Conflicto Vicuña: el intendente de Villa Unión se despegó del gobierno de Quintela y afirmó que «la mina está en San Juan y debe regirse por las leyes de San Juan»
Hugo Páez, jefe comunal del departamento Coronel Felipe Varela, donde se ubica Guandacol, abrió un nuevo flanco interno para la Casa de Gobierno riojana. Cuestionó la pretensión de que La Rioja tenga prioridad en proveedores y mano de obra, reconoció que la provincia «tiene que prepararse» para insertarse en el desarrollo minero y admitió que tampoco hubo canales formales de diálogo con la empresa, ni siquiera para proyectar el bypass que evitaría el tránsito pesado por Guandacol. Según detalló, 140 trabajadores locales dependen directamente del proyecto y la cifra trepa a 400 si se suman las actividades indirectas.
El conflicto por el Proyecto Vicuña sumó este martes un nuevo capítulo político y lo hizo desde un lugar inesperado. Hugo Páez, intendente de Villa Unión —cabecera del departamento Coronel Felipe Varela y ciudad de referencia institucional del oeste riojano—, marcó públicamente distancia del encuadre jurídico que sostiene el gobierno provincial de Ricardo Quintela y blanqueó una posición que, en los hechos, coincide con la que el lunes había expresado el vicegobernador sanjuanino Fabián Martín. «La mina está en San Juan y debe regirse por las leyes de San Juan», sintetizó Páez, en declaraciones a Radio Sarmiento que atravesaron de punta a punta el mapa político riojano.
La intervención del jefe comunal se produce apenas 24 horas después de la asamblea vecinal de Guandacol, donde cientos de pobladores del pueblo del oeste riojano respaldaron la continuidad del proyecto y reclamaron al Estado provincial que se haga cargo del impacto social y económico del cierre del corredor logístico. Ambos episodios, encadenados, abren un escenario complejo para la estrategia institucional de la administración Quintela, que había impulsado a través de su Fiscalía de Estado la medida autosatisfactiva que derivó en el fallo del 16 de abril de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito, a cargo de la jueza María Greta Decker, y en la suspensión por 30 días del tránsito vinculado al emprendimiento.
«Legalmente no le corresponde a La Rioja tener prioridad»
El intendente de Villa Unión fue contundente al delimitar responsabilidades. En su visión, la ubicación territorial del yacimiento —en suelo sanjuanino— determina el marco normativo aplicable al proyecto, incluidas las reglas sobre compre local y contratación de mano de obra. «Si la mina está enclavada en San Juan, indudablemente se van a respetar las leyes de San Juan», afirmó.
Y fue más allá: «legalmente no le corresponde a La Rioja tener prioridad en la elección de proveedores o en los puestos de trabajo». La definición marca una ruptura explícita con la narrativa que viene sosteniendo el gobierno provincial riojano, centrada en reclamar una participación activa de la provincia tanto en la cadena de valor del proyecto como en los mecanismos de fiscalización ambiental y vial sobre el corredor que atraviesa el territorio riojano.
«Muchos se enojan cuando uno dice la verdad, pero hay que ser claros: la jurisdicción es de San Juan», insistió Páez, en un tono que asume el costo político interno del planteo.
140 empleos directos y 400 personas afectadas en Guandacol
Junto con la definición jurisdiccional, el intendente puso sobre la mesa un diagnóstico social que coincide con el que formularon los vecinos en la asamblea del lunes. Alrededor de 140 trabajadores de Guandacol dependen de manera directa del proyecto Vicuña, en tanto que la cifra asciende a unas 400 personas si se contemplan actividades indirectas como comercio, hotelería y servicios. «El problema concretamente es el trabajo», sintetizó el jefe comunal, parafraseando en los hechos el reclamo central de la comunidad: no se discute la legitimidad de los controles ambientales, se discute el impacto sobre el empleo mientras esos controles se dirimen.
La magnitud del número es relevante para una localidad del tamaño de Guandacol, donde la oferta laboral formal es limitada y donde el despliegue del corredor minero se había convertido, en los últimos dos años, en el principal dinamizador económico.
Autocrítica riojana y la obra que nunca se hizo
El tramo más punzante de la entrevista fue el que Páez dirigió puertas adentro. Admitió que La Rioja enfrenta dificultades reales para insertarse plenamente en el desarrollo minero y señaló, con autocrítica explícita, que hay un problema de capacitación y condiciones para competir con los proveedores sanjuaninos. «Si queremos mayor participación, tenemos que prepararnos», planteó. La frase resume, de manera cruda, una agenda que se discute hace años en el ámbito provincial pero que todavía no logró traducirse en políticas públicas concretas y sostenidas: formación técnica, acreditación de proveedores locales, encadenamientos productivos con pymes riojanas, estándares de calidad alineados a los de la industria.
El intendente también reconoció falencias en la relación con la empresa. Afirmó que no existieron instancias formales de diálogo ni planificación conjunta de obras clave para la comunidad. En particular, apuntó al pendiente más sensible: el bypass que permitiría redirigir el tránsito pesado y evitar que los camiones del proyecto atraviesen el casco urbano de Guandacol, una obra que ha sido reclamada de manera recurrente por los vecinos por razones de seguridad vial, polución y ruido, y que sigue sin ejecución concreta.
El señalamiento abre una pregunta incómoda para todas las partes involucradas —empresa, gobierno provincial, gobierno municipal y autoridades nacionales del RIGI—: si había déficit de diálogo formal, si no hubo planificación conjunta de infraestructura y si los controles ambientales se fueron postergando, ¿cómo se llegó a una medida judicial que paralizó el corredor antes de construir los dispositivos institucionales para prevenir conflictos como el actual?
«Hay un trasfondo político», dijo el jefe comunal
Páez no esquivó el plano político del conflicto. Consideró que la disputa tiene un trasfondo que excede lo técnico y llamó expresamente a bajar la tensión entre provincias y entre niveles de gobierno. «Espero que haya un diálogo sincero pronto, es una situación que se puede resolver», concluyó.
El mensaje apunta en dos direcciones simultáneas. Hacia afuera, pide un canal bilateral maduro entre las administraciones de Quintela y de Marcelo Orrego que evite la judicialización permanente del tema. Hacia adentro, plantea que la Casa de Gobierno riojana debe considerar la mirada de los municipios del oeste —los que efectivamente conviven con la operación logística de Vicuña— al momento de fijar la estrategia provincial.
Un proyecto emblema del RIGI y una disputa federal en construcción
El cuadro se completa con el marco nacional. Vicuña, la sociedad conjunta integrada por Lundin Mining y BHP para explotar Josemaría y Filo del Sol, es uno de los proyectos emblema del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó al emprendimiento en el listado de los 35 proyectos ingresados al régimen por unos USD 85.000 millones, y el secretario de Energía y Minería, Daniel González, anticipó desde el CERAWeek de Houston que entre 15 y 20 proyectos más podrían sumarse antes de julio de 2027.
En ese contexto, el cruce entre dos provincias cordilleranas, una medida judicial riojana y un frente interno municipal dentro de La Rioja configuran un test decisivo para el nuevo ciclo minero argentino. La voz de Páez introduce en el debate algo que hasta ahora circulaba en los pasillos pero no en los micrófonos: una fractura territorial dentro del propio oficialismo provincial, que obliga al gobierno de Quintela a redefinir su estrategia antes de que el conflicto se traslade a otros departamentos del oeste o escale a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como diferendo interjurisdiccional.