Cautela institucional, chicana libertaria y argumento coparticipable: la respuesta sanjuanina de tres voces al reclamo de Quintela
Mientras el gobierno de La Rioja sostiene su ofensiva por el proyecto minero Vicuña y por la soberanía territorial de Ischigualasto, desde San Juan se articuló una respuesta política en tres registros que vale la pena leer en conjunto. El ejecutivo provincial de Marcelo Orrego optó por la cautela institucional y se negó a tomar postura oficial hasta recibir notificación formal. El diputado libertario José Peluc, presidente de La Libertad Avanza en San Juan, levantó una escalada discursiva hablando de «chicanas» y «dos minutos de fama». Y el diputado orreguista Carlos Jaime, de Producción y Trabajo, formuló el argumento institucionalmente más sólido: que la lógica coparticipable del régimen tributario argentino ya incorpora a La Rioja como beneficiaria de la minería sanjuanina, sin necesidad de ningún reclamo territorial.
La cautela del ejecutivo sanjuanino
Desde la Casa de Gobierno sanjuanina, la consigna actual es no escalar en público mientras la maquinaria judicial no haya llegado. Fuentes de la gestión Orrego admiten por lo bajo que la postura de Quintela es «un disparate», pero la línea oficial es que, hasta que no exista notificación formal, la provincia se limita a monitorear lo que se filtra por los medios sin asumir compromisos públicos.
Esta decisión tiene lectura política. Orrego asumió hace apenas dos años la gobernación sanjuanina con un perfil de gestión orientado a desmontar confrontaciones simbólicas y privilegiar la estabilidad institucional que el RIGI y las inversiones mineras internacionales exigen como condición. Transformar el planteo de Quintela en una disputa de declaraciones diarias lo arrastraría hacia un terreno que no le conviene al proyecto Vicuña —una inversión conjunta de Lundin Mining y BHP estimada ahora en unos USD 18.000 millones— ni a la postura argentina general ante inversores globales. La estrategia institucional, por ahora, es otra: dejar que la disputa se ventile en los tribunales y evitar que la política mediática la anticipe.
Un dato concreto que respalda esa elección: a la fecha, según fuentes del ejecutivo sanjuanino, ni la provincia ni la empresa Vicuña Corp han recibido la notificación judicial que formalizaría el fallo de la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, que ordenó suspender por 30 días las actividades y bloquear el acceso por la Ruta 506 desde Guandacol. Mientras esa notificación no llegue, cualquier pronunciamiento oficial se consideraría prematuro.
La escalada libertaria: Peluc y el lenguaje del pasado
La voz más abrasiva del costado sanjuanino la puso José Peluc, diputado nacional y principal referente de La Libertad Avanza en la provincia. En declaraciones radiales, Peluc caracterizó el planteo de Quintela como una expresión de «política antigua» orientada a conseguir «dos minutos de fama», y sostuvo que la discusión sobre los límites provinciales «se cerró hace muchos años».
El registro de Peluc es frontal: acusa al gobernador riojano de poner «cualquier cosa a discusión para tener un poco de prensa» y asegura que la estrategia busca «pillar algo» en términos de visibilidad nacional. Invoca también una lectura generacional: las nuevas generaciones argentinas, dice, ya no se enfocan en disputas territoriales que «pasaron».
El momento más nítido de su respuesta fue la comparación económica con un modelo aspiracional: sostuvo que San Juan podría «ser Catar si hacemos las cosas bien», y leyó los planteos riojanos como una resistencia deliberada a ese horizonte. En esa grilla discursiva, Peluc vinculó el reclamo de Quintela con un peronismo al que describe como obstruccionista del desarrollo productivo regional, un marco que, por supuesto, le sirve también al frente interno libertario en la provincia.
El argumento institucional: Jaime y la coparticipación
La voz más analítica —y en ese sentido, la más difícil de desactivar para la posición riojana— vino del diputado nacional Carlos Jaime, del bloque Producción y Trabajo alineado con Orrego. Su intervención no se concentra en el estilo discursivo de Quintela, sino en desmontar el argumento económico detrás del reclamo.
