“Las escuelas deben ser territorio de paz”: Rogelio De Leonardi, secretario general de AMP, se pronunció sobre las amenazas en las escuelas
El titular de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) expresó la preocupación del sector docente ante las intimidaciones en instituciones educativas y pidió medidas estructurales. Durante la entrevista se generó un fuerte cruce ideológico con Daniel Quintero.
Rogelio De Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP), se refirió a las amenazas y pintadas violentas registradas en escuelas de la provincia.
“Las escuelas son y deben ser territorio de paz. Hay que investigar el origen de estas cuestiones, pero no buscar responsabilidades individuales en nuestros alumnos”, afirmó De Leonardi.
El dirigente docente señaló que existe un contexto más amplio de violencia y desigualdad, con destrucción de escuelas y hospitales en distintos conflictos internacionales. Pidió que las medidas para proteger a niños y jóvenes sean estructurales y criticó que no se haya convocado a los sindicatos docentes para debatir la problemática.
“A quién recurriríamos si hay un problema de salud o educativo: al médico o al maestro. Sin embargo, por tozudez no se nos consulta”, expresó.
El cruce en la entrevista
Durante el diálogo se produjo un tenso intercambio con el periodista Daniel Quintero, quien le reprochó a De Leonardi mencionar solo la situación en Gaza y no condenar con igual énfasis las ejecuciones en Irán (ahorcamientos de manifestantes, mujeres y un deportista olímpico).
“Usted enumeró hechos violentos y no habló de Irán, donde también matan gente. Si no sacamos el sesgo ideológico, no vamos a ninguna parte”, dijo Quintero.
El cruce subió de tono con acusaciones mutuas de sesgo y odio, hasta que Quintero decidió retirarse de la conversación.
Posición de AMP
De Leonardi insistió en que las soluciones deben ser colectivas y criticó políticas de despojo de derechos tanto nacionales como provinciales. También mencionó que hace 20 meses no se descuenta la contribución solidaria al gremio, lo que interpretó como “violencia del Estado provincial”.