Marcelo Orrego sostuvo que «no existe un futuro mejor sin minería» y respaldó la reforma a la Ley de Glaciares. Sobre el freno dispuesto por la Justicia de La Rioja al uso del camino que conecta con el emprendimiento de Lundin Mining y BHP, se despegó: «San Juan no tiene nada que ver, es un informe de impacto ambiental que le piden a la empresa en La Rioja».
El conflicto jurisdiccional y ambiental que atraviesa al proyecto Vicuña —el megaemprendimiento de cobre y oro que desarrollan en la cordillera la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP— sumó una pieza política clave con la toma de posición del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. En declaraciones formuladas en el marco del operativo «Más Cerca», el mandatario cuyano se refirió expresamente al bloqueo dispuesto por la Justicia de La Rioja al uso del camino minero que atraviesa el límite interprovincial, y dejó en claro que su provincia no se hará cargo del pasivo legal del proyecto.
«Es un informe de impacto ambiental que le pide la justicia de La Rioja a la empresa en relación al camino; San Juan no tiene nada que ver en ese sentido», planteó Orrego, separando la jurisdicción sanjuanina del litigio que se sustancia en tribunales riojanos. La frase, de calibrada economía política, traza una línea divisoria con la provincia vecina en uno de los puntos más sensibles de la relación bilateral: la logística del proyecto minero de mayor escala en desarrollo en la región cordillerana.
Una frontera que es ambiental, jurídica y política
El yacimiento Vicuña se ubica en un área de límite interprovincial entre San Juan y La Rioja, y su explotación requiere el uso de caminos, infraestructura y servicios que atraviesan ambas jurisdicciones. La Justicia de La Rioja dispuso recientemente un bloqueo vinculado al uso de uno de esos caminos, a la espera de que la operadora presente el informe de impacto ambiental correspondiente al tramo que se desarrolla en territorio riojano.
La medida se inscribe en una tradición de fuerte activismo ambiental y judicial que atraviesa a la provincia, encarnada particularmente en la histórica resistencia de Famatina a los proyectos megamineros y, más recientemente, en la movilización de la comunidad de General Lamadrid —en el oeste riojano, limítrofe con San Juan— contra el avance del proyecto Vicuña. Las asambleas locales, con respaldo de organizaciones ambientalistas provinciales y nacionales, han denunciado falta de consulta previa, impactos sobre el recurso hídrico y ausencia de estudios de línea de base consolidados.
La reacción del gobierno riojano frente al proyecto ha sido ambigua y oscilante. Por un lado, la provincia no ha adherido plenamente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por la administración de Javier Milei —instrumento central para la viabilidad económica del proyecto Vicuña—, lo que le valió críticas desde el sector minero. Por el otro, el gobernador Ricardo Quintela ha reivindicado la potencialidad minera de la provincia en distintos actos, aunque sin un alineamiento pleno con la agenda sanjuanina.
«No existe un futuro mejor sin minería»
Orrego aprovechó la intervención pública para plantear una defensa integral de la actividad minera, en línea con el perfil que viene construyendo San Juan como provincia-modelo del desarrollo minero argentino. «No existe un futuro mejor sin minería; ambiente y desarrollo van de la mano», afirmó.
El gobernador sanjuanino argumentó que la contraposición entre actividad extractiva y protección ambiental es una «falsa dicotomía»: «Hoy hablar de minería es hablar de ambiente porque el mundo necesita la transición energética». En esa línea, destacó el rol estratégico del cobre y del litio como insumos indispensables para la electrificación global y para el reemplazo de los combustibles fósiles.
La argumentación coloca al proyecto Vicuña en el corazón de un debate que excede ampliamente los límites cordilleranos. Se trata, en rigor, del mismo marco conceptual con el que la Casa Rosada —a través del secretario de Minería Luis Lucero— viene promocionando en foros internacionales al cobre argentino como una apuesta estratégica para la próxima década.
La Ley de Glaciares, en la mira
En la misma intervención, Orrego respaldó las modificaciones a la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo nacional, argumentando que «después de 15 años se busca dar claridad al objeto de protección sin obstaculizar el desarrollo». La postura es sensible para La Rioja, provincia que tiene en el glaciar del Famatina uno de los símbolos emblemáticos de la defensa ambiental local y en el Inventario Nacional de Glaciares un instrumento jurídico clave para frenar proyectos extractivos en altura.
La eventual reforma de la Ley de Glaciares —Ley 26.639— reabriría una discusión que en La Rioja tiene carga histórica: distintas organizaciones ambientalistas, intendentes, concejales y legisladores provinciales se han pronunciado en contra de cualquier modificación que flexibilice la protección de los cuerpos de hielo y del ambiente periglaciar, por considerarlos reservorios estratégicos de agua en una provincia estructuralmente seca.
