El Gobierno de Ricardo Quintela convocó a una asamblea extraordinaria para el 21 de abril con el objetivo de autorizar o ratificar la venta del paquete accionario de Arauco Solar Aimogasta S.A.U., una decisión que se suma al proceso de desprendimiento del Parque Eólico Arauco y que, en medio de la asfixia fiscal provincial, consolida el repliegue del Estado riojano en el sector de las energías renovables.
El directorio de Arauco Energía S.A.P.E.M., la Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria que opera como brazo del Estado provincial en materia energética, convocó formalmente a una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 21 de abril, con un único punto sustantivo en el orden del día: la autorización o ratificación de la venta del paquete accionario de su subsidiaria Arauco Solar Aimogasta S.A.U., la sociedad que opera el parque de generación fotovoltaica emplazado en el norte riojano. La convocatoria, firmada el 17 de marzo por el presidente del directorio, el licenciado Ariel Darío Parmigiani, establece que la reunión se desarrollará de manera virtual, a las 10 en primera convocatoria y a las 11 en segunda.
El movimiento, aunque enmarcado en la formalidad societaria, condensa una decisión estratégica de enorme alcance que trasciende los límites provinciales y se inserta de lleno en el debate nacional sobre el rol del Estado en sectores estratégicos y el destino de los activos renovables construidos con financiamiento público. La redacción del orden del día —que incluye en un mismo ítem la «autorización» y la «ratificación» de la operación— deja abierta la posibilidad de que la venta ya esté, en los hechos, en una etapa avanzada de negociación, y que la asamblea del 21 de abril cumpla, en realidad, una función refrendaria de definiciones adoptadas en instancias previas.
Una pieza clave de la matriz solar argentina
Arauco Solar Aimogasta S.A.U. es la sociedad unipersonal a través de la cual el Estado riojano desarrolló el tramo fotovoltaico del complejo híbrido más ambicioso del país. Situado en el Valle de la Puerta, en el departamento Arauco, el proyecto se integra al Parque Eólico Arauco para conformar lo que la propia empresa provincial promociona como «el parque híbrido más grande de Sudamérica», con una potencia instalada que aspira a alcanzar los 300 MW durante 2026 y una proyección decenal de 450 MW. Durante 2024, el complejo generó el equivalente al consumo del 80% de los hogares riojanos, con 649.964 MWh entregados al sistema interconectado.
La instalación solar, financiada con un crédito internacional por 55 millones de dólares, completó a comienzos de este año la denominada «Golden Row» —la primera fila de paneles, hito técnico que marca el ingreso a la etapa final de montaje— y se proyectaba inyectar energía en forma parcial durante abril. En ese escenario, la decisión de desprenderse del activo llega en el momento exacto en que el proyecto comienza a materializar su valor comercial, lo que coloca a la operación bajo una doble lectura: para el Gobierno provincial, una oportunidad de capturar una valuación en alza; para sus detractores, la confirmación de que el Estado riojano vende su infraestructura renovable en el umbral mismo de su rentabilidad.
El segundo desprendimiento en menos de un mes
La convocatoria del 17 de marzo no es un movimiento aislado. Apenas cuatro semanas antes, el 25 de marzo, el directorio de Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M. —también presidido por Parmigiani— había celebrado una asamblea extraordinaria que autorizó la búsqueda formal de interesados en la venta, total o parcial, de los proyectos renovables y las acciones de la sociedad. La secuencia temporal revela un plan coordinado de desinversión: primero el brazo eólico, ahora el solar. Ambas piezas conforman el patrimonio energético más valioso de la provincia y, hasta hace pocos años, constituían la vidriera con la que La Rioja se presentaba como protagonista regional de la transición energética.
El antecedente inmediato es el de la venta del Parque Eólico Arauco II (PEA II) a Pampa Energía, concretada a fines de 2022. Desde entonces, según reconoció públicamente un integrante del directorio, Arauco Energía ha recibido «decenas de ofertas» por sus activos renovables. Ahora, con el Grupo Corven —el holding industrial liderado por Leandro Iraola— posicionado como principal interesado en el Parque Eólico, el mercado anticipa que una constelación similar de actores privados disputará el paquete accionario de Arauco Solar Aimogasta.
El telón fiscal: una provincia asfixiada
La operación no puede leerse fuera del contexto fiscal que atraviesa La Rioja. La provincia sobrelleva uno de los cuadros más agudos de su historia reciente: proceso de default con bonistas internacionales en tribunales de Massachusetts, caída real cercana a los 19.000 millones de pesos en los envíos de coparticipación durante el primer bimestre del año, dependencia estructural de las transferencias nacionales y una conflictividad abierta con la administración de Javier Milei en torno a los fondos adeudados.
En ese marco, el Ministro de Hacienda provincial, Fabián Blanco, blanqueó recientemente que el Parque Eólico Arauco encabeza la lista de activos que el Gobierno decidió poner a la venta. La decisión sobre Arauco Solar Aimogasta aparece, bajo esa luz, como la segunda ficha de un tablero financiero en el que el Ejecutivo de Ricardo Quintela intenta capturar liquidez inmediata para sostener el funcionamiento del Estado. A ello se suma la venta, ya concretada, de la SAPEM Granjas Riojanas a la empresa salteña La Florinda S.A. por 10 millones de dólares: dos de las compañías con mayor rentabilidad relativa entre la treintena de firmas con participación estatal provincial cambiaron de manos en un lapso corto.
Una política de desinversión con consecuencias nacionales
La secuencia plantea un interrogante que excede a La Rioja y se proyecta sobre el debate energético nacional. Las provincias argentinas que apostaron por el desarrollo de infraestructura renovable estatal —La Rioja con Arauco, Jujuy con Cauchari, otras con proyectos de menor escala— enfrentan hoy tensiones de flujo de caja que las empujan a monetizar activos estratégicos cuya valuación, paradójicamente, crece al ritmo de la demanda internacional por generación limpia. El capital privado, tanto local como extranjero, observa con atención un mercado en el que los activos maduros escasean y los proyectos greenfield demandan plazos y financiamiento cada vez más sofisticados.
Para La Rioja, la pregunta de fondo es si la venta de Arauco Solar Aimogasta se realizará bajo condiciones de transparencia, competencia y valuación que protejan el interés público, o si la urgencia fiscal terminará imponiendo los tiempos de una operación que, por su magnitud y su proyección, merecería un debate institucional más amplio que el que permite una asamblea virtual de una hora de duración. La experiencia del PEA II —vendido, según recuerdan sectores críticos del oficialismo y de la oposición, en condiciones que nunca fueron plenamente auditadas públicamente— pesa como antecedente incómodo.
El 21 de abril, en una reunión que se transmitirá por plataforma virtual y cuyo acceso quedará restringido a los accionistas, se definirá formalmente el futuro de uno de los activos más significativos que el Estado riojano construyó en las últimas dos décadas. Detrás de los tres puntos del orden del día firmados por Parmigiani, se juega una parte sustantiva del patrimonio energético de la provincia y, con él, un capítulo más del repliegue del Estado argentino en los sectores que supo considerar estratégicos.
