Los datos oficiales de la ejecución presupuestaria provincial del cuarto trimestre revelan que el 82% del endeudamiento riojano corresponde a títulos públicos en jurisdicción extranjera —más de $463.311 millones en default—, que el 85% de los ingresos tributarios provienen de transferencias de origen nacional y que los gastos en personal absorben más de la mitad del gasto total, en un cuadro de fragilidad estructural que acentúa el choque político con la Casa Rosada.
La ejecución presupuestaria del Ejercicio 2025 de la Provincia de La Rioja, publicada por la Contaduría General en el marco del régimen federal de responsabilidad fiscal, ofrece una radiografía descarnada de la situación financiera provincial al cierre del año: un stock total de deuda pública de 584.604,51 millones de pesos, un déficit financiero devengado de 39.043,67 millones en la administración pública no financiera y una matriz de ingresos tan pronunciadamente dependiente de la Nación que reduce el margen de autonomía fiscal del Estado riojano a una franja apenas superior al 11% de sus recursos tributarios totales.
La información surge de las Planillas 1.1, 1.3 y 1.4 del Anexo I del esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento, junto con la Planilla II de stock de deuda y avales, correspondientes al cuarto trimestre de 2025 con carácter de provisorio. El conjunto constituye el reporte fiscal oficial más completo que la provincia somete al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y a los organismos de control nacional, y permite dimensionar, con datos primarios y no con declaraciones políticas, la verdadera situación económica de la provincia.
Un stock de deuda dominado por los títulos en dólares
Al 30 de diciembre de 2025, la deuda pública provincial consolidada asciende a 584.604,51 millones de pesos, incluidos avales y garantías. El dato de mayor peso estructural es la composición de ese pasivo: los títulos públicos provinciales concentran 530.068,07 millones —el 90,6% del stock total— y, dentro de ese universo, los títulos públicos internacionales bajo ley extranjera representan 463.311,93 millones de pesos, valuados a un tipo de cambio oficial de 1.455 pesos por dólar al cierre del ejercicio. Se trata del núcleo del pasivo en default que mantiene a la provincia en litigio ante los tribunales del Distrito Sur de Nueva York y de Massachusetts con los fondos bonistas internacionales.
La información oficial confirma lo que se sospechaba: durante 2025, los títulos internacionales no registraron servicios de amortización ni de intereses pagados —ni base devengado ni base caja—, lo que formaliza contablemente el incumplimiento sobre el componente más voluminoso del endeudamiento provincial. En paralelo, los títulos colocados voluntariamente en el mercado local —Bonos A y B, Bonos de Consolidación en Pesos PROR 3, BOCADE Ley 8.879 y los Títulos Clases I y II— sí registraron servicios regulares: 11.556,59 millones de amortización y 4.535,22 millones de intereses, todos ellos efectivamente pagados.
La dualidad ya advertida por este medio en coberturas anteriores queda ratificada en los registros oficiales: La Rioja cumple puntualmente sus obligaciones en pesos con acreedores domésticos y simultáneamente sostiene el default sobre los pasivos en dólares con acreedores internacionales.
El Gobierno Nacional, segundo acreedor de la provincia
Después de los tenedores de títulos, el principal acreedor de La Rioja es el propio Estado Nacional. La deuda con el Gobierno Nacional asciende a 28.112,44 millones de pesos, distribuida entre el Tesoro Nacional —a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, por el Bono de Conversión La Rioja que incluye servicios ANSES de 2016, 2017 y 2018— por 1.399,65 millones; los fondos fiduciarios por 16.875,78 millones, mayoritariamente vinculados a la construcción del nuevo edificio del Hospital de Chilecito; y los préstamos con organismos internacionales canalizados a través del Estado nacional por 9.837,01 millones, que incluyen operatorias con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
A ello se suma una deuda con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) por 1.130,93 millones —principalmente en concepto del Programa de Financiamiento Federal para EMA ESTS vinculado a Vidrios Riojanos S.R.L. y a la SAPEM FOGAPLAR— y préstamos directos con organismos internacionales por 26.166,59 millones, íntegramente correspondientes al BIRF 8008 AR para el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Pública de La Rioja.
