Conflicto Vicuña: San Juan respondió al fallo riojano y su vicegobernador acusó al gobierno de La Rioja de estar «un poco alejado de la realidad»

Fabián Martín, vicegobernador sanjuanino y presidente de la Cámara de Diputados provincial, cuestionó la resolución de la jueza María Greta Decker, de la Cámara de Chilecito, que hizo lugar a una medida autosatisfactiva de la Fiscalía de Estado riojana, suspendió por 30 días las actividades vinculadas al proyecto minero y bloqueó la circulación por el camino de Guandacol. Remarcó que «el yacimiento está en San Juan» y que el camino riojano es «alternativo», aunque llamó al diálogo. La empresa Vicuña dice que el proyecto «no está detenido» y que no fue notificada.

El conflicto por el proyecto Vicuña —la operación conjunta de Lundin Mining y BHP que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol— atraviesa un nuevo capítulo institucional, y esta vez quien habló por San Juan fue el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados provincial, Fabián Martín. En declaraciones que tomaron estado público tras conocerse el fallo de la Cámara de Chilecito, el dirigente sanjuanino cuestionó al gobierno de La Rioja, al que consideró «alejado de la realidad», y pidió que el conflicto se resuelva por la vía del diálogo institucional. La intervención judicial riojana había ordenado, días atrás, suspender por 30 días las tareas vinculadas al proyecto e impedir la circulación por el camino de acceso desde Guandacol, la ruta que hoy concentra buena parte del tránsito logístico hacia el yacimiento.

La resolución fue dictada por la jueza María Greta Decker, titular de la Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de Chilecito, en el marco de una medida autosatisfactiva presentada por la Fiscalía de Estado de La Rioja. La magistrada entendió que había urgencia suficiente para actuar sin dar traslado previo a la empresa, con el objetivo de prevenir potenciales daños ambientales en un tramo especialmente sensible del oeste riojano. El planteo provincial se sostuvo en la presunta falta de respuestas de la firma ante pedidos vinculados a la Evaluación de Impacto Ambiental y al uso de la infraestructura vial riojana, dos cuestiones que La Rioja viene reclamando de manera formal desde hace meses.

«Ojalá esto pueda pasar rápidamente al olvido»

Martín fue el primer funcionario de primer nivel del gobierno sanjuanino en tomar la palabra públicamente después del fallo. Reconoció la incomodidad que le genera a San Juan el escenario y se mostró partidario de resolverlo a través de los canales institucionales. «Los sanjuaninos todos tenemos un gran respeto por nuestros vecinos. Me parece que el gobierno de La Rioja está un poco alejado de la realidad, en este sentido», planteó, y agregó que la cuestión debe manejarse «institucionalmente», con los organismos pertinentes dando la respuesta oficial.

El vicegobernador insistió en que «tiene que primar el diálogo» y expresó su deseo de que la situación pueda «rápidamente pasar al olvido», porque la calificó como «incómoda» y «no es lo que corresponde» entre dos provincias vecinas con una relación histórica de cooperación. En paralelo, la administración sanjuanina viene articulando la defensa del proyecto a través del ministro de Producción, Gustavo Fernández, y del titular de CASEMI, Juan Pablo Delgado, quienes ya se habían expresado en la misma línea en las últimas semanas.

La tesis sanjuanina: «El yacimiento está en San Juan»

Martín centró el argumento jurisdiccional de la provincia cuyana en un punto que San Juan viene subrayando desde que estalló la disputa por el camino: el proyecto minero se ejecuta íntegramente en territorio sanjuanino, mientras que el camino riojano es, según su mirada, apenas una vía alternativa para el ingreso y egreso de personal y proveedores. «Defendemos los derechos de nuestra provincia ya que el yacimiento o el emprendimiento minero está en San Juan. Está bien que el camino, que es alternativo es por el paso de La Rioja, pero son situaciones que vamos a solucionar», indicó.

