Vallejos y Córdoba abren una batalla por el control de la Justicia

Las renuncias del fiscal general Javier Vallejos y de la jueza de Instrucción Cecilia Córdoba abrieron una disputa que excede dos salidas personales: quién controlará áreas clave de la Justicia riojana y bajo qué reglas se resolverán las responsabilidades pendientes.

La UCR adelantó que rechazará la renuncia de Vallejos si existen pedidos de juicio político en trámite. La diputada Gabriela Rodríguez, integrante de la Sala Acusadora, sostuvo que aceptar la dimisión podría dejar inconclusas las investigaciones.

Vallejos enfrenta varias presentaciones, entre ellas una vinculada con la detención de la exgobernadora y diputada nacional Inés Brizuela y Doria. La existencia de denuncias no demuestra responsabilidad, pero obliga a la Cámara a decidir si investiga, archiva o acepta la renuncia.

La oposición puede fijar posición y exigir el procedimiento, aunque no cuenta con votos suficientes para imponerlo. La decisión dependerá de la mayoría peronista y de la estrategia que adopte el gobernador Ricardo Quintela.

La sucesión también está en juego

El fiscal general conduce la política de persecución penal y ocupa una posición estratégica. Por eso, la discusión no se limita a una vacante: define qué sector conservará influencia sobre el Ministerio Público durante la próxima etapa política.

En el oficialismo circuló el nombre del ministro de Seguridad, Miguel Zárate, como eventual reemplazante, aunque no existe una postulación formal. La versión muestra que la sucesión ya forma parte de la negociación.

Córdoba: otro mecanismo y el caso Goyochea

La situación de Cecilia Córdoba sigue un procedimiento diferente. Las responsabilidades de una jueza deben analizarse en el Consejo de la Magistratura y, si corresponde, en un Jurado de Enjuiciamiento. La Legislatura interviene en la dimisión, pero no aplica el mismo mecanismo previsto para el fiscal general.

Córdoba atribuyó su decisión a razones personales y negó que estuviera vinculada con una causa o con presiones. Hasta completar el trámite, continúa siendo la jueza natural del expediente por la muerte de Ilda Goyochea.

Una decisión con costo político

La Cámara de Diputados deberá votar y explicar si prioriza una transición rápida o la continuidad de los mecanismos de control. El oficialismo tiene la mayoría para ordenar el trámite; la oposición intentará evitar que las renuncias cierren las investigaciones.

El conflicto se proyecta hacia 2027. Quintela busca preservar capacidad de decisión sobre instituciones que sobrevivirán