La Nación, por lo tanto, no solo es el principal proveedor de recursos corrientes de la provincia a través de la coparticipación federal, sino también uno de sus principales acreedores institucionales. La tensión política entre la administración de Ricardo Quintela y la Casa Rosada se desarrolla, en consecuencia, dentro de un vínculo financiero estructural que trasciende la coyuntura.
El mapa tributario: 85% nacional, 15% provincial
El dato más elocuente sobre la dependencia fiscal riojana surge del Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento base devengado. De un total de 1.304.524,99 millones de pesos recaudados como ingresos tributarios, apenas 154.865,20 millones —el 11,87%— corresponden a tributos de origen provincial. Los restantes 1.149.659,79 millones provienen de la distribución de impuestos nacionales, es decir, del régimen de coparticipación federal, leyes especiales y transferencias automáticas desde el Tesoro Nacional.
Dicho de otro modo: de cada 100 pesos que La Rioja recauda por vía tributaria, menos de 12 son generados por su propia administración. Los 88 restantes llegan desde la Nación. La cifra coloca a la provincia entre las jurisdicciones con mayor dependencia estructural del régimen de coparticipación en todo el país y explica por qué cada recorte, demora o ajuste en las transferencias nacionales —como la caída real cercana a los 19.000 millones de pesos registrada en el primer bimestre de 2026— impacta de manera inmediata sobre la caja provincial.
En contraste, los ingresos corrientes no tributarios suman apenas 1.937,80 millones, la venta de bienes y servicios de la administración pública totaliza 9.342,55 millones, las rentas de la propiedad alcanzan 23.283,63 millones y las transferencias corrientes 8.118,64 millones. La suma de estos rubros no alcanza, conjuntamente, ni el 5% de los ingresos corrientes totales. La Rioja, en términos fiscales, no genera renta propia significativa fuera del circuito tributario nacional.
Una estructura de gasto rígida: la masa salarial consume la mitad del presupuesto
Del lado del gasto, el cuadro es igualmente revelador. Los gastos totales devengados de la administración pública no financiera alcanzaron 1.367.197,35 millones de pesos en 2025. De ese total, los gastos en personal —base devengado— sumaron 705.692,52 millones de pesos, equivalentes al 51,6% del gasto total. Si a ello se agregan las transferencias corrientes al sector público (263.293,55 millones, principalmente municipios y otros organismos) y las prestaciones de la seguridad social (4.317,15 millones), el gasto rígido salarial y cuasi-salarial de la provincia supera largamente los dos tercios del presupuesto ejecutado.
La contrapartida es una compresión estructural del gasto de capital. La inversión real directa devengada totalizó 72.712,22 millones de pesos —apenas el 5,3% del gasto total—, y las transferencias de capital sumaron 3.030,59 millones. La provincia, en consecuencia, destina cincuenta pesos a pagar salarios por cada cinco pesos que invierte en infraestructura pública de ejecución directa.
Al analizar la ejecución por finalidad y función (Planilla 1.3 base devengado), los servicios sociales concentran 671.693,12 millones de pesos (49,1% del gasto total), liderados por educación elemental con 346.351,73 millones y salud con 213.336,35 millones. La administración gubernamental absorbe 486.969,26 millones (35,6%), los servicios de seguridad 102.039,34 millones (7,5%), los servicios económicos 97.988,89 millones (7,2%) y los servicios de la deuda pública 8.506,75 millones (0,6%). El rubro Ciencia y Técnica, que ha sido objeto de fuertes reclamos por parte del Gobierno provincial, apenas ejecutó 442,68 millones de pesos en todo el ejercicio.
