La Rioja decretó dos semanas de receso para los empleados públicos y unificó el calendario con las vacaciones escolares

El Gobierno de La Rioja dispuso que la Administración Pública Provincial tendrá receso invernal entre el 13 y el 24 de julio. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 989 y busca unificar el cronograma con el calendario escolar. El Gobierno de La Rioja oficializó el receso invernal para la Administración Pública Provincial, que…

El Gobierno de La Rioja dispuso que la Administración Pública Provincial tendrá receso invernal entre el 13 y el 24 de julio. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 989 y busca unificar el cronograma con el calendario escolar.

El Gobierno de La Rioja oficializó el receso invernal para la Administración Pública Provincial, que se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio de 2026, en coincidencia con las vacaciones de invierno del sistema educativo.

La decisión fue establecida mediante el Decreto N.º 989, firmado por el gobernador Ricardo Quintela, y alcanza a las y los agentes de la Administración Pública Provincial, quienes dispondrán de dos semanas de descanso.

Desde la Casa de las Tejas señalaron que la medida busca armonizar el funcionamiento del Estado con el calendario escolar, facilitando la organización familiar durante el período de vacaciones de invierno.

Como ocurre habitualmente en este tipo de disposiciones, los organismos que prestan servicios esenciales deberán mantener las guardias y esquemas de funcionamiento necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones públicas.

La decisión se suma a otras medidas adoptadas por la administración provincial en las últimas semanas para adecuar el funcionamiento del Estado a acontecimientos de alta convocatoria, como el permiso especial otorgado para la Administración Pública y el sistema educativo durante el partido de la Selección Argentina en el Mundial.

Con este decreto, el Ejecutivo provincial ratifica el cronograma oficial de invierno y establece un período de receso común entre la administración pública y el sistema educativo, una modalidad que el Gobierno considera clave para facilitar la organización de los trabajadores estatales y sus familias.


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