El fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, advirtió que el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” podría eliminar los límites nacionales para la compra de tierras rurales por extranjeros. Recordó el conflicto de Valle Hermoso, en el departamento Vinchina, donde una operación inmobiliaria incluyó viviendas, una capilla y espacios comunitarios. El Senado retomaría el debate el 6 de agosto.

El Gobierno de La Rioja expresó su preocupación por el proyecto de ley que busca modificar el régimen de propiedad de las tierras rurales y que volverá a ser discutido en el Senado de la Nación. La advertencia fue formulada por el fiscal de Estado provincial, Emilio Rodríguez, quien vinculó el debate nacional con el caso de Valle Hermoso, una comunidad riojana que quedó comprendida dentro de la venta de unas 200.000 hectáreas.

Rodríguez sostuvo que la iniciativa denominada “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” podría suprimir las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición de campos por personas físicas y jurídicas extranjeras.

“Bajo ese título y ese argumento, lo que están escondiendo es sacar el límite para que los extranjeros puedan adquirir la tierra que pretendan en todo el territorio de la Nación”, afirmó el funcionario provincial.

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pero su tratamiento en el Senado fue postergado el 16 de julio ante la falta de consenso entre el oficialismo y algunos de sus aliados. El debate quedó aplazado hasta una nueva sesión prevista para el 6 de agosto.

El caso riojano que anticipó el debate nacional

El fiscal de Estado recordó que la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales fue sancionada en 2011, después de que distintos casos de concentración y extranjerización instalaran el tema en la agenda pública.

Para La Rioja, el antecedente central fue Valle Hermoso, un distrito del departamento Vinchina ubicado en el oeste provincial.

Según relató Rodríguez, la comunidad está integrada por entre 30 y 50 familias y posee la estructura básica de un pequeño pueblo: viviendas, una capilla, una sala de primeros auxilios, espacios públicos y terrenos ocupados históricamente por productores y puesteros.

“Todo eso, dentro de 200.000 hectáreas, fue vendido como si el pueblo y la comunidad fueran una mercancía más, como si fueran un lote”, sostuvo.

El funcionario explicó que la operación no habría contemplado los derechos posesorios de quienes habitaban el lugar desde generaciones anteriores.

“Los pobladores tenían una posesión ancestral, pública, pacífica e ininterrumpida. No se conocía a nadie más como dueño de la tierra que a quienes vivían allí”, afirmó.

De acuerdo con el relato del fiscal, los habitantes sostuvieron durante casi una década una disputa judicial que permitió preservar la ocupación territorial. Rodríguez señaló que, con el paso del tiempo, la posesión de las familias fue reconocida de hecho y que actualmente continúan viviendo y produciendo en el lugar.

“La posesión es un hecho amparado por el derecho y vale como título. Hoy siguen siendo dueños y señores de esa tierra”, expresó.

Qué establece la ley vigente

La Ley 26.737 fija un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, tanto en el conjunto del territorio nacional como en cada provincia y departamento.

También determina que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del total permitido para extranjeros. Además, establece un máximo individual equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola o a la superficie equivalente determinada para otras regiones del país.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional plantea eliminar el techo general del 15% y transferir a las provincias la facultad de regular la venta de tierras rurales a ciudadanos y empresas extranjeras. La última versión mantendría restricciones específicas para Estados extranjeros o compañías controladas por ellos, cuyas operaciones requerirían autorizaciones especiales.

Rodríguez consideró que esa modificación dejaría al Estado nacional sin una política territorial uniforme y debilitaría las herramientas jurídicas disponibles para proteger a pobladores rurales frente a operaciones de gran escala.

“En nombre de la libertad se está dejando abierta la posibilidad de que cualquier persona jurídica, persona física o, lo que es más grave, cualquier Estado pueda adquirir tierras sin límites”, advirtió.

Una discusión que dividió al oficialismo y sus aliados

La reforma es promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió ante el Senado la necesidad de reforzar la protección de la propiedad privada y flexibilizar las restricciones que afectan al mercado inmobiliario rural.

La iniciativa, sin embargo, generó diferencias entre el Gobierno y parte de los bloques dialoguistas. El oficialismo debió suspender su tratamiento porque no tenía garantizados los votos para aprobar el capítulo referido a la compra de tierras por extranjeros.

Algunos gobernadores buscan conservar herramientas de control sobre las operaciones realizadas por capitales vinculados a otros Estados, mientras que que las negociaciones se concentran en definir qué restricciones seguirán vigentes y qué facultades tendrán las provincias.

La reforma eliminaría los principales topes establecidos por la legislación actual y trasladaría la regulación a cada jurisdicción provincial, una modificación que sus críticos consideran riesgosa por la desigual capacidad institucional de los distritos para controlar las compraventas.

Las críticas de la Iglesia y sectores de la oposición

La Conferencia Episcopal Argentina también se pronunció contra la modificación y advirtió que la liberalización de la venta de tierras rurales puede afectar la soberanía nacional, el acceso al agua y el control de recursos estratégicos.

Sectores de la oposición formularon objeciones similares. Elisa Carrió sostuvo que delegar completamente el control territorial en las provincias implicaría una transferencia inadmisible de facultades sobre un recurso esencial.

Desde la perspectiva del Gobierno nacional, en cambio, las restricciones vigentes desalientan inversiones y limitan artificialmente la actividad económica. En el sector inmobiliario rural aseguraron que el anuncio de una flexibilización ya despertó nuevas consultas de inversores extranjeros interesados en adquirir campos en la Argentina.

El temor por los recursos estratégicos

El debate no se limita a la producción agropecuaria. También alcanza zonas cordilleranas con minerales, reservas de agua, pasos fronterizos y áreas cercanas a parques nacionales.

Para Rodríguez, la eliminación de un límite federal puede tener consecuencias sobre la integridad territorial y la seguridad nacional.

“Esto pone en serio riesgo la soberanía, la integridad del territorio y la seguridad de la Nación”, afirmó.

Los datos difundidos durante el debate indican que alrededor del 5% de las tierras rurales argentinas se encuentra actualmente en manos extranjeras, por debajo del máximo legal del 15%. Sin embargo, algunas provincias presentan niveles superiores al promedio nacional y se aproximan al techo permitido por la normativa vigente.

La discusión que llegará nuevamente al Senado tendrá, por lo tanto, dos posiciones enfrentadas. El Gobierno sostiene que la flexibilización permitirá atraer capitales y garantizar el derecho de propiedad. Sus críticos advierten que la tierra no puede ser tratada únicamente como un activo comercial porque también involucra comunidades, recursos naturales y control territorial.

Desde La Rioja, el caso de Valle Hermoso vuelve a ser utilizado como advertencia. Para el fiscal de Estado, aquella operación demostró que detrás de una escritura o de la compraventa de una gran extensión rural pueden quedar comprendidos pueblos enteros y personas cuyos derechos históricos no siempre aparecen registrados en los documentos formales.

“Nos deja sin herramientas jurídicas para defender a los pobladores”, concluyó Rodríguez.