El gobernador envió a la Legislatura un proyecto para crear un fuero electoral especializado con autonomía funcional y financiera. La iniciativa cuenta con el respaldo de la amplia mayoría oficialista, mientras La Libertad Avanza denuncia un intento de ampliar la influencia del peronismo sobre las instituciones provinciales.

A menos de dos años del recambio gubernamental, el gobernador Ricardo Quintela puso en marcha una de las reformas institucionales más importantes de su segundo mandato. El Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto para crear la Justicia Electoral de La Rioja, un fuero especializado que tendrá a su cargo la organización, el control y la administración de todos los procesos electorales provinciales.

Aunque el oficialismo sostiene que la iniciativa busca modernizar el sistema institucional y dotar a la provincia de un organismo específico para la materia electoral, la oposición cuestiona el alcance del proyecto y advierte que el peronismo pretende consolidar su influencia sobre un área clave antes de las elecciones de 2027.

Una reforma con respaldo legislativo asegurado

El proyecto llega a una Cámara de Diputados donde el oficialismo tiene una posición dominante.

El bloque Justicialista controla 30 de las 36 bancas, a las que se suma un legislador aliado, una mayoría que le permite aprobar la iniciativa sin depender de acuerdos con la oposición.

La Legislatura es presidida por la vicegobernadora Teresita Madera, una de las principales figuras del oficialismo y mencionada entre los posibles nombres para suceder a Quintela en 2027.

Con este escenario, salvo modificaciones introducidas por el propio oficialismo durante el debate parlamentario, la creación del nuevo fuero electoral no enfrenta obstáculos para convertirse en ley.

Cómo será la nueva Justicia Electoral

La propuesta no modifica el sistema de votación ni introduce cambios en el régimen electoral vigente.

Su principal objetivo es crear un fuero especializado integrado por dos organismos:

• un Tribunal Electoral;
• un Juzgado Electoral.

El Tribunal Electoral estará conformado por tres miembros que ejercerán funciones durante cuatro años.

Su integración será mediante sorteo entre funcionarios judiciales:

• un integrante del Tribunal Superior de Justicia, que ejercerá la presidencia;
• un juez de Cámara;
• un integrante del Ministerio Público de la Defensa.

El organismo tendrá autonomía funcional y autarquía financiera, administrará su propio presupuesto y será la máxima autoridad electoral provincial.

Las nuevas atribuciones

Entre sus funciones estarán:

• elaborar el cronograma electoral;
• confeccionar el padrón provincial;
• oficializar candidaturas;
• resolver impugnaciones;
• realizar el escrutinio definitivo;
• actuar como instancia de apelación del Juzgado Electoral;
• administrar los recursos de la Justicia Electoral.

El proyecto también crea un Juzgado Electoral, cuyo titular será designado mediante concurso público y tendrá un mandato de diez años, similar al de otros magistrados provinciales.

Ese juez será responsable de:

• otorgar personerías jurídico-políticas;
• controlar la actividad de los partidos políticos;
• supervisar las elecciones internas;
• fiscalizar el patrimonio partidario;
• resolver conflictos vinculados con alianzas y procesos electorales internos.

El rol del Consejo de la Magistratura

La designación del futuro juez electoral comenzará en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de confeccionar la terna de candidatos.

Luego, la Legislatura deberá aprobar el pliego por una mayoría de dos tercios de los presentes.

En ese proceso, el oficialismo también parte con una posición favorable.

El Consejo de la Magistratura está integrado por nueve miembros y el peronismo tiene influencia directa sobre cuatro representantes —tres vinculados al Poder Ejecutivo y la Legislatura—, además de capacidad para bloquear decisiones al requerirse mayorías especiales.

Ese aspecto es uno de los principales cuestionamientos planteados por la oposición.

La Libertad Avanza denuncia una «colonización» institucional

El diputado provincial Diego Molina Gómez, de La Libertad Avanza, fue uno de los primeros en rechazar públicamente el proyecto.

Según sostuvo, muchas de las funciones previstas para el nuevo juzgado podrían desarrollarse mediante una dependencia administrativa sin necesidad de crear un nuevo organismo judicial.

Además, acusó al oficialismo de impulsar una estructura destinada a «colonizar la Justicia» y consolidar posiciones institucionales antes del cambio de gobierno previsto para 2027.

Desde el Ejecutivo provincial rechazan esa interpretación y sostienen que la reforma responde a una deuda institucional histórica de La Rioja, una de las pocas provincias que aún no cuenta con un fuero electoral específico.

Un cambio con impacto político

La creación de la Justicia Electoral se produce en un momento de fuerte reconfiguración del escenario político riojano.

Ricardo Quintela transita su segundo mandato y, de acuerdo con la Constitución provincial, no podrá volver a postularse en 2027. Esa situación abrió la carrera por la sucesión dentro del peronismo, mientras La Libertad Avanza confirmó que competirá con un candidato propio para disputar la Gobernación.

En ese contexto, la creación de un organismo permanente encargado de administrar las elecciones adquiere una dimensión que excede lo técnico.

Para el oficialismo representa una modernización institucional. Para la oposición, constituye una reforma que modifica el equilibrio de poder en un momento clave de la política provincial.

Con la mayoría legislativa asegurada, el proyecto tiene altas probabilidades de convertirse en ley en las próximas semanas y pasar a formar parte del nuevo esquema institucional con el que La Rioja llegará a las elecciones de 2027.