Ante 30 meses consecutivos de caída en empleo registrado, las constructoras riojanas buscan rescatar casas sin terminar con un modelo que mezcla aportes estatales, empresariales y de propietarios. El sector denuncia que la obra pública nacional paralizada drastra a La Rioja hacia una crisis sin precedentes
La Cámara de la Construcción de La Rioja presentó una propuesta de emergencia para el Gobierno provincial: crear un sistema de financiación mixta que permita terminar entre 600 y 800 viviendas que quedaron paralizadas en diferentes estadios de ejecución. La iniciativa reconoce tácitamente que el sector constructor provincial se encuentra en colapso estructural —acumula 30 meses consecutivos de caída en empleo registrado, lo que equivale a dos años y medio de contracción continua— y que sin intervención estatal, esas casas seguirán deteriorándose hasta hacerse económicamente irrecuperables. La propuesta mezcla fondos FONAVI que el Gobierno provincial recibe mensualmente del Estado nacional, aportes iniciales de los futuros propietarios, financiamiento de las empresas constructoras, y un sistema de cuotas posteriores que permitiría retroalimentar el fondo para nuevos proyectos. Detrás de la propuesta hay una advertencia implícita: La Rioja no solo enfrenta una crisis de construcción, sino una crisis de acceso a vivienda para sectores medios que esperan hace años sus casas inmovilizadas en obra.
Las 600 a 800 casas: el inventario de la parálisis
Héctor Spallanzani, presidente de la Cámara de la Construcción de La Rioja, cuantificó el alcance del problema: entre 600 y 800 casas están en ejecución pero paralizadas en la provincia. La cifra es significativa en términos demográficos: representa potencialmente entre 3.000 y 4.000 personas aguardando el término de sus viviendas, considerando un promedio de familias por vivienda. Esto convierte la paralización de obra en una crisis de acceso a vivienda que toca directamente a miles de riojanos.
Spallanzani advirtió sobre una dinámica perversa: «Se están deteriorando y que si siguen paralizadas después será mucho más costoso poder recuperarlas». Cada mes que una vivienda en construcción permanece paralizada, sufre deterioro por exposición climática (lluvia, sol, humedad), vandalismo, robo de materiales, y pérdida de valor estructural. Lo que hoy cuesta X terminar puede costar 2X o 3X si se abandona durante años. La Cámara busca evitar ese escenario, proponiendo una intervención que rescate proyectos a medio camino.
El modelo de financiación mixta: empresas, Estado y propietarios
La propuesta de la Cámara de la Construcción articula tres fuentes de financiamiento:
- Aportes empresariales: Las constructoras asumirían parte del costo de terminación. Spallanzani no especificó el porcentaje exacto que las empresas aportarían, pero la lógica es que tengan incentivo económico en completar proyectos.
- Fondos FONAVI estatales: El Gobierno provincial recibe mensualmente fondos FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda), una transferencia federal destinada a políticas habitacionales. La Cámara propone que La Rioja redirija estos fondos —actualmente subutilizados o destinados a otros usos— específicamente hacia la terminación de estas casas.
- Aportes de propietarios: Los futuros dueños realizarían un aporte inicial durante la fase de terminación, reduciendo el capital total que deben financiar posteriormente.
Una vez entregada la vivienda, los propietarios comenzarían a pagar «una cuota mensual con monto a definir para poder retroalimentar el sistema». Esta estructura de cuotas post-entrega busca crear un fondo rotativo: el dinero que pagan los primeros propietarios financia la terminación de nuevas viviendas para otros propietarios, generando un ciclo sostenible.
Spallanzani describió el modelo: «La idea es proponer un mix de financiación. Que las empresas financien una parte, que el futuro propietario pueda hacer un aporte inicial y algo que tendría que aportar el Estado a través del FONAVI que mensualmente se recibe, que destine esos fondos».
El contexto nacional: la parálisis de obra pública como causa estructural
La crisis de la construcción en La Rioja no es una anomalía local, sino un síntoma de una decisión política nacional. El Gobierno nacional decidió paralizar la obra pública en todo el país, una medida de austeridad fiscal que impactó devastadoramente en provincias como La Rioja, donde el sector público es un cliente importante del sector construcción.
Spallanzani reconoció esta dimensión nacional: «Estamos en una situación muy crítica, y esto no pasa solo en La Rioja sino casi a nivel de todo el país. Otras cámaras de otras provincias nos cuentan que esta situación se da en todo el país. El sector nuestro en la provincia está totalmente paralizado».
La paralización de obra pública no solo afecta a empresas grandes que ejecutaban proyectos estatales; afecta a toda la cadena de valor: pequeñas constructoras que ejecutaban proyectos menores, proveedores de materiales, empresas de logística, trabajadores de la construcción. La Rioja, con su economía dependiente del sector público, fue especialmente vulnerabilizada por esta decisión.
Los 30 meses: la duración de la caída
Un dato que marca la gravedad es que el sector acumula «30 meses consecutivos» de caída en empleo registrado. Eso significa que durante dos años y medio, mes tras mes, la cantidad de trabajadores formales en construcción ha disminuido. No se trata de fluctuaciones cíclicas; es una caída sostenida que refleja no solo paralización de obra, sino cierre de empresas y despidos permanentes.
En términos de trabajadores, esto significa que decenas o cientos de empleados formales en construcción han perdido sus puestos de trabajo en La Rioja. Muchos probablemente hayan migrado a sectores informales o abandonado la provincia en busca de empleo.
FONAVI: recursos subutilizados que podrían ser redirigidos
Un aspecto interesante de la propuesta es que identifica fondos FONAVI que el Gobierno provincial recibe pero aparentemente no está utilizando de manera óptima. FONAVI es una transferencia federal específicamente destinada a vivienda; si La Rioja lo recibe pero no lo ejecuta en políticas habitacionales, esos fondos podrían estar siendo desviados a otros usos presupuestarios.
La Cámara está pidiendo implícitamente mayor disciplina fiscal: que el FONAVI se destine específicamente a terminar estas 600-800 casas. Es una propuesta que reorienta recursos ya disponibles hacia un objetivo concreto, sin requerir nuevas asignaciones presupuestarias.
El costo de la no intervención
Spallanzani advirtió sobre una lógica de costos que actúa en dirección contraria a la propuesta: cada mes que pasa, las casas se deterioran, aumentando el costo futuro de recuperación. Una casa sin terminar que deteriora durante tres años puede requerir un sobrecosto de 30-50% para reparar daños y recuperar calidad. Si el Gobierno no interviene ahora con fondos que ya posee (FONAVI), puede enfrentar costos mucho mayores en el futuro, además de la crisis social de miles de familias sin vivienda.
Las viviendas como problema político
Las 600-800 casas paralizadas representan también un problema político. Son familias que compraron o reservaron viviendas, muchas con ahorros de años, y que ahora enfrentan la incertidumbre de cuándo —si es que alguna vez— recibirán sus propiedades. Esas familias son votantes; su frustración acumula presión política sobre el Gobierno provincial.
Una intervención exitosa que termine esas viviendas resolvería simultáneamente un problema habitacional, un problema económico (reactivación de construcción), y un problema político (restauración de confianza en el Estado).
La Cámara de la Construcción está pidiendo al Gobierno provincial que haga lo obvio: use el FONAVI que ya recibe para terminar casas que están a medio construir. No pide dinero nuevo, solo reorientar fondos federales que están destinados exactamente a eso: vivienda. Treinta meses de caída continua en empleo registrado. Seiscientas a ochocientas casas sin terminar. Miles de familias esperando. El Gobierno nacional paralizó la obra pública para ajustar; La Rioja paga el precio. Ahora tiene la oportunidad de actuar con los recursos que posee. Si no lo hace, en dos años más esas casas serán irrecuperables, el costo de terminación habrá aumentado exponencialmente, y el sector construcción probablemente habrá colapsado definitivamente. La propuesta de la Cámara no es un lujo; es una cirugía de emergencia para evitar una gangrena que ya está comenzando.