Jaime sostuvo que el reclamo riojano carece de asidero jurídico y futuro, y que debe leerse como «una cuestión política» enmarcada en una realidad provincial que, a su criterio, no se desarrolla desde hace años. Hasta aquí, el ataque discursivo. Pero luego Jaime introduce el punto más sustantivo del debate: las grandes empresas multinacionales que operen en San Juan tributarán en Argentina, y parte significativa de esos tributos son coparticipables —es decir, se distribuyen entre todas las provincias según el régimen vigente—. En esa lógica, La Rioja ya se beneficia del desarrollo minero sanjuanino sin necesidad de reclamar soberanía territorial: lo hace automáticamente, vía la masa coparticipable del Tesoro nacional.
El argumento tiene dos filos. Por un lado, reduce el reclamo riojano a una negociación de fondos específicos por sobre la masa general que ya está garantizada. Por el otro, expone una asimetría: la minería del cobre que podría consolidar a San Juan como polo exportador de los próximos veinte años quedaría judicialmente bloqueada desde La Rioja, mientras los beneficios fiscales se distribuyen a todo el país. Jaime lo formuló así: la postura de Quintela no solo va contra el desarrollo sanjuanino, sino contra el desarrollo argentino, porque la coparticipación es justamente el canal por el cual La Rioja participa de la torta sin pagar los costos de impulsarla.
El ajedrez logístico: el corredor norte
Mientras el frente discursivo se despliega, el frente operativo también se está moviendo. Vicuña Corp, a través de su country manager José Luis Morea, confirmó que las operaciones continúan con normalidad porque el acceso actual al proyecto se hace por el llamado «corredor norte», una ruta íntegramente sanjuanina que no toca territorio riojano. La Ruta 506 desde Guandacol —que es la que el fallo Decker pretende bloquear— es una de las vías históricas de abastecimiento, pero no la única.
Frente al eventual cumplimiento del bloqueo judicial, la empresa está evaluando reorientar definitivamente su logística hacia la Ruta Provincial 430, pasando por las localidades sanjuaninas de Rodeo y Malimán. La decisión tendría costos adicionales, pero quitaría a La Rioja la principal palanca material sobre la operación: si los camiones no pasan por Guandacol, el bloqueo riojano pierde efecto práctico, incluso si el fallo se sostiene.
Esa es, técnicamente, la respuesta sanjuanina más contundente al planteo de Quintela: desacoplar la logística del territorio riojano. Y está en marcha.
Lo que falta: el antecedente jurídico
Un elemento que circuló entre especialistas del derecho minero, según recogieron las crónicas sanjuaninas, agrega una duda adicional sobre la viabilidad del planteo riojano. No existen, a criterio de esos analistas, antecedentes recientes en la justicia argentina de una provincia que exija la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental integral sobre un proyecto ubicado íntegramente en otra jurisdicción, por razones de proximidad o de impacto transfronterizo. El argumento riojano se apoya en una interpretación amplia del riesgo ambiental, pero la doctrina jurídica no parece acompañar esa lectura con firmeza. Si el expediente escala hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación —que es el tribunal natural para dirimir conflictos interprovinciales— la decisión podría sentar un precedente con efectos en todos los proyectos mineros del país. Y esa es, probablemente, la razón por la cual ni San Juan ni el gobierno nacional tienen apuro en desatar una guerra declarativa en paralelo al trámite judicial.
Tres voces, una misma arquitectura
Lo interesante del momento actual es que San Juan no está improvisando su respuesta. La cautela institucional de Orrego, la escalada libertaria de Peluc y el argumento institucional de Jaime no son tres reacciones desarticuladas sino un reparto de papeles que cubre los tres registros posibles: el del Estado que no quiere escalar, el del aliado que marca terreno ideológico, y el del legislador que construye la defensa institucional. Entre los tres, cierran la pinza política sobre el planteo riojano.
Del lado riojano, la arquitectura es, en este momento, más concentrada: Quintela lleva casi solo la voz del reclamo, apoyado en el fallo de la jueza Decker y en un discurso que combina memoria histórica (la Ley 18.004 firmada en el Onganiato), demanda económica (el 80/20 de beneficios) e infraestructura (la DIA frenada del bypass de Guandacol). Es una estrategia que ha funcionado para colocar el tema en la agenda nacional, pero cuyo sostén material depende ahora de variables que el propio ejecutivo riojano no controla: la notificación formal del fallo, la respuesta del Senado, la decisión de la Corte y, sobre todo, el comportamiento logístico de una empresa que ya está moviendo su cadena de abastecimiento fuera de territorio riojano.
El tablero, por ahora, sigue abierto. Pero si algo muestra la respuesta sanjuanina de estos días es que del otro lado no están quedándose quietos. Están, con tres voces distintas, armando el contraataque.