Las transferencias corrientes a las provincias cayeron 37,3% real interanual entre enero y marzo, mientras que el superávit fiscal sólo se sostiene por los ingresos extraordinarios de la privatización del Comahue. En La Rioja, donde más del 80% de los recursos provinciales depende del envío nacional, el dato refuerza la confrontación de la gestión de Ricardo Quintela con la Casa Rosada y anticipa un trimestre de máxima tensión financiera.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) difundió este miércoles su informe de ejecución presupuestaria nacional correspondiente a marzo de 2026, que confirma que el equilibrio de las cuentas públicas defendido como bandera por el presidente Javier Milei atraviesa su fase más frágil desde el inicio del programa económico. En el tercer mes del año, los ingresos totales del Sector Público Nacional no Financiero cayeron 5,8% real interanual y el gasto primario retrocedió en la misma proporción, configurando un esquema de ajuste simétrico que profundiza la recesión del gasto público.
El dato más revelador está en el acumulado del primer trimestre. Según el relevamiento del IARAF, los ingresos tributarios se desplomaron 8% en términos reales respecto del mismo período de 2025, mientras que los ingresos no tributarios treparon 38,9% real interanual, impulsados exclusivamente por los fondos extraordinarios derivados de la privatización de la gestión de las represas del Comahue. Sin ese ingreso puntual y no recurrente, el superávit primario del trimestre —que oficialmente se anunció en una caída real del 5,4%— habría sido en realidad un 23,7% menor al de 2025. El superávit financiero, que el discurso oficial presenta como un leve crecimiento del 0,5% real, se transforma en una caída del 60,9% al neutralizar el efecto de la venta de activos estatales.
En otras palabras: sin privatizaciones, la consolidación fiscal no sólo no avanza, sino que retrocede de manera abrupta.
La variable de ajuste: las provincias
El informe del IARAF vuelve a poner el foco sobre el componente del gasto que más se castiga para sostener los números macro. En el acumulado del primer trimestre, las transferencias corrientes a las provincias cayeron 37,3% real interanual, consolidándose como el segundo rubro con mayor poda después de los subsidios a «otras funciones» (-95,1%). En marzo el recorte fue aún más violento: 47,7% real interanual menos de fondos enviados a los gobernadores.
La lectura política es directa. Mientras el Poder Ejecutivo nacional exhibe un gasto en jubilaciones que creció 2,2% real en el trimestre y un incremento del 30,8% en transferencias a universidades —concesiones forzadas por la derrota parlamentaria del veto presidencial del año pasado—, el universo de los estados subnacionales sigue siendo el principal proveedor del resultado fiscal positivo. Los subsidios al transporte cayeron 31,2%, la inversión real directa retrocedió 29,4% y los programas sociales no alimentarios, 30,8%.
La Rioja, en el corazón de la disputa
Pocas provincias son tan sensibles a esta dinámica como La Rioja. Los informes oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales y los balances de la propia administración de Ricardo Quintela muestran que el distrito autogenera apenas una fracción menor de sus recursos, y que depende estructuralmente de los giros nacionales —tanto de la coparticipación automática como de las transferencias discrecionales— para sostener el pago de salarios, jubilaciones provinciales y servicios esenciales.
Con una caída real del 37,3% en las transferencias corrientes del trimestre, el esquema financiero provincial queda sometido a una tensión extraordinaria. El gobernador riojano viene denunciando desde hace meses que la administración nacional utiliza la discrecionalidad de los envíos como herramienta de disciplinamiento político, un diagnóstico que los números del IARAF tienden a respaldar: mientras la coparticipación opera con criterio automático, las partidas discrecionales son las primeras en ajustarse.
Quintela, que recientemente consolidó su espacio nacional «Federales Somos Todos» junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, ha hecho de esta disputa uno de los ejes centrales de su construcción política rumbo a 2027. El informe presentado por el IARAF le aporta munición técnica: permite argumentar que el superávit fiscal nacional no surge de una mejora estructural de las cuentas, sino de una combinación entre recorte a las provincias y venta de activos públicos.
El litigio judicial como telón de fondo
La discusión se produce, además, en un contexto en el que La Rioja mantiene abiertos frentes judiciales de alta sensibilidad. Por un lado, la demanda provincial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fondos coparticipables retenidos; por el otro, el litigio en tribunales de Massachusetts impulsado por los bonistas internacionales contra el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco por el default de la deuda provincial. Ambos procesos convergen en un mismo problema: la capacidad real del Estado provincial para sostener su estructura de gastos en un contexto de caída simultánea de ingresos propios y transferencias nacionales.
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Ricardo Herrera, y el Ministerio de Hacienda provincial han debido desplegar en los últimos meses distintas herramientas de caja —desde la emisión de los «chachos» como cuasimoneda hasta renegociaciones con proveedores— para sostener el pago de haberes. El informe del IARAF sugiere que ese malabar financiero deberá intensificarse: si el patrón del primer trimestre se mantiene, la pérdida real de recursos girados desde Nación al conjunto de las provincias se proyectaría en una magnitud inédita para el año.
Un ajuste que muestra fatiga
El dato técnico más relevante del informe, no obstante, excede a La Rioja. Se trata de la evidencia de que el ajuste del gasto primario —del 5% real en el trimestre— ya no alcanza para compensar la caída de los ingresos tributarios, del 8% real. Esa brecha, que había sido cerrada durante 2024 y buena parte de 2025 con recortes cada vez más profundos, ahora requiere ingresos extraordinarios —privatizaciones— para sostener el resultado primario en terreno positivo.
La implicancia política es considerable. El modelo fiscal del gobierno de Javier Milei ingresa en una zona donde la sustentabilidad del superávit depende, crecientemente, de operaciones de única vez. Y en ese esquema, la relación con las provincias —y particularmente con las más dependientes de los giros nacionales, como La Rioja— se tensiona de manera inevitable. El ministro de Economía y el jefe de Gabinete enfrentan el dilema de seguir recortando transferencias automáticas y discrecionales para sostener el número, o de negociar con los gobernadores en un año que ya empieza a ordenarse en clave electoral rumbo a 2027.
Para Quintela, el informe del IARAF funciona como un dato de laboratorio que confirma una tesis que viene sosteniendo desde hace meses: el equilibrio fiscal nacional se construye, en buena medida, sobre el desfinanciamiento de las provincias del interior. La pregunta que queda abierta es cuánto margen de resistencia le queda a La Rioja —y al resto de los distritos más expuestos— antes de que esa ecuación se vuelva políticamente insostenible.
