El country manager de la empresa, José Luis Morea, calificó de «sorpresiva» la actitud del gobierno riojano, reveló que existe una licitación en marcha por una obra que generaría más de 50 puestos de trabajo y advirtió que la falta de actualización de la Declaración de Impacto Ambiental mantiene paralizadas inversiones millonarias en la provincia; el proyecto continúa operando exclusivamente por el corredor sanjuanino.
LA RIOJA.– El conflicto entre el proyecto minero Vicuña y la provincia de La Rioja sumó un capítulo decisivo con la aparición de un dato hasta ahora subterráneo: la existencia de una licitación en curso por una obra de circunvalación en la localidad de Guandacol valuada en alrededor de 10 millones de dólares, que generaría más de cincuenta puestos de trabajo locales y desviaría el tránsito minero pesado del casco urbano. La revelación, formulada por el country manager de la compañía, José Luis Morea, en diálogo con el programa La Picada de Canal 13 San Juan, reconfigura el escenario político de la disputa y obliga al gobierno de Ricardo Quintela a recalibrar su posición pública frente al emprendimiento que impulsan la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP.
Una contraoferta que cambia el tablero
Hasta esta semana, el reclamo oficial riojano contra Vicuña se apoyaba en dos ejes principales: la falta de estudios ambientales actualizados y la ausencia de beneficios concretos para la provincia, en una zona —el departamento de General Lamadrid y su entorno— marcada por las históricas resistencias comunitarias a la actividad minera y por la sensibilidad heredada del conflicto de Famatina. La aparición de una obra de infraestructura de magnitud, ya licitada y con destinatarios locales identificados, introduce un elemento que la empresa juega como su principal carta política: la posibilidad de mostrar derrame económico tangible en territorio riojano.
«Hubo diálogo con las autoridades de La Rioja para acelerar la aprobación de las actualizaciones de la DIA del camino que pasa por Guandacol. Además tenemos lanzada una licitación para construir una circunvalación que implica varios millones de dólares y más de 50 puestos de trabajo», afirmó Morea. La compañía precisó que siete empresas riojanas fueron convocadas desde enero para participar del proceso licitatorio, aunque la falta de respuestas sobre la aprobación ambiental impide avanzar con la adjudicación.
La obra apunta a uno de los focos más sensibles del conflicto: el paso del tránsito minero pesado por el casco urbano de Guandacol, que la comunidad denuncia como una afectación directa a su calidad de vida. La circunvalación, en términos prácticos, ofrecería una respuesta material a ese reclamo y permitiría a la empresa exhibir un compromiso con la mitigación del impacto vial y ambiental sobre la población local.
El nudo administrativo: la DIA pendiente
El obstáculo formal que mantiene paralizada la operatoria es la actualización de la Declaración de Impacto Ambiental para tareas de mantenimiento en territorio riojano. Morea fue explícito al respecto: «En La Rioja teníamos una DIA para tareas de mantenimiento que necesita actualización. Esa presentación aún no fue aprobada, y sin ese permiso no se puede operar allí». El directivo agregó que la empresa ya venía realizando tareas de mantenimiento con inversiones cercanas a los 2 millones de dólares anuales y empleo para más de veinte personas, magnitudes que se ampliarían sustantivamente con la ejecución de la circunvalación.
El cuello de botella administrativo se superpone con la suspensión de treinta días al tránsito minero dispuesta por la justicia riojana, decisión que motivó la fuerte reacción del Gobierno sanjuanino de Marcelo Orrego en la voz de su ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, quien la calificó como una «provocación» política. El cuadro combina así un trámite ambiental sin resolución, una medida judicial vigente y un control policial en Guandacol que efectivamente bloquea el acceso desde La Rioja.
El cuestionamiento al ritmo de las decisiones
El tono de la entrevista de Morea contuvo un mensaje político de fondo dirigido al conjunto del sistema institucional riojano. «Es sorpresivo ver que los actores de los diferentes poderes no quieren acelerar esto como queremos nosotros», planteó el country manager, en una expresión que excede la queja administrativa puntual e involucra al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial provinciales en una misma observación crítica. El directivo remarcó que la paralización genera incertidumbre tanto en los trabajadores como en los proveedores locales: «Hoy tiene en vilo a las comunidades riojanas y a los contratistas que no pueden ver avanzar estas obras», sostuvo.
La elección discursiva no es menor. Al referirse a «las comunidades riojanas y los contratistas» como damnificados, la empresa procura desplazar el eje del conflicto desde la oposición clásica entre minera y comunidad —donde Vicuña enfrentaría una pelea en condiciones política y socialmente desfavorables— hacia una narrativa en la que el principal perjudicado por la inacción del Estado provincial sería el propio entramado económico local.
El proyecto sigue por San Juan
En paralelo a la disputa con La Rioja, Morea ratificó que el yacimiento continúa operando con normalidad a través del corredor sanjuanino. «Hay un control policial en Guandacol que impide el paso por La Rioja, pero estamos usando el camino por San Juan. El proyecto sigue funcionando normalmente», explicó. El country manager remarcó además que la iniciativa cuenta con todas las declaraciones de impacto ambiental aprobadas en territorio sanjuanino y que se ajusta a la normativa vigente en esa jurisdicción.
La continuidad operativa por San Juan tiene una doble lectura. Por un lado, demuestra que la decisión riojana no logró detener el proyecto en términos productivos, sino que solamente alteró su matriz logística. Por el otro, refuerza la urgencia política del Gobierno de Orrego por acelerar la construcción del camino alternativo enteramente sanjuanino, que en el mediano plazo permitiría a la empresa prescindir por completo del corredor riojano. Si esa traza se completa, el margen de presión institucional de La Rioja sobre el proyecto se reduciría drásticamente.
El cálculo político riojano
Para el gobierno de Quintela, la aparición pública de la licitación abre un dilema de difícil resolución. La narrativa oficial sostenida hasta ahora —la denuncia por la ausencia de beneficios concretos para la provincia y la prioridad asignada al cuidado ambiental, en sintonía con la sensibilidad histórica del territorio frente al Famatina— se ve interpelada por una propuesta que combina inversión, empleo local y obra de mitigación urbana en una misma operación. Rechazarla en términos políticos requerirá argumentos más sofisticados que los esgrimidos hasta el presente; aceptarla, en cambio, implica revisar la postura crítica que el oficialismo provincial viene sosteniendo respecto del avance minero en la cordillera.
La discusión, además, no se agota en la frontera riojana. El proyecto Vicuña se ha convertido en uno de los casos testigo de la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno de Javier Milei, y su evolución es seguida con atención tanto por los inversores extranjeros como por las cámaras empresariales del sector, entre ellas CASEMI, que ya advirtió que el fallo riojano «perjudica a todos». El conflicto entre La Rioja y Vicuña, en ese sentido, dejó hace tiempo de ser una disputa estrictamente provincial para transformarse en un capítulo central del debate nacional sobre el modelo minero argentino y los márgenes de las autonomías provinciales para condicionarlo.
Vicuña expone su contraoferta a La Rioja: una circunvalación de US$10 millones en Guandacol y empleo local en juego
