El abogado y dirigente político Guillermo Galván cuestionó a Edelar y al Gobierno provincial por los incrementos registrados en las facturas de energía eléctrica. Sostuvo que la distribuidora elevó costos propios sin cumplir el procedimiento previsto por la legislación vigente y advirtió que los usuarios afrontan cargos que, a su entender, son ilegales.
Las nuevas facturas de energía eléctrica volvieron a instalar el debate tarifario en La Rioja. En medio de las quejas de comerciantes y usuarios por fuertes incrementos en el servicio, el abogado y ex viceintendente de la Capital Guillermo Galván denunció que las boletas presentan aumentos de entre 100% y 300%, cuestionó la política tarifaria de Edelar y reclamó la convocatoria inmediata a una audiencia pública.
En declaraciones a Radio La Red, el dirigente sostuvo que el incremento de las facturas no puede atribuirse únicamente a la reducción de subsidios nacionales, sino también a una modificación de componentes tarifarios que, según afirmó, debían ser debatidos previamente con la participación de los usuarios.
«Las boletas están llegando con aumentos del 100 al 300%. No es solamente consecuencia de la quita de subsidios nacionales, sino también de un incremento en los costos propios de la distribuidora», afirmó.
Cuestionamientos al Valor Agregado de Distribución
Galván sostuvo que la empresa aprovechó el proceso de recomposición tarifaria derivado de la reducción de subsidios nacionales para incrementar el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente que remunera el servicio prestado por la distribuidora.
Según explicó, ese concepto no puede modificarse sin una audiencia pública previa, ya que forma parte del régimen regulatorio provincial.
«El Valor Agregado de Distribución no puede modificarse por ley sin convocar previamente a una audiencia pública. Eso no ocurrió», aseguró.
El dirigente calificó la situación como una práctica reiterada y responsabilizó tanto a la empresa como al Gobierno provincial por la política tarifaria aplicada.
Diferencias con los anuncios oficiales
Durante la entrevista, Galván comparó las facturas que reciben los usuarios con las proyecciones difundidas meses atrás por la propia empresa.
Recordó que, al anunciar el impacto de la quita de subsidios nacionales, Edelar había estimado aumentos cercanos al 11% para usuarios residenciales, 34% para comercios y 40% para grandes consumidores.
Sin embargo, sostuvo que los incrementos observados en numerosas boletas superan ampliamente esos porcentajes.
«Se anunció un congelamiento tarifario, pero en la práctica los usuarios reciben aumentos muy superiores. Es un circo porque se incrementaron costos propios sin la transparencia que exige la normativa», cuestionó.
El amparo por la deuda de la pandemia
Galván también hizo referencia al recurso de amparo presentado contra el Decreto Provincial 1037, mediante el cual se autorizó a Edelar a recuperar en cuotas una deuda originada durante el período de la pandemia.
Según sostuvo, ese mecanismo incorpora un cargo adicional que representa entre un 5% y un 15% del valor de la factura.
El abogado estimó que ese concepto le permite a la distribuidora recaudar aproximadamente 1.700 millones de pesos mensuales.
A ello, agregó, se suman otros conceptos incluidos en la factura, como la Tasa de Alumbrado Público y el aporte destinado al Ente Único de Control de Servicios Públicos (EUCOP), que incrementan aún más el monto final que pagan los usuarios.
Críticas al organismo de control
El ex viceintendente también cuestionó el funcionamiento del EUCOP y reiteró su propuesta de eliminar el organismo.
A su entender, el ente no cumple adecuadamente su función de fiscalización pese a percibir un porcentaje de cada factura de energía.
«Se les cobra el 1,30% a unos 150.000 usuarios para sostener un organismo que, en nuestra opinión, no controla adecuadamente el servicio», sostuvo.
Reclamo de mayor transparencia
Galván criticó además la demora de la Justicia provincial para resolver el amparo presentado hace aproximadamente dos meses y reclamó que tanto la empresa distribuidora como las autoridades provinciales brinden explicaciones públicas sobre la composición de las tarifas.
En ese sentido, insistió en la necesidad de convocar una audiencia pública para revisar el esquema tarifario y permitir que usuarios, comerciantes e instituciones puedan conocer y debatir los criterios utilizados para determinar el costo del servicio.
Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las tarifas energéticas sobre hogares y pequeñas empresas, un debate que atraviesa a distintas provincias argentinas tras la reducción de subsidios nacionales y la revisión de los cuadros tarifarios del sector eléctrico.
