientos cordilleranos, sostenida por las movilizaciones de Famatina y por las comunidades de General Lamadrid. Para San Juan, en cambio, el avance del proyecto representa una de las apuestas centrales del modelo productivo que impulsa la gestión Orrego.
En el medio, las declaraciones de Fernández abren un nuevo capítulo: el de la judicialización del conflicto político entre ambas provincias y la incorporación de la grieta nacional —kirchnerismo versus no kirchnerismo, peronismo federal versus cristinismo— como variable explicativa de un litigio que, en principio, parecía estrictamente jurisdiccional.
Cruce entre provincias por Vicuña: San Juan acusa a La Rioja de «provocación» y apunta contra el kirchnerismo sanjuanino
