Alerta por seguridad jurídica: advierten que el freno al Proyecto Vicuña daña la imagen inversora de La Rioja

Un especialista en derecho minero analizó el impacto de la medida autosatisfactiva dictada por la Justicia provincial, que suspendió actividades en uno de los yacimientos de cobre más importantes de la Argentina; el conflicto interprovincial con San Juan, los USD 18.000 millones comprometidos y la señal que reciben los mercados internacionales tras la PDAC de Toronto y la Argentina Week de Nueva York.

La decisión judicial que suspendió las actividades del Proyecto Vicuña en territorio riojano volvió a colocar a la provincia en el centro del debate nacional sobre seguridad jurídica minera. Uno de los emprendimientos cupríferos más ambiciosos del país —comparable en magnitud a Escondida o Chuquicamata, en Chile— quedó paralizado del lado riojano tras una medida autosatisfactiva promovida por el Gobierno provincial, en un escenario que combina disputas técnicas, fricciones políticas con San Juan e intereses económicos cruzados por la adjudicación de servicios a la mina.

El análisis fue desarrollado por el Dr. Darío Arias, especialista en derecho minero y socio de Resources Consulting, en el programa Minería 24/7, y traza un cuadro poco alentador para las expectativas inversoras que la Argentina viene cultivando en los principales foros internacionales del sector.

Una medida que excede el expediente

La acción judicial ordenó la suspensión inmediata de las tareas del Proyecto Vicuña en territorio riojano. El Ejecutivo provincial sostiene que existen incumplimientos en materia de infraestructura y reclama que la empresa actualice el estudio de impacto ambiental de manera integral, y no en forma fragmentada como —según el Gobierno de Ricardo Quintela— se habría presentado hasta ahora.

La medida recayó sobre un emprendimiento que, por su escala, excede los límites de cualquier conflicto local. El Proyecto Vicuña, impulsado por la joint venture entre Lundin Mining y BHP, proyecta una inversión estimada en 18.000 millones de dólares y comprende los activos José María y Filo del Sol, ubicados en el corazón de la cordillera. Aunque el núcleo productivo del yacimiento se emplaza del lado sanjuanino, la restricción dispuesta por la Justicia riojana compromete la logística, el tránsito y la provisión de servicios, en una zona donde la traza de los depósitos se encuentra a apenas 1,5 kilómetros del límite interprovincial.

El impacto en la señal hacia los mercados

Para Arias, el timing de la medida es particularmente inoportuno. La Argentina ha desplegado en los últimos meses un esfuerzo sostenido de promoción en foros como la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), en Toronto, y la Argentina Week de Nueva York, donde funcionarios nacionales y provinciales buscaron posicionar al país como destino confiable para capitales de largo aliento. En ese contexto, una suspensión judicial de esta magnitud opera como contraseña inversa.

«Este tipo de medidas daña la imagen de la provincia» como destino de inversión, advirtió el especialista, y subrayó que los grandes capitales «compiten entre regiones» y son sensibles a cualquier indicio de imprevisibilidad. «Al inversor hay que seducirlo», graficó, en alusión a la competencia que mantiene la Argentina con jurisdicciones mineras consolidadas como Chile, Perú o Australia, donde la previsibilidad regulatoria y jurídica constituye una variable tan decisiva como la calidad del mineral.

La lectura del especialista coincide con las preocupaciones que han deslizado en los últimos meses las cámaras empresarias del sector, inquietas por la superposición de normativas provinciales, la discrecionalidad en la otorgación de permisos y los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

El trasfondo político y económico

Más allá de la discusión técnica sobre la Declaración de Impacto Ambiental y la infraestructura habilitada, Arias admitió que detrás de la medida autosatisfactiva coexisten motivaciones de otra naturaleza. En primer lugar, las diferencias políticas entre las administraciones de San Juan, conducida por el oficialismo nacional, y La Rioja, bastión del peronismo de Quintela y uno de los distritos más confrontativos con la Casa Rosada. En segundo término, la disputa por la adjudicación de contratos, servicios y provisión de bienes al proyecto, un botín económico que las provincias limítrofes se disputan con particular intensidad.

Un tercer frente, de carácter netamente jurídico, aparece como el más delicado: la imposibilidad de circular por rutas nacionales podría configurar, a juicio del especialista, una vulneración de derechos constitucionales fundamentales, en particular el de libre tránsito consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. La restricción del acceso a través de la Ruta 506 y el debate en torno al trazado alternativo por Guandacol constituyen, en ese sentido, un capítulo abierto que trasciende el expediente riojano.

La salida: cumplimiento y diálogo

El camino hacia una resolución, según Arias, transita por dos carriles simultáneos. El primero, el cumplimiento estricto por parte de la empresa de las exigencias ambientales, de infraestructura y de seguridad que plantean ambas jurisdicciones. El segundo, y acaso el más determinante, es el diálogo político entre los gobernadores y entre estos y la Nación, en un formato de coordinación institucional similar al que inauguró la Mesa del Litio entre las provincias del noroeste.

El antecedente no es menor. Aquella instancia permitió articular posiciones comunes frente a los mercados internacionales y ordenar la agenda regulatoria en torno a un recurso estratégico. El cobre, que vuelve a ganar centralidad mundial de la mano de la transición energética, requiere —según el especialista— un esquema análogo que evite que las discordancias fronterizas obstruyan el desarrollo de una industria llamada a convertirse en uno de los motores económicos de la región, bajo parámetros de sustentabilidad social, ambiental y económica.

Una provincia bajo escrutinio

El conflicto en torno al Proyecto Vicuña se inscribe, además, en un contexto provincial especialmente sensible. La Rioja atraviesa un cuadro fiscal crítico, agravado por los recortes en las transferencias discrecionales de la Nación y por el default del Parque Eólico Arauco, que mantiene litigios abiertos en tribunales de los Estados Unidos. En ese escenario, la capacidad de la provincia para atraer inversiones de clase mundial se vuelve una variable decisiva no sólo en términos de desarrollo productivo, sino también de sustentabilidad de las cuentas públicas.

La pregunta que queda planteada es si el Gobierno provincial logrará reencauzar el conflicto por la vía institucional —reabriendo el diálogo con San Juan y con la joint venture— o si la disputa judicial se extenderá en el tiempo, consolidando la señal de alarma que el sector minero global comienza a leer con creciente atención.