La provincia mantiene paralizado desde diciembre el trámite ambiental del camino de acceso al principal proyecto cuprífero binacional de la Argentina, rechazó el recurso de reconsideración presentado por la compañía y enfrenta ahora un recurso jerárquico con ampliación de fundamentos. En paralelo, la ruptura unilateral del contrato de exploración sobre Las Pailas y el corte de ruta de Villa Castelli configuran un patrón de presión institucional que pone en jaque la seguridad jurídica del RIGI.
La decisión del Gobierno de Ricardo Quintela de mantener suspendido el trámite de actualización del Estudio de Impacto Ambiental (IIA) de la Ruta Provincial N° 506 —el corredor vial de 200 kilómetros que conecta Guandacol con el campamento Batidero, puerta de entrada argentina al proyecto cuprífero Vicuña— se ha convertido, al cierre del primer cuatrimestre de 2026, en el eje central de un conflicto institucional que excede los límites de una controversia ambiental puntual. El bloqueo, articulado a través de una secuencia de actos administrativos encadenados, configura junto con la ruptura unilateral del contrato de exploración sobre el área Las Pailas un cuadro que la empresa binacional —operada por Lundin Mining en sociedad con BHP— caracteriza formalmente como un patrón de presión institucional con implicancias directas sobre la seguridad jurídica del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Una cronología que dibuja el bloqueo
La historia administrativa del expediente es nítida y está documentada en actos oficiales de la Secretaría de Ambiente provincial. El vínculo institucional entre Vicuña y La Rioja sobre la Ruta 506 se remonta a octubre de 2022, cuando la provincia convirtió en camino público —bajo la numeración provincial 506— la traza que originalmente funcionaba como servidumbre minera otorgada a NGExs, antecesora corporativa de Vicuña Corp. En marzo de 2023, la autoridad ambiental riojana emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) original del corredor. Sobre esa base, en agosto de 2023 se firmó el contrato de mantenimiento entre la Administración Provincial de Vialidad (APV) —organismo dependiente del Ejecutivo riojano— y la compañía, que desde entonces asumió la responsabilidad operativa de preservar la transitabilidad del camino.
El 3 de abril de 2025, Vicuña presentó formalmente la primera actualización del IIA, un procedimiento regulatorio de rutina exigido por la normativa ambiental provincial para proyectos de esta envergadura. El trámite se desarrolló durante más de ocho meses sin objeciones sustantivas conocidas, hasta que el 10 de diciembre de 2025 la Secretaría de Ambiente resolvió suspender el trámite. Dos días después, el 12 de diciembre, la compañía interpuso recurso de reconsideración con recurso jerárquico en subsidio —una figura procesal estándar que busca agotar simultáneamente las instancias administrativas—. El 12 de febrero de 2026, la provincia rechazó la reconsideración, lo que activó automáticamente el recurso jerárquico planteado en subsidio. El 20 de febrero, Vicuña presentó una ampliación de fundamentos para reforzar esa instancia superior.
La cronología, leída en conjunto, revela una secuencia administrativa que no ha cedido ante ninguno de los argumentos técnicos ni jurídicos presentados por la compañía en las distintas etapas del procedimiento.
El corazón jurisdiccional del conflicto
El núcleo argumental de la disputa es una cuestión de competencia territorial de manual de derecho ambiental argentino. La provincia de La Rioja pretende condicionar la aprobación de la DIA del camino a la evaluación ambiental integral del Proyecto Vicuña, cuyo proceso de licenciamiento se tramita en la provincia de San Juan, jurisdicción donde se localizan físicamente los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. La posición de la compañía, en cambio, es taxativa: el proyecto minero se encuentra íntegramente en territorio sanjuanino, la autoridad ambiental competente es exclusivamente el Gobierno de San Juan, y los estudios técnicos y el monitoreo ambiental ejecutados a lo largo de los últimos años no registran impacto interjurisdiccional sobre La Rioja que justifique una competencia compartida.
La disputa, formulada en estos términos, trasciende el caso concreto. El principio de competencia territorial exclusiva de cada provincia sobre los recursos naturales ubicados en su propio suelo —consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional tras la reforma de 1994— constituye una piedra angular del federalismo argentino en materia de hidrocarburos, minería y recursos ambientales. Si La Rioja obtuviera éxito en su pretensión de vincular la DIA del camino a la evaluación ambiental del proyecto ubicado en San Juan, se estaría sentando un precedente institucional de alcance nacional: cualquier provincia por cuyo territorio pase el acceso físico a un proyecto ubicado en otra jurisdicción podría, en el futuro, reclamar competencia ambiental sobre el proyecto en sí. Las implicancias, proyectadas sobre el mapa de la minería, los hidrocarburos y las energías renovables argentinas, son considerables.