Y agregó una frase que marca el núcleo duro de la postura sanjuanina: el uso de un camino riojano «a La Rioja no le genera derecho a algo». No obstante, el vicegobernador insistió en que San Juan buscará el diálogo con la provincia vecina para desactivar el conflicto.

Esa lectura choca de manera frontal con la argumentación riojana, que sostiene que el tránsito pesado constante, la emisión de polvo y el ruido asociados al movimiento logístico impactan directamente sobre localidades riojanas como Guandacol y Villa Unión, y que por esa razón La Rioja tiene competencia ambiental y vial sobre su propio territorio, más allá de dónde esté emplazado el yacimiento en sí.

«El proyecto no está detenido», aseguran desde Vicuña

Desde Vicuña Corp. —la sociedad conjunta integrada por Lundin Mining y BHP— insistieron en que la operación continúa con normalidad y que el proyecto «no está detenido». La empresa, sin embargo, admitió que sobre el camino cuestionado hay efectivos policiales bloqueando el paso, y remarcó un dato jurídicamente relevante: no fueron notificados formalmente ni de la demanda ni de la resolución judicial, lo que genera incertidumbre sobre el alcance real y la operatividad de la medida.

La situación técnica es compleja: el país manager de Vicuña, José Luis Morea, viene sosteniendo una agenda de vinculación con las autoridades provinciales de ambas jurisdicciones y con los municipios del área de influencia, en un esquema que buscaba evitar, justamente, un conflicto interjurisdiccional abierto. La presentación de la Fiscalía de Estado riojana y el fallo de Decker alteraron ese equilibrio.

RIGI, coparticipación y el argumento del «beneficio nacional»

El tramo final de la intervención de Martín apuntó a una dimensión más amplia, pensada para el debate público nacional. El vicegobernador subrayó que Vicuña va a beneficiar «no solamente a los sanjuaninos, sino a todo el país» e invocó al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como el marco que «creó mejores expectativas» y «más competitividad» para el desarrollo del proyecto. En la lectura del dirigente cuyano, la Nación recaudará «poco menos de un 30%» de lo que genere el emprendimiento, y la mayor parte de esos recursos se coparticipará «entre las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires». «Entonces, todos, incluido La Rioja, van a tener beneficios de los proyectos mineros», remató.

El argumento no es menor: apunta a construir un consenso federal en torno al proyecto y a desactivar, por esa vía, eventuales bloqueos de otras jurisdicciones. Sin embargo, desde La Rioja se responde que la discusión no es sobre los dividendos futuros, sino sobre los impactos presentes sobre el territorio, las rutas y las comunidades afectadas por el tránsito minero.

Un diferendo interprovincial con eje en La Rioja y proyección nacional

El cruce Martín–La Rioja coloca al conflicto en un plano que excede lo técnico ambiental. Ubica a dos provincias gobernadas por fuerzas políticas distintas —el peronismo provincial de Ricardo Quintela en La Rioja y la administración de Marcelo Orrego en San Juan— en un diferendo sobre cómo se distribuyen los costos y los beneficios de la nueva etapa minera argentina. Y lo hace en el corazón del proyecto emblema del RIGI, en un momento en que el Gobierno nacional de Javier Milei empuja la llegada de nuevas inversiones al régimen y el secretario de Energía y Minería, Daniel González, anticipó en el CERAWeek de Houston que entre 15 y 20 proyectos más podrían sumarse antes de julio de 2027.

En ese contexto, el fallo de Chilecito y la réplica de San Juan configuran un antecedente que seguirán con atención los gobernadores del corredor minero, los inversores internacionales y los organismos nacionales. En La Rioja, fuentes del gobierno provincial anticiparon que analizan los próximos pasos y que no descartan la apertura de un canal formal de negociación, aunque sin mover la exigencia central: que la empresa presente la información ambiental y vial solicitada y que La Rioja sea reconocida como jurisdicción plena sobre el camino y el territorio que sus vehículos atraviesan. Por ahora, el diálogo que pide Martín se abre paso entre una medida judicial vigente, un camino bloqueado y una empresa que, según sus propios dichos, todavía no fue notificada.