San Juan responde a La Rioja por el bloqueo al proyecto Vicuña: «Daña al país»
El ministro de Minería sanjuanino cuestionó la decisión de cerrar el acceso de Guandacol. Quintela reactivó la disputa histórica sobre límites provinciales y jurisdicción territorial sobre la zona minera
El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió al contraataque contra las medidas adoptadas por La Rioja para frenar el acceso al proyecto Vicuña (Lundin Mining/BHP), asegurando que la decisión judicial riojana «no daña solo a San Juan, daña al país». Las declaraciones constituyen la respuesta directa a las acciones del gobernador Ricardo Quintela, quien mediante fallos judiciales riojanos logró interrumpir el uso del camino de Guandacol, acceso que la operadora minera utiliza para llegar al campamento Batidero ubicado en territorio sanjuanino.
Perea enfatizó que los conflictos interprovinciales de esta envergadura generan un mensaje negativo hacia inversores extranjeros. «Cuando pasan este tipo de situaciones, el mensaje que se da hacia afuera es muy negativo», sostuvo en declaraciones a medios locales. Su crítica trasciende la disputa bilateral y se proyecta hacia el posicionamiento de Argentina como destino minero internacional, una línea argumentativa que refleja la alarma que genera en San Juan la confrontación con La Rioja en torno a Vicuña.
La jurisdicción territorial como núcleo del conflicto
El punto de quiebre radica en una cuestión que excede lo puramente ambiental: la jurisdicción territorial. El camino de Guandacol, cuyos accesos están en territorio riojano, representa el paso obligado hacia el campamento Batidero, ubicado en San Juan. La Rioja ha argumentado que cualquier proyecto que afecte su territorio—incluyendo el acceso vial—requiere aprobación ambiental riojana, un criterio que San Juan rechaza.
Perea enfatizó que el proyecto Vicuña representa «inversiones millonarias y proyectos que generan trabajo y desarrollo». Sin embargo, omitió en sus declaraciones un aspecto central del planteo riojano: que el emprendimiento minero Vicuña/Josemaría, aunque ubicado en San Juan, impactaría sobre acuíferos y cuencas hídricas que se extienden hacia La Rioja. Este es el verdadero fondo de la disputa—no simplemente acceso vial, sino control sobre recursos hídricos compartidos.
Quintela reabre la cuestión de límites históricos
Simultáneamente a las críticas de Perea, el gobernador Ricardo Quintela reactivó una disputa histórica que había permanecido dormida: la revisión de los límites provinciales entre San Juan y La Rioja. Quintela argumentó que acuerdos sobre límites territoriales firmados durante gobiernos de facto carecen de legitimidad democrática y deberían ser reexaminados. Sumó además al debate la zona del Valle de la Luna, tradicionalmente considerada patrimonio cultural riojano pero territorialmente cuestionada en contextos de expansión minera sanjuanina.
Este movimiento de Quintela no es accidental. Al replantear límites históricos, La Rioja abre una discusión que trasciende Vicuña y posiciona el conflicto minero como parte de una reivindicación territorial más amplia. Es una estrategia que eleva el costo político de la negociación para San Juan, obligándolo a comprometerse no solo sobre Vicuña sino sobre cuestiones territoriales de largo plazo.
El fallo judicial riojano como herramienta política
El fallo judicial que ordenó frenar actividades vinculadas a Vicuña y prohibió el uso del camino de Guandacol fue presentado por Quintela como una victoria defensiva. Sin embargo, desde la óptica sanjuanina, constituye un bloqueo que pone en riesgo una inversión que Lundin Mining y BHP han valuado en miles de millones de dólares.
La exigencia de un estudio de impacto ambiental aprobado por La Rioja representa, en la práctica, un veto de facto sobre el proyecto. San Juan sostiene que tiene jurisdicción ambiental sobre territorio sanjuanino; La Rioja contrapone que los recursos hídricos compartidos le otorgan derechos sobre decisiones que afecten ecosistemas interprovinciales.
Impacto fiscal y político en La Rioja
Desde la perspectiva riojana, sin embargo, el cálculo es distinto. La Rioja enfrenta una crisis fiscal estructural que limita inversión pública, pero controla—mediante presión política y judicial—una variable crítica: el acceso territorial al proyecto. Esta capacidad de veto es, paradójicamente, uno de los pocos activos de negociación que La Rioja posee frente a San Juan en el contexto actual.
Quintela ha utilizado Vicuña como palanca política en múltiples frentes: frente a San Juan (presión por jurisdicción), frente al gobierno nacional (negociación por coparticipación y fondos ATN), y frente a su propia provincia (narrativa de defensa de recursos naturales contra provincias vecinas).
El conflicto también refleja asimetrías de poder. San Juan, con gobernador Sergio Uñac y apoyo presidencial histórico, puede hacer lobby internacional sobre Vicuña. La Rioja, con menores recursos políticos y económicos, usa el sistema judicial como contrapeso.
¿Qué está realmente en juego?
Perea aseguró que «nosotros sabemos hacer minería y queremos seguir creciendo con reglas claras». La frase resume el planteo sanjuanino: previsibilidad y seguridad jurídica para inversores. Pero La Rioja contrapone su propio planteo: seguridad sobre recursos hídricos, especialmente crítica en contexto de sequía histórica que afecta la provincia.
El proyecto Vicuña puede producir entre 400.000 y 600.000 toneladas anuales de cobre. Las implicaciones hídricas en zonas áridas como La Rioja son exponenciales. Un litro de agua destinado a minería es un litro que no está disponible para agricultura, ganadería o consumo humano en una provincia donde el estrés hídrico es realidad cotidiana.
El enfoque de Perea—»daña al país»—intenta elevar el conflicto desde lo provincial a lo nacional, sugiriendo que La Rioja está siendo parroquial y perjudicando inversión nacional. Sin embargo, La Rioja podría contra-argumentar: que defender recursos hídricos contra explotación minera especulativa también es «cuidar al país», especialmente frente a cambio climático e inseguridad hídrica creciente.
Lo notable es que Quintela ha logrado, mediante presión judicial, convertir el fallo en un instrumento político que trasciende Vicuña. Al replantear límites provinciales, La Rioja abre una negociación que obligaría a San Juan a concesiones más amplias que simplemente autorizar caminos de acceso. Es una estrategia de asimetría: San Juan quiere una solución rápida sobre Vicuña; La Rioja ofrece una solución lenta a cambio de reconfiguración territorial.
El ministro Perea probablemente tiene razón en que la tensión genera mensajes negativos a inversores. Pero desde La Rioja, ese «mensaje negativo» es exactamente el punto: que no hay línea segura entre conflicto minero y negociación política, que los recursos naturales riojanos no están en venta a velocidad sanjuanina, y que la provincia está dispuesta a frenar proyectos de magnitud internacional antes que ceder jurisdicción sobre agua. En crisis fiscal y ambiental, eso es la única moneda de cambio que La Rioja posee.