Déficit financiero, resultado primario negativo y rescate por desinversión
El Resultado Económico de la administración pública no financiera —diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes— fue positivo en 79.197,55 millones de pesos en base devengado. Sin embargo, cuando se incorporan los gastos de capital, el Resultado Financiero previo a contribuciones figurativas arroja un saldo negativo de 2.834,03 millones, que se agrava al computar las contribuciones y gastos figurativos hasta configurar un Resultado Financiero final negativo de 39.043,67 millones de pesos.
El Resultado Primario —es decir, el saldo antes de contar los intereses de deuda— se mantiene positivo en 5.672,72 millones, lo que indica que la provincia cubre con sus ingresos corrientes sus gastos operativos excluyendo los servicios financieros. Pero ese margen es insuficiente para sostener el esquema de inversión pública y financiamiento estructural.
¿Cómo cerró, entonces, La Rioja sus cuentas en 2025? Con fuentes financieras por 28.892,53 millones de pesos, de las cuales 27.183,83 millones correspondieron a disminución de la inversión financiera —esto es, consumo de activos financieros previamente acumulados— y solo 1.708,70 millones a nuevo endeudamiento. La provincia, en los hechos, se descapitalizó para sostener sus compromisos corrientes. En paralelo, aplicó 16.554,02 millones a la amortización de deuda, mayoritariamente para devolver préstamos de organismos internacionales (16.401,94 millones).
Avales, proyectos productivos y política pública
La Planilla 2 del informe revela las características de los avales otorgados por el Estado provincial a empresas privadas. Al cierre de 2025, la provincia mantenía un aval vigente con Cerdo de los Llanos SAU —amparado en la Ley provincial 10.368/21 por el proyecto de ampliación del frigorífico y criadero porcino—, por un monto de contrato de 193,76 millones de pesos y un saldo adeudado de 150,38 millones, con la coparticipación federal como garantía de contraparte a una tasa BADLAR privada más un spread del 6%.
Los otros avales relevantes —a DRIPSA S.A. bajo el régimen de financiamiento de inversiones productivas para PyMEs, y al Fideicomiso Financiero de la Administración Provincial de la Vivienda y Urbanismo por el Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas por 70,94 millones— registran saldo adeudado en cero. El total de avales otorgados al cierre del ejercicio suma 264,70 millones de pesos, con un saldo efectivamente comprometido de 150,38 millones.
Una ecuación fiscal incompatible con la autonomía provincial
El conjunto de los datos arroja un diagnóstico estructural que excede la coyuntura política. La Rioja opera con un presupuesto cuyo origen de financiamiento es, en casi nueve de cada diez pesos tributarios, nacional. Su gasto está dominado por una masa salarial inamovible que consume la mitad del presupuesto. Su stock de deuda está fuertemente concentrado en títulos internacionales bajo ley extranjera que la provincia no está en condiciones de honrar y que constituyen, hoy, el principal litigio judicial que enfrenta. Su capacidad de inversión pública, medida en proporción al gasto total, es marginal.
Esta ecuación no es una particularidad de 2025 ni una consecuencia directa del conflicto con el Gobierno de Javier Milei. Es una característica estructural del régimen fiscal argentino aplicado a una provincia del norte con escasa base productiva, elevada gravitación del empleo público y baja capacidad recaudatoria propia. La novedad del ejercicio 2025 es que esas tensiones estructurales se agudizaron hasta el límite: déficit financiero creciente, default sostenido sobre el pasivo externo, desinversión financiera como principal fuente de financiamiento, caída de los recursos coparticipados y desaparición virtual de nuevo crédito disponible.
En ese marco, la decisión del Gobierno provincial de avanzar con la venta del paquete accionario de Arauco Solar Aimogasta S.A.U. y con la búsqueda de interesados para el Parque Eólico Arauco adquiere una dimensión distinta. No es una política energética ni industrial: es la monetización de los últimos activos estratégicos con los que cuenta la provincia para sostener el funcionamiento de un Estado que, según los propios números oficiales de su Contaduría General, gasta más de lo que ingresa, paga lo que puede y renuncia, mes a mes, a pagar lo que ya no puede afrontar.
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