La jueza del Tribunal Superior de Justicia detalló la nueva composición del órgano civil, que por primera vez suma con voz y voto a las universidades riojanas. Confirmó la creación de una escuela específica para la capacitación en Inteligencia Artificial y problemáticas ambientales, y defendió la transición hacia juicios más veloces: «No queremos una justicia que se mida por años, sino por derechos».
El Consejo de la Magistratura de La Rioja formalizó la asunción de sus nuevas autoridades para un período institucional de tres años, bajo el mandato de la nueva Constitución Provincial. El órgano autónomo y autárquico, encargado de la selección y control de los magistrados, será presidido por la doctora Karina Becerra, vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). En sus primeras declaraciones, la magistrada trazó los objetivos centrales de su gestión, marcados por la inminente transición hacia el sistema acusatorio penal y la creación de una escuela formativa propia.
«El Consejo de la Magistratura está conformado por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además del Consejo de Abogados y la Asociación de Magistrados. Como gran novedad de la reforma, el fiscal y el defensor general ahora son miembros permanentes con voz y voto. También se incorporaron las universidades; mediante un sorteo entre la UNLaR y la Universidad de Chilecito, quedó seleccionada esta última, incorporando de manera formal al doctor Pablo Flaim«, detalló Becerra.
La presidenta del cuerpo anunció que la estructura pondrá en marcha un espacio de formación técnica inédito para los aspirantes a la judicatura: «Planteamos la creación de la Escuela del Consejo de la Magistratura. Si bien el TSJ ya tiene una escuela judicial para el recurso humano interno, este nuevo ámbito trabajará específicamente en la capacitación para los concursos de oposición, con fuerte foco en esta era que viene de la Inteligencia Artificial, la cuestión ambiental y la formación de contenidos profundos. Es un gran desafío de cara a la modernización de la justicia», argumentó.
El fin de la justicia «vetusta y lenta»
Al ser consultada sobre las dinámicas internas y la articulación del máximo tribunal riojano, Becerra desestimó cualquier tipo de internas políticas y remarcó la distribución de tareas operativas entre los vocales —mencionando que el doctor Claudio Ana lidera la digitalización de expedientes papel y Claudio Saú coordina la mesa de implementación del sistema acusatorio—.
«Nosotros trabajamos en un equipo maduro y responsable, planteando objetivos comunes. Lo hablábamos el otro día en acuerdo: no queremos más una justicia que se mida por años, sino que se mida por derechos. Cuando un juicio lleva mucho tiempo, la persona se siente agraviada y se empieza a perder la confianza institucional. Nuestro sistema actual es mixto, vetusto, lento y escrito. Con el sistema acusatorio que aprobó la Legislatura vamos a migrar a procedimientos rápidos e inmediatos. No se trata de modificar la pena, sino de agilizar el proceso para no estar seis o siete meses esperando una medida preventiva».
Respecto a las condiciones para acceder a un cargo de juez en la provincia, la magistrada recordó que se exige la matrícula de abogado y un mínimo de 8 años en el ejercicio activo de la profesión. «Buscamos postulantes con experiencia real. El Consejo realiza exámenes escritos, orales, entrevistas personales y sumamos los exámenes psicológicos obligatorios para determinar la idoneidad del aspirante. La vara quedó alta y nuestro compromiso es evitar las subrogancias transitorias; la sociedad necesita que los jueces pasen por todo el proceso constitucional de antecedentes y oposición», defendió.
Violencia escolar: aplicación del protocolo tras el caso de Tilimuqui
La jueza del TSJ analizó también el alarmante episodio ocurrido esta semana en el departamento Chilecito, donde se le secuestró un arma de fuego a un alumno dentro del Colegio Secundario de Tilimuqui, y defendió la efectividad del protocolo interinstitucional contra la violencia en las aulas que le tocó coordinar.
«Afortunadamente fue un hecho aislado que frenó la escalada de temor que venía dándose. El objetivo del protocolo es determinar el antes y el después, analizando el contexto sociológico del adolescente. El primer aro de contención siempre es la familia y luego el Estado con educación y salud. Muchos padres creen que porque su hijo está encerrado en la habitación está seguro, y eso es un error grave ante los peligros de las redes sociales», alertó la funcionaria.
Becerra detalló que el abordaje de estos casos ya no contempla términos punitivos tradicionales sino una intervención interdisciplinaria integral: «Ya no se dice más ‘menor’, nos referimos a niños, niñas y adolescentes. El protocolo establece la intervención rápida del juez de menores y de equipos técnicos para evaluar el entorno. En muchos casos detectamos situaciones severas de bullying o una profunda ausencia familiar. La ley penal juvenil debe buscar la reinserción y la toma de conciencia del daño ocasionado; las escuelas deben ser lugares seguros para aprender y enseñar, no ámbitos de temor permanente. La sociedad toda, desde el rol que nos toque —en mi caso como catequista o en el Rotary—, debe asumir una responsabilidad social compartida y no propagar amenazas virtuales que generen pánico», reflexionó.
Finalmente, al abordar el debate nacional sobre las falsas denuncias y el proyecto de ley impulsado en el Congreso, la magistrada pidió «equilibrio» y diferenció las órbitas de los fueros de Familia y Género. «En los juzgados de familia de la provincia contamos con un Código de Procedimiento propio y trabajamos con equipos interdisciplinarios que brindan contención urgente tanto a la víctima como al agresor. No basta con poner una tobillera electrónica o dictar una cautelar de restricción; se necesita un tratamiento integral para ambas partes cuando hay un niño involucrado. Por eso insistimos en que el sistema acusatorio penal será la herramienta clave para dar respuestas rápidas en la órbita de género», concluyó.