Las consecuencias operativas concretas
La suspensión de la DIA no es un problema meramente procesal. Tiene consecuencias operativas inmediatas sobre el funcionamiento del corredor vial. En primer lugar, impide formalmente el avance de las obras de mantenimiento previstas en el contrato vigente con la APV. En segundo lugar —y esto es particularmente relevante para el tejido productivo local—, pone en riesgo la continuidad del contrato vigente con el proveedor riojano a cargo de las tareas de mantenimiento, una empresa local que se encuentra en una situación de incertidumbre operativa desde diciembre. En tercer lugar, obstaculiza el avance de la construcción del bypass de Guandacol, cuya licitación con siete empresas riojanas acaba de ser lanzada y cuya materialización quedó sujeta por el propio Directorio de Vicuña —en enero de 2026— a dos condiciones explícitas: aprobación de la DIA y firma del acuerdo formal.
A la secuencia administrativa se sumó, el 25 de marzo, un elemento de tensión territorial adicional: el corte del camino de acceso registrado a primera hora en la localidad de Villa Castelli, municipio de General Lamadrid, en reclamo de puestos de trabajo por parte de miembros de la comunidad. La medida fue levantada por la noche, tras negociaciones con el intendente local —quien, según fuentes consultadas, se encuentra al tanto de la imposibilidad de avanzar con las obras en el camino sin la DIA—. El episodio ilustra cómo el bloqueo ambiental provincial se proyecta sobre la dinámica social del Departamento Felipe Varela, donde las expectativas de empleo local y proveeduría generadas por la presencia de Vicuña —que mantiene operaciones comunitarias permanentes en Guandacol desde hace cuatro años— se ven sistemáticamente frustradas por la falta de avance institucional.
El segundo frente: Las Pailas y la ruptura contractual de EMSE
La suspensión de la DIA del camino opera, en la lectura de la compañía, como una de las dos caras de una misma estrategia. La otra es la ruptura unilateral del contrato de exploración con opción a compra sobre el área Las Pailas, firmado en noviembre de 2021 entre Vicuña Corp. y la Empresa Minera del Estado (EMSE), sociedad titular del área en representación del Estado riojano. En diciembre de 2024, EMSE notificó a Vicuña la rescisión unilateral del contrato alegando falta de ejecución por parte de la compañía, y transfirió la titularidad del área a la firma OCM S.A., un actor privado local cuya aparición en el expediente fue interpretada en el sector minero como un movimiento institucionalmente inusual.
Vicuña rechazó formalmente la rescisión invocando tres argumentos técnicos de peso: la nulidad absoluta del acto, la violación del derecho de propiedad y el carácter confiscatorio de la medida. Los hechos sobre los que sustenta esos argumentos son concretos y registrados. El contrato había tenido principio de ejecución material, con entrega de tenencia, trámites registrales en curso y constitución de servidumbres mineras correspondientes. En paralelo, fue EMSE —no la compañía— la que incumplió obligaciones esenciales a su cargo: la obtención del poder de actuación, la tramitación legislativa pertinente y la gestión de los permisos ambientales necesarios para el avance del programa exploratorio comprometido.
Las acciones judiciales iniciadas por Vicuña en el fuero provincial no prosperaron en las instancias cautelares: las medidas precautorias solicitadas fueron rechazadas en las instancias provinciales, lo que deja a la compañía con la alternativa de escalar el conflicto al fuero federal, como reserva procesal frente a lo que interpreta como una denegación sistemática de tutela judicial efectiva a nivel provincial. El caso, según fuentes del sector minero consultadas, está siendo seguido con particular atención por estudios jurídicos especializados en derecho minero internacional, que evalúan la posibilidad de recurrir eventualmente a mecanismos de arbitraje bajo tratados bilaterales de inversión.
