A través del Decreto 989, el gobernador riojano oficializó las dos semanas de vacaciones para la administración pública en coincidencia con el calendario escolar. Presión interna por la pérdida del poder adquisitivo y el debut de los «Chachos».
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, oficializó mediante la firma del Decreto N° 989 el receso invernal para la totalidad de los agentes de la Administración Pública Provincial, una medida que paralizará el grueso de la actividad estatal interna entre el 13 y el 24 de julio. El anuncio busca llevar previsibilidad a la planta pública y coordinar el bache de la gestión con las vacaciones del sistema educativo regional, aunque se da en un marco de fuerte ebullición política y gremial por el impacto de la crisis económica en los ingresos de los empleados del Estado.
Desde el Ejecutivo provincial argumentaron formalmente que la decisión tiene como propósito «acompañar el receso escolar y facilitar la organización familiar durante ese período». De todas maneras, la letra chica del decreto estipula que cada ministerio y organismo descentralizado deberá diseñar un esquema de guardias mínimas para garantizar la continuidad y el normal funcionamiento de los servicios esenciales del Estado riojano durante la vigencia del receso.
El trasfondo fiscal: paritarias congeladas y la sombra de las cuasimonedas
La firma del decreto llega en un momento de extrema delicadeza financiera para la provincia del Norte Grande, jaqueada por el recorte de las transferencias discrecionales ordenado por la Casa Rosada y la parálisis total de la obra pública nacional. En los pasillos de la Casa de las Tejas admiten que el receso funciona también como un enfriador temporal para la creciente conflictividad de los gremios estatales, que vienen exigiendo recomposiciones de fondo ante una inflación que pulverizó la capacidad de compra de la administración pública.
A esto se le suma la tensión por el inminente desembarco de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), popularmente bautizados como «Chachos», con los cuales la gobernación planea abonar una porción de los salarios públicos y pasivos tras las vacaciones. Los sectores opositores de La Libertad Avanza y el PRO local ya advirtieron que esta medida empujará al comercio local a una devaluación encubierta y profundizará el aislamiento financiero de la provincia, que permanece en default técnico ante los mercados internacionales.
Con los tribunales y los despachos públicos operando al mínimo a partir del 13 de julio, Quintela apuesta a ganar margen de maniobra política para terminar de aceitar el circuito de circulación de la cuasimoneda y reconfigurar la estrategia frente al nuevo jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, de quien el quintelismo espera un perfil más negociador que el de su antecesor para destrabar fondos clave antes del regreso a la actividad plena en agosto.
