UNdeC responde a Nación: «Nos piden ser policías de los paros» — acusa coacción por amenaza de corte de fondos
César Salcedo denuncia que la intimación de 48 horas para informar sobre medidas de fuerza es un amedrentamiento. El Gobierno, dice, incumple la Ley de Financiamiento Universitario y ahora presiona a los rectores. Chilecito marchará el 12 de mayo.
El rector de la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), César Salcedo, realizó una respuesta dura a la nota enviada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias que íntima a los rectores a informar sobre medidas de fuerza en un plazo de 48 horas bajo amenaza de suspender fondos. Para Salcedo, se trata de una acción «netamente coactiva» que viola la autonomía de las casas de altos estudios y busca convertir a los rectores en «policías de los paros». La confrontación entre el Gobierno Nacional y el sistema universitario entra en una nueva fase: no solo de disputa por financiamiento, sino de presión para que los rectores repriman la protesta estudiantil.
El contexto es el siguiente: el Gobierno Nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de que un juzgado contencioso administrativo ya hizo lugar a la demanda de los rectores, el Gobierno «se niega nuevamente a cumplir, impugna la resolución judicial y ahora le pide al juzgado que le conceda efecto suspensivo al recurso extraordinario para no pagar lo que corresponde», según explicó Salcedo. Es decir: el Ejecutivo está apelando judicialmente para evitar pagar lo que debe a las universidades nacionales por ley. En ese contexto de conflicto, lanza la intimación a los rectores.
La intimación misma es lo que Salcedo califica como amedrentamiento. La Subsecretaría pide que en 48 horas los rectores informen sobre las medidas de fuerza que se tomen en sus universidades. La «letra chica» del comunicado advierte que ante la falta de respuesta en ese plazo arbitrario, «se podría proceder a la suspensión del envío de recursos». Para Salcedo, esto constituye una presión inadmisible: «Si ya son exiguos los fondos que han llevado al sistema universitario a realizar este tipo de medidas, amenazar con cortarlos es casi utilizar una acción de fuerza para imponer el cumplimiento de un informe que carece de sustento jurídico».
La denuncia de Salcedo toca un punto central: la hipocresía de la amenaza. El Gobierno cita artículos constitucionales en su nota a los rectores, pero es el Ejecutivo mismo quien está incumpliendo esos artículos. «El garante del financiamiento no somos los rectores, sino que es el presidente de la Nación el que debe remitir los fondos», señaló Salcedo. La intimación, entonces, aparece como una estrategia desviadora: mientras el Gobierno incumple con sus obligaciones legales, presiona a los rectores como si fueran responsables de mantener el orden en las universidades.
Salcedo fue explícito en caracterizar la medida como «parte de una estrategia para desviar el foco de la discusión, que realmente gira en torno al incumplimiento por parte del Ejecutivo Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario». En otras palabras: el Gobierno, en lugar de cumplir la ley y financiar las universidades, busca cambiar el tema, culpabilizando a los rectores por «permitir» paros estudiantiles. Es una inversión de responsabilidades donde la víctima (los rectores, las universidades, los estudiantes sin recursos) es responsabilizada por la agresión (el incumplimiento del Ejecutivo).
Sobre los estudiantes, que el Ministerio calificó como «víctimas», Salcedo fue enfático: «Los alumnos no son rehenes de ninguna medida porque a través de la FUA participan en todas y cada una de las acciones que el colectivo universitario viene tomando». Es decir, los estudiantes no son pasivos sino actores soberanos en las decisiones de protesta. Más aún, Salcedo identificó una realidad económica que explica por qué los estudiantes apoyan las medidas: «Sienten las medidas del Ejecutivo como ciudadanos y como trabajadores que son, miembros de familias donde el salario ya no alcanza a llegar al último día del mes sino que a mitad de mes ya se torna inexistente».
La situación de UNdeC, según Salcedo, es clara: «Mantiene sus puertas abiertas y ha diseñado sus propios mecanismos de contingencia en el marco de su autonomía». La universidad ha tomado decisiones propias, como tomar exámenes finales sin interrupción de clases para no perjudicar el calendario. Pero, enfatizó el rector, esto no significa que deba «rendir cuentas al subsecretario de lo que la comunidad chileciteña decide de forma soberana». La autonomía universitaria no es una ficción retórica sino un principio constitucional que protege la capacidad de las universidades de tomar sus propias decisiones.
Salcedo confirmó que la UNdeC participará en la marcha programada para el 12 de mayo. «Chilecito va a salir a marchar y a peticionar a las autoridades nacionales como ya lo hizo en tres oportunidades anteriores, concentrándonos en el corazón mismo de la ciudad, en la plaza Caudillo Federal, porque la universidad no se apaga», afirmó. Esta marcha representa una continuidad de la protesta: no es la primera, ha habido movilizaciones anteriores. La intención es mantener visible el conflicto entre el Gobierno Nacional y el sistema universitario.
El conflicto universidad-Nación trasciende lo financiero. Toca cuestiones de autonomía institucional, de capacidad de protesta, de responsabilidad del Estado en el financiamiento de educación superior. La respuesta de Salcedo caracteriza la intimación como un intento de instrumentalizar a los rectores para reprimir la protesta estudiantil. Esto abre un debate más amplio: ¿pueden las universidades mantener su autonomía cuando el Gobierno presiona con amenazas de corte de fondos? ¿Qué significa autonomía universitaria en un contexto donde el Ejecutivo es el principal financiador y lo usa como arma de presión?
La respuesta de Salcedo es clara: la autonomía existe precisamente para casos como estos, donde los poderes fácticos (en este caso, el Ejecutivo) buscan imponer su voluntad sobre instituciones que deben funcionar según su propia lógica. La marcha del 12 de mayo no será sobre los paros en sí, sino sobre la capacidad de las universidades de existir como espacios autónomos en una democracia donde el Ejecutivo incumple leyes y presiona a quienes la reclaman. Para Salcedo, «la universidad no se apaga» porque tiene la responsabilidad histórica de mantener espacios de pensamiento crítico y de demanda por justicia social, incluso contra la presión estatal.