Conflicto minero: un fallo riojano frena el acceso al proyecto Vicuña y tensiona la relación con San Juan
La Cámara de Chilecito suspendió por treinta días el tránsito por la Ruta 506, vía estratégica para el yacimiento cuprífero que desarrollan Lundin Mining y BHP. Según un informe de Canal 13 de San Juan, la medida pone en riesgo contratos con empresas riojanas y podría escalar al arbitraje internacional previsto por el RIGI.
La disputa por el proyecto Vicuña, uno de los desarrollos cupríferos más ambiciosos del país, tomó un giro judicial inédito y reabrió una vieja controversia entre dos provincias vecinas. La jueza de la Cámara Segunda de Chilecito, María Greta Decker, ordenó suspender por treinta días toda actividad que implique circulación por la Ruta Provincial 506 —el denominado camino de Guandacol— al emprendimiento que llevan adelante Lundin Mining y BHP en la cordillera sanjuanina. La medida, dictada a pedido de la Fiscalía de Estado de La Rioja, coloca al proyecto frente a un obstáculo logístico mayúsculo y plantea un escenario que, de no resolverse en el plano político, podría terminar dirimiéndose en tribunales internacionales.
Los alcances del fallo y sus consecuencias sobre la operatoria fueron detallados esta semana por la periodista Celeste Williner, en un informe emitido por Canal 13 de San Juan, que reconstruyó tanto la posición empresarial como el impacto económico de la suspensión en ambas provincias.
El fondo de la cuestión es conocido y arrastra meses de tensión. La Rioja reclama que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del camino no se tramite como una pieza aislada, sino que quede integrada a la evaluación ambiental del conjunto del emprendimiento minero. La Fiscalía provincial sostiene que, si la vía funciona como corredor principal para el traslado de insumos, equipos y personal hacia el yacimiento, su impacto no puede escindirse del proyecto que le da razón de ser. La empresa, en cambio, invoca un principio central del derecho ambiental argentino: la competencia sobre los recursos naturales y el monitoreo técnico de la operación corresponden, de manera exclusiva, a la provincia en la que se asienta el yacimiento. En este caso, San Juan.
Dos jurisdicciones, un mismo camino
El conflicto desnuda una paradoja geográfica que ya había complicado otras iniciativas mineras de la cordillera: los accesos más eficientes al yacimiento atraviesan territorio riojano, aunque el proyecto se emplace íntegramente en suelo sanjuanino. Esa superposición, que durante años se resolvió con acuerdos bilaterales y convenios viales, hoy es el talón de Aquiles de una inversión que figura entre las prioridades del gobierno nacional en materia de minería.
Según precisó Williner en su informe, la decisión de la magistrada riojana fue recibida con cautela por la operadora, que optó por una respuesta escalonada. La empresa informó que, al no haber sido notificada formalmente, continúa trabajando con normalidad. En paralelo, analiza una salida operativa por la Ruta Provincial 430, íntegramente sanjuanina, que permitiría evitar el paso por La Rioja mientras se despeja el frente judicial. La alternativa es técnicamente viable pero más costosa y más lenta, e implicaría reconfigurar una logística que llevó meses aceitar.
El costo que paga la propia Rioja
El dato más paradójico del expediente —subrayado también por el informe de Canal 13— es su impacto económico. El freno judicial no golpea únicamente a los accionistas de Lundin y BHP, sino que compromete directamente la cadena de proveedores locales. Vicuña mantiene un contrato de preservación de la traza con una constructora riojana y acababa de lanzar una licitación millonaria para la construcción del bypass de Guandacol, una obra largamente reclamada por las comunidades del oeste provincial.
Con el tránsito suspendido, la compañía evalúa rescindir acuerdos con alrededor de siete empresas riojanas, una decisión que, de concretarse, impactaría de lleno en el empleo de Guandacol y Villa Unión, dos localidades cuya dinámica económica está directamente atada a la actividad minera del corredor andino.
La sombra del RIGI y el arbitraje internacional
El punto más delicado, sin embargo, no es local. Vicuña está adherido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, el esquema diseñado por la administración de Javier Milei para atraer capitales de largo plazo con beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. Entre las garantías que ofrece el RIGI figura la posibilidad de dirimir controversias ante tribunales arbitrales internacionales, un mecanismo pensado precisamente para blindar a las empresas frente a decisiones administrativas o judiciales de jurisdicciones subnacionales que pudieran alterar las reglas de juego.
Si el diferendo se prolonga y la empresa considera que la suspensión afecta sustancialmente su operación, el conflicto podría dejar de ser una disputa entre La Rioja y San Juan para transformarse en un pleito que involucre al Estado nacional frente a los inversores. Un escenario que incomoda tanto a la Casa Rosada —que promueve al RIGI como la principal herramienta para atraer dólares mineros— como a los dos gobiernos provinciales, que hasta ahora evitaron la confrontación abierta.
Treinta días para destrabar
El calendario ofrece un margen relativo. Tal como remarcó Williner al cierre de su informe, el inicio del operativo invierno y la baja natural de actividad por las temperaturas extremas de la cordillera amortiguan, en lo inmediato, el costo operativo del fallo y abren una ventana de treinta días para que las partes encuentren una salida. En los despachos de Chilecito y de la capital riojana admiten, en reserva, que la vía judicial fue concebida menos como un fin en sí mismo que como un instrumento de presión para sentar a la empresa —y eventualmente al gobierno sanjuanino— a renegociar los términos ambientales y viales del emprendimiento.
Lo que está en juego excede largamente el trazado de una ruta provincial. En la disputa por el camino de Guandacol se juega el modelo de coordinación federal en materia minera, la convivencia de dos provincias que comparten cordillera y recursos, y la credibilidad de un régimen de inversiones que el gobierno nacional ofrece al mundo como una de sus principales cartas para reactivar la economía.