El administrador de Vialidad de La Rioja, Jorge Escudero, denunció que el diálogo con el gobierno nacional está prácticamente cortado y que los proyectos estratégicos de la provincia —Quebrada de Santo Domingo, Rutas 75, 73 y 6— permanecen paralizados sin remesas de fondos. A eso se suma un aumento del combustible de entre el 21% y 22% desde enero, que destruye los índices de costos con los que Nación pretende actualizar los contratos.
Jorge Escudero, titular de Vialidad Provincial de La Rioja, utilizó un vocabulario que no admite interpretaciones intermedias para describir el estado de la relación con el gobierno nacional en materia de obra pública: «Ha sido verso que supuestamente continuarían la obra». La frase condensa el diagnóstico que el funcionario desarrolló en declaraciones públicas este lunes: los compromisos asumidos por la administración Milei para sostener los proyectos viales con financiamiento nacional en la provincia no se cumplieron, el diálogo institucional está prácticamente interrumpido, y La Rioja está interviniendo con recursos propios para evitar que la infraestructura ya ejecutada se deteriore sin que Nación aporte un solo peso adicional.
Las obras paralizadas: un mapa del incumplimiento
Con una sola excepción —la obra del Chacho, que Escudero reconoció como el único proyecto que avanza con fondos nacionales—, el resto de los compromisos estratégicos acordados con Nación están frenados. El funcionario enumeró los proyectos afectados: la Quebrada de Santo Domingo, la Ruta Nacional 75, la Ruta Provincial 73 y la Ruta 6. Se trata de corredores de conectividad crítica para una provincia cuya geografía fragmentada —valles, quebradas, zonas de puna y llanos— hace de la infraestructura vial una condición de posibilidad para cualquier actividad económica y social, desde el traslado de producción agrícola hasta el acceso de comunidades rurales a servicios básicos.
Ante la ausencia de remesas nacionales, la provincia optó por una estrategia defensiva: intervenir en los puntos más críticos con recursos propios para preservar lo ya construido. No es inversión nueva; es mantenimiento de emergencia para que el trabajo previo no se pierda por abandono. Esa decisión tiene un costo doble: La Rioja gasta en obras que son de jurisdicción nacional, y lo hace en un contexto de restricción presupuestaria severa donde cada peso destinado a vialidad nacional es un peso que no va a otra necesidad provincial.
Los costos que los índices oficiales no reflejan
Escudero no limitó su crítica al incumplimiento en las obras. Cuestionó también la veracidad de los índices de inflación con los que el gobierno nacional opera la actualización de los contratos de obra pública. Los calificó directamente de «mentirosos», y respaldó la afirmación con un dato concreto: el combustible —insumo central para toda la maquinaria vial— acumula un aumento de entre el 21% y el 22% desde comienzos de año hasta la fecha, un ritmo que no guarda relación con las cifras de inflación general que el Indec reporta mes a mes.
El argumento tiene sustancia técnica. Los índices de actualización de contratos de obra pública —históricamente el IPIM y sus derivados sectoriales— capturan promedios generales que pueden subrepresentar la evolución de insumos específicos con alta exposición a variaciones cambiarias o tarifarias. El gasoil, cuyo precio se determinó durante años con subsidio estatal y que fue liberalizándose de manera escalonada bajo la gestión Milei, es precisamente el tipo de insumo cuya inflación sectorial puede superar ampliamente al índice general. Cuando eso ocurre, la actualización contractual no cubre el costo real y el contratista —o el organismo vial estatal— absorbe la diferencia.
El patrón que se repite
Las declaraciones de Escudero se suman a una acumulación de denuncias provinciales sobre el mismo fenómeno: el gobierno de Javier Milei detuvo la obra pública nacional de manera prácticamente generalizada durante 2024 como parte del ajuste fiscal de emergencia, y en 2025 la reactivación prometida no llegó o llegó de manera selectiva y insuficiente. La Rioja no es la única provincia afectada, pero su situación es agravada por dos factores simultáneos: la dependencia casi total de las transferencias nacionales para financiar su propio presupuesto —lo que limita su capacidad de sustitución— y la extensión de su red vial en relación a su población, que hace del mantenimiento una carga estructuralmente pesada para cualquier administración provincial.
Que el administrador de Vialidad hable de «verso» y de «mentira» no es el lenguaje habitual de un funcionario técnico. Es la señal de que el nivel de frustración institucional con el gobierno nacional superó el umbral de la diplomacia burocrática. Y es también, en el contexto del armado político que Quintela construye de cara a 2027, un insumo que el peronismo federal riojano sabe cómo convertir en narrativa electoral: el interior abandonado por Buenos Aires.
