El Estado nacional eliminó los subsidios eléctricos masivos y una familia tipo ya paga a precio pleno todo lo que consuma por encima de 150 kWh

El presidente del EUCOP, Remo Bolognesi, explicó el impacto del nuevo régimen de subsidios focalizados vigente desde el 1° de enero de 2026: los límites de consumo subsidiado son tan bajos que una familia de cuatro personas queda prácticamente desprotegida. El organismo de control trabaja para garantizar planes de pago y minimizar los intereses, pero advierte que la tendencia es hacia la desaparición total del subsidio energético.

El fin de las categorías y el nuevo paradigma

Hasta fines de 2025, el sistema de subsidios eléctricos en Argentina operaba con categorías diferenciadas —N1, N2, N3— que establecían niveles de protección según la situación socioeconómica del usuario. Desde el 1° de enero de 2026, ese esquema desapareció. El Gobierno nacional lo reemplazó por un sistema de «focalización» que, en la práctica, reduce drásticamente la cobertura estatal y traslada al usuario la responsabilidad de ajustar su consumo para evitar aumentos que, de otro modo, resultan imposibles de absorber para el presupuesto familiar.

Así lo explicó Remo Bolognesi, presidente del Ente Único de Control de las Privatizaciones (EUCOP) de La Rioja, en un análisis que combina datos técnicos con consecuencias concretas sobre los hogares de la provincia. El cambio de régimen no es menor ni gradual: es una ruptura que modifica las reglas de juego para millones de usuarios en todo el país, con impacto especialmente severo en provincias del interior donde el acceso a redes de gas natural es limitado y la electricidad es el único recurso energético disponible para calefacción.

Los números que definen la desprotección

Bolognesi fue preciso en los umbrales que determinan el nuevo esquema. En los meses considerados «planos» —marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre—, el subsidio cubre únicamente hasta 150 kilovatios hora de consumo mensual. Todo lo que supere esa cifra se factura a precio pleno, sin ningún tipo de protección estatal.

El problema es que 150 kWh es una cifra que no se corresponde con el consumo real de ninguna familia promedio. Bolognesi precisó que un hogar tipo de cuatro personas consume en torno a los 600 kWh mensuales, lo que significa que el subsidio cubre apenas la cuarta parte de las necesidades energéticas reales de ese hogar. El 75% restante queda expuesto al precio de mercado pleno.

Durante los meses invernales —de mayo a agosto—, el límite se amplía a 300 kWh, una concesión que reconoce la mayor demanda estacional pero que sigue siendo insuficiente para quienes dependen de la calefacción eléctrica. En zonas de La Rioja sin red de gas natural, ese desfasaje entre el límite subsidiado y el consumo real se convierte en una situación de vulnerabilidad energética directa.

La magnitud del ajuste en pesos

Para ilustrar la escala del cambio, Bolognesi ofreció una comparación que hace visible lo que los porcentajes ocultan. El valor de referencia sobre el que se calculaba el subsidio era, el año pasado, de aproximadamente 2.600 pesos sin límite de consumo asociado. Ese mismo parámetro pasó a 78.000 pesos bajo el nuevo régimen, un incremento de treinta veces que, combinado con los límites de consumo, produce aumentos en las facturas que las familias no estaban en condiciones de anticipar ni de absorber.

El objetivo declarado del Gobierno nacional detrás de este ajuste es reducir el peso de los subsidios energéticos en el Producto Bruto Interno: de 1,5% del PBI registrado en 2023 a 0,5% para el corriente año. La meta macroeconómica es legítima en términos de sostenibilidad fiscal, pero su costo recae de manera desproporcionada sobre los hogares de ingresos medios y bajos del interior del país, que no tienen acceso a energías alternativas ni capacidad de inversión en eficiencia energética.

El EUCOP como amortiguador del impacto

Ante ese escenario, el organismo de control que preside Bolognesi está operando como intermediario entre los usuarios y las distribuidoras para mitigar los efectos más graves del ajuste. Las líneas de acción concretas del EUCOP incluyen la gestión de planes de pago en cuotas ante las distribuidoras, la presión para que se apliquen los menores intereses posibles en esos planes, y la atención de casos individuales de extrema dificultad en el pago de las facturas.

Es una tarea de contención, no de solución estructural. El EUCOP no tiene capacidad para revertir la política tarifaria nacional, pero sí puede operar en el margen para que el impacto no se traduzca en cortes masivos de suministro o en espirales de deuda impagable para los usuarios más vulnerables.

El consejo que nadie quiere escuchar

La recomendación final de Bolognesi a los usuarios de La Rioja fue tan directa como incómoda: prestar la máxima atención al consumo, porque la tendencia del Gobierno nacional apunta hacia la desaparición total de los subsidios energéticos. No es una advertencia sobre un riesgo futuro e incierto: es la descripción de una trayectoria de política pública que ya está en marcha y que tiene un destino anunciado.

Para las familias riojanas, especialmente las que viven en zonas sin gas natural y dependen de la electricidad como único recurso de calefacción, ese horizonte plantea una ecuación que el mercado solo no puede resolver. La pregunta que el ajuste tarifario deja abierta no es técnica sino política: quién absorbe el costo de la transición energética en un país donde la capacidad de pago de los hogares del interior no crece al mismo ritmo que las tarifas.