El ministro de Minería sanjuanino acusó de falsas las declaraciones del funcionario riojano sobre Lunahuasi e invocó la Ley Nacional 18.004 para sustentar la competencia exclusiva de su provincia
La disputa interprovincial por la jurisdicción del proyecto minero Vicuña escaló a un enfrentamiento frontal tras las declaraciones del ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, quien rechazó públicamente las aseveraciones del ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, sobre la ubicación del yacimiento de Lunahuasi. El funcionario sanjuanino calificó como «falsas» las declaraciones riojanas e invocó argumentos legales para respaldar la exclusividad jurisdiccional de su provincia.
Perea fundamentó su posición en la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso en 1968 y ratificada posteriormente en el Digesto Jurídico Argentino, que establece que Lunahuasi se encuentra íntegramente en territorio de San Juan. Según el funcionario, el proyecto ya cuenta con aprobación ambiental y permisos otorgados por San Juan, «única autoridad competente» en la materia. El ministro calificó los reclamos riojanos como intentos de presionar «para obtener por la fuerza lo que no le corresponde por derecho».
El conflicto revive la tensión de años entre ambas provincias respecto del complejo minero de cobre desarrollado por la sociedad constituida por Lundin Mining y BHP. La Rioja ha sostenido históricamente una posición sobre límites interprovinciales en la zona de Guandacol-Lunahuasi, mientras que San Juan defiende su soberanía territorial basándose en normativa nacional. El proyecto, que representa inversiones significativas en exploración y desarrollo, ha sido objeto de múltiples intervenciones judiciales y administrativas.
La respuesta de Perea refleja la rigidez de San Juan en torno a la cuestión jurisdiccional. El funcionario cerró su serie de mensajes con un enunciado de defensa territorial: «Defendemos nuestro territorio con la ley en la mano». La postura contrasta con la histórica reivindicación riojana de participación en los beneficios e ingresos tributarios del proyecto, argumentado desde limitaciones geográficas y perspectivas sobre la delimitación interprovincial.
El tenor del intercambio sugiere que la vía institucional sigue siendo el campo de disputa, con ambas provincias apelando a marcos legales para legitimar sus posiciones. Sin embargo, la escalada retórica entre funcionarios mineros de ambas provincias indica el persistente carácter conflictivo de una negociación que involucra intereses económicos substanciales.