La sintonía fina con la Casa Rosada
El gobernador sanjuanino dejó entrever, además, el grado de articulación política que sostiene con el Gobierno nacional. Orrego reveló que mantiene un diálogo «cotidiano y diario» con el ministro del Interior de la Nación y confirmó la visita de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a San Juan en la primera quincena de mayo, para implementar un programa piloto en diversos municipios sanjuaninos.
El contraste con la posición riojana es elocuente. Mientras San Juan construye una relación fluida con la administración de Milei y recibe visitas ministeriales, La Rioja permanece atravesada por la confrontación abierta entre el gobernador Quintela y la Casa Rosada, con la pulseada por los adelantos de coparticipación —negociada entre el secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem— como telón de fondo.
Esa asimetría política tiene, potencialmente, consecuencias concretas para el desarrollo minero del cordón cordillerano: las provincias alineadas con el Gobierno nacional acceden con mayor facilidad a autorizaciones, encuadres bajo el RIGI y a financiamiento para infraestructura complementaria, mientras que las enfrentadas con la Nación transitan un escenario mucho más adverso.
Solidez fiscal y financiamiento internacional
Orrego destacó, como otro dato de la coyuntura sanjuanina, la solidez fiscal de su provincia, que le permitiría acceder a financiamiento externo a través de organismos multilaterales de crédito. El mensaje, dirigido al mercado y a los organismos internacionales, contrasta en forma directa con la situación riojana: La Rioja se encuentra en default de su deuda en dólares, enfrenta litigios en tribunales de los Estados Unidos con bonistas que apuntan al Parque Eólico Arauco y al Banco Rioja como activos potencialmente embargables, y acaba de comunicar al mercado —a través del ministro Orlando Fabián Blanco Gómez— la finalización del montaje del Parque Solar Arauco I en plena negociación con sus acreedores.
En términos crediticios, se trata de dos provincias vecinas en situaciones antagónicas: una en condiciones de tomar deuda nueva con organismos multilaterales, otra en proceso de reestructurar pasivos impagos. La paradoja no es menor: ambas comparten frontera, geografía cordillerana y potencialidad minera, pero transitan escenarios económicos y políticos opuestos.
Ruta 40 Sur y una agenda de infraestructura
El gobernador sanjuanino incluyó en su intervención un reclamo por la Ruta Nacional 40 Sur, arteria estratégica que conecta buena parte del oeste argentino y atraviesa, en su recorrido, el territorio riojano. Orrego insistió en la necesidad de finalizar los tres tramos pendientes y mencionó gestiones ante Vialidad Nacional por el pago de certificados adeudados.
El reclamo toca un nervio compartido con La Rioja, provincia que también viene demandando obras viales estratégicas sobre la misma ruta y sobre los corredores de conexión cordillerana. En este punto, lejos de la disputa por Vicuña, ambas provincias enfrentan al mismo interlocutor —el Ejecutivo nacional— y comparten un reclamo estructural por la inversión vial.
«A la gente no le interesa si el gato es blanco o negro, sino que cace al ratón», sintetizó Orrego, justificando incluso la intervención directa de San Juan en rutas nacionales como la Avenida Circunvalación para resolver problemas urgentes, con licitaciones previstas para julio.
Un mensaje con destinatarios múltiples
El posicionamiento de Orrego, leído desde La Rioja, funciona en varios registros simultáneos. Hacia el interior de su provincia, consolida la identidad sanjuanina como polo minero y reafirma la política de alianza con la Casa Rosada. Hacia la provincia vecina, traza una línea clara de no injerencia en el litigio judicial que afecta al proyecto Vicuña en territorio riojano. Hacia la Casa Rosada, alimenta la narrativa oficial sobre la centralidad del cobre argentino y la necesidad de revisar la Ley de Glaciares. Y hacia los mercados internacionales, presenta a San Juan como una opción de financiamiento viable, en abierto contraste con la situación de su vecina.
Para La Rioja, el mensaje deja una señal incómoda: el socio geográfico natural del desarrollo minero cordillerano —San Juan— se diferencia del conflicto judicial que atraviesa al proyecto Vicuña en territorio riojano y, a la vez, exhibe las ventajas políticas y financieras que su provincia obtiene de su alineamiento con la Nación. Dos modelos de gestión, dos posiciones frente al Gobierno central, dos futuros posibles: todo eso se juega, silenciosamente, en el camino cordillerano que hoy está judicialmente bloqueado.