La posición jurídica consolidada de la compañía
El informe institucional interno que Vicuña ha distribuido entre sus interlocutores políticos y diplomáticos condensa, en una sola línea, la lectura corporativa del escenario: «La posición jurídica de Vicuña es sólida tanto en materia contractual como ambiental. El principal riesgo actual no es técnico ni ambiental, sino político-institucional y de seguridad jurídica.» El diagnóstico, formulado con la contención de un documento corporativo, es demoledor en su sustancia. Lo que la compañía está planteando es que el obstáculo para el avance de uno de los proyectos mineros más significativos de la Argentina no reside en ningún déficit técnico, ambiental o contractual de su propia gestión, sino en decisiones institucionales del Gobierno provincial que considera arbitrarias y contrarias al marco jurídico vigente.
La conclusión del informe interno avanza un paso más: caracteriza la rescisión unilateral del contrato de Las Pailas y la suspensión de la DIA del camino como componentes de «una escalada institucional y jurídica por parte de la Provincia de La Rioja» y como partes integrantes de «un patrón de presión institucional». La formulación no es retórica. Tiene consecuencias jurídicas concretas en el plano internacional: los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones suscriptos por la Argentina incluyen cláusulas específicas sobre medidas expropiatorias indirectas y tratamiento justo y equitativo, cuya interpretación por los tribunales arbitrales internacionales se ha consolidado, en las últimas dos décadas, sobre casos precisamente como los que aquí se describen.
La proyección federal del conflicto
La dimensión del conflicto trasciende largamente el ámbito provincial. El Proyecto Vicuña —que consolida los depósitos de Josemaría (Lundin Mining) y Filo del Sol (originalmente Filo Mining, hoy integrada tras la adquisición de BHP) en un desarrollo binacional que se extiende entre la Argentina y Chile— es considerado uno de los yacimientos de cobre más prometedores del hemisferio occidental. Su materialización está atada a los incentivos del RIGI, el régimen aprobado en 2024 por la administración de Javier Milei con el objetivo declarado de ofrecer estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por tres décadas a las grandes inversiones en sectores estratégicos.
La señal que el caso riojano envía a los inversores internacionales es, en consecuencia, de alcance sistémico. Si una provincia argentina puede, sin consecuencias institucionales, suspender indefinidamente el trámite ambiental de un camino público bajo su jurisdicción para presionar por la revisión de la evaluación ambiental de un proyecto ubicado en otra provincia, y simultáneamente rescindir unilateralmente un contrato de exploración vigente transfiriendo el área a un tercero, entonces los marcos de seguridad jurídica que el RIGI pretende consolidar enfrentan una erosión operativa desde el mismo nivel subnacional. Ese es el mensaje que la compañía está haciendo circular —con discreción, pero con convicción— entre los ministerios nacionales competentes, las embajadas de los países de origen de sus accionistas controlantes (Canadá y Australia) y los actores institucionales del sistema minero argentino.
Una decisión política que La Rioja todavía puede reencauzar
Al cierre de este informe, la DIA de la Ruta Provincial 506 continúa suspendida. El recurso jerárquico con ampliación de fundamentos presentado el 20 de febrero aguarda resolución administrativa. El contrato de mantenimiento con la APV enfrenta la amenaza de la parálisis operativa. El contrato de Las Pailas está judicializado con resultado adverso en instancias provinciales. Y, en paralelo, la propia compañía acaba de lanzar la licitación del bypass de Guandacol con siete empresas constructoras riojanas convocadas, por una obra estimada en diez millones de dólares, en un movimiento que puede leerse como una última apuesta por reencauzar el vínculo a través de hechos económicos concretos.
La decisión queda, ahora, del lado del Gobierno de Ricardo Quintela. La provincia puede sostener la línea de presión institucional vigente —con las consecuencias jurídicas, diplomáticas y reputacionales que esa trayectoria implica para una jurisdicción que acaba de registrar, por vía de sus propios reportes fiscales, una dependencia estructural cercana al 88% de las transferencias nacionales— o bien puede interpretar el momento como una oportunidad para destrabar el expediente ambiental, recalibrar la disputa por Las Pailas y transformar los 200 kilómetros del Corredor Norte en la columna vertebral de una estrategia de inversión privada que la región no conoce desde hace décadas.
Entre ambas alternativas hay, por ahora, un conjunto de actos administrativos suspendidos, un contrato rescindido, una ruta cortada en Villa Castelli y una licitación que acaba de empezar. Lo que se resuelva en las próximas semanas definirá, con toda probabilidad, si La Rioja continuará escribiéndose dentro del mapa de la minería argentina del siglo XXI, o si se situará fuera de él por decisión propia.
