Mientras Milei mantiene aumentos del 600%, La Rioja implementa un sistema de tarifa plana en la distribuidora provincial, rescatando un mecanismo que funcionó años atrás. López, Rejal y Pedrali presionan desde el Congreso para tarifa diferencial en el Norte Grande.
El gobierno de La Rioja analiza implementar un sistema de tarifa plana para los usuarios de EDELAR SA, la empresa distribuidora local. Se trata de un mecanismo que fue aplicado hace años y que nivela el costo del servicio entre usuarios de distintos niveles de consumo, evitando picos tarifarios por uso elevado. La medida representa una respuesta provincial ante la política energética nacional, que ha producido incrementos de más del 600% en la electricidad bajo la administración Milei. Mientras la Rioja espera por presiones legislativas en el Congreso Nacional —con proyectos de tarifa diferencial para el Norte Grande—, el gobierno provincial activa su propio instrumento de política pública para garantizar acceso al servicio en un contexto de emergencia económica.
La tarifa plana busca romper la estructura que castiga el consumo en climas cálidos. En La Rioja, donde las temperaturas superan los 45 grados durante meses consecutivos, el aire acondicionado no es un lujo sino una necesidad de salud pública. Un sistema de tarifa plana nivela ese gasto: el usuario que consume más por razones climáticas no paga exponencialmente más que el usuario que consume menos. El mecanismo fue utilizado en otras épocas en la distribuidora y ahora resurge como alternativa ante el colapso tarifario generado desde Buenos Aires.
Mientras la provincia diseña esa salida local, sus legisladores nacionales multiplican presión en el Congreso. Los senadores Florencia López y Fernando Rejal presentaron un proyecto de ley para establecer una tarifa diferencial de energía eléctrica en diez provincias del Norte Grande. López fue directo en su crítica: «Dijo en campaña que no iba a aumentar las tarifas, pero hoy tenemos incrementos de más del 600% en la energía eléctrica», cuestionó al presidente Javier Milei. El dato refleja la brecha entre lo prometido y lo ejecutado, y la magnitud del daño en hogares riojanos. «Hay mucha gente que debe hasta cuatro boletas», alertó López, situando la crisis en la economía doméstica real.
Rejal, desde su trinchera senatorial, agregó la dimensión productiva que sustenta la urgencia de la tarifa plana. Señaló que los productores agropecuarios de La Rioja enfrentan un problema estructural: el costo energético supera el 45% del total de producción en actividades como el olivo, la vid y el nogal. «Es crucial para La Rioja, donde se utilizan bombas presurizadas a más de 200 metros de profundidad», explicó. Ese comentario decodifica un aspecto invisible de la geografía riojana: la necesidad de extracción de agua a gran profundidad para irrigación, un gasto energético que no existe en zonas con agua superficial abundante. La tarifa plana busca, justamente, aliviar esa carga estructural.
En Diputados, Gabriela Pedrali amplifica el argumento. «El acceso a la energía eléctrica no puede ser un privilegio, es un derecho», afirmó, reposicionando la cuestión en el lenguaje de derechos fundamentales. Pedrali también cuestionó la desigualdad estructural entre el interior y los grandes centros urbanos. «La mayor cantidad de energía eléctrica se produce en el interior del país, pero se consume en los grandes centros urbanos», remarcó. Esa observación invierte la narrativa: La Rioja produce energía que enriquece a otros; luego, pagar tarifas de metrópoli en una provincia productora es una imposición que mezcla subsidio invertido con injusticia.
El proyecto legislativo en Senado tiene una arquitectura que complementa la tarifa plana provincial. Apunta a diez provincias del Norte Grande —La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa y Santiago del Estero—, donde residen más de diez millones de personas. El régimen tarifario diferencial operaría entre octubre y marzo, los meses de más altas temperaturas. Las familias de menores recursos accederían a un subsidio del 50%, mientras que los usuarios de ingresos medios recibirían una reducción del 35%, sin límites de consumo. Las entidades de bien público también estarían cubiertas con reducciones del 35%.
La tarifa plana provincial, en ese contexto, representa una medida complementaria: mientras se lidia con la política nacional, La Rioja activa su propia herramienta de distribución equitativa. El sistema nivela el costo del servicio independientemente del volumen consumido, lo que beneficia particularmente a usuarios vulnerables y a pequeños productores que no pueden permitirse cargas tarifarias progresivas. Aunque aún en fase de evaluación, la iniciativa responde a la misma lógica que los proyectos legislativos: garantizar acceso a la energía sin que el costo resulte prohibitivo en una provincia donde el calor es un fenómeno de largo alcance estacional y donde la infraestructura de riego es condición de supervivencia económica.
Los legisladores riojanos no descartan ampliar el espectro de beneficiarios en ambas iniciativas —provincial y nacional—. López anticipó que «este proyecto es residencial por ahora, pero vamos a avanzar en lo comercial y productivo, porque los comercios tampoco pueden pagar sus boletas de luz». Rejal fue en la misma dirección: «Los productores nos hacen llegar sus quejas por los aumentos de tarifas. El año pasado presentamos proyectos para que el valor de la energía sea acorde al de la producción». La expansión sectorial forma parte de una estrategia de fases: consolidad apoyo alrededor del sector más vulnerable —hogares de menores ingresos— para luego expandir a sectores productivos y comerciales. La tarifa plana provincial puede ser la puerta de entrada para ese esquema más amplio.
Pedrali fue crítica sobre el retroceso que percibe en materia de federalismo energético desde 2023. «El abandono del federalismo energético y el aumento indiscriminado de tarifas profundizan las desigualdades en el interior del país», advirtió. Aquella frase encierra un diagnóstico político que trasciende La Rioja: durante gobiernos anteriores, existía un reconocimiento de que la energía en el interior requería protección pública diferenciada. Ahora, bajo una política tarifaria de corte liberal, ese reconocimiento desapareció. La tarifa plana es, en ese sentido, una reinvención local de lo que fue política pública nacional: la idea de que los costos energéticos deben reflejar las realidades regionales, no imponerse uniformemente desde el centro.
La convergencia de iniciativas —tarifa plana en EDELAR, proyecto de ley en Senado, proyecto de ley en Diputados— revela una coordinación política deliberada. La Rioja está desplegando una estrategia de múltiples vectores: implementación administrativa local inmediata, presión legislativa en ambas cámaras, y movilización del discurso sobre derechos y federalismo. Si el proyecto nacional no prospera, habrá al menos un instrumento provincial. Si la Cámara de Senadores lo rechaza, queda la presión desde Diputados. Es federalismo energético defendido con herramientas federales: presión desde abajo, desde las provincias hacia el centro, negándose a aceptar que Buenos Aires tenga derecho a una política energética diferente que el interior. La tarifa plana es la punta de lanza; las iniciativas legislativas son el cerco político. Juntas, buscan romper el esquema tarifario uniforme que La Rioja denuncia como injusto y económicamente destructivo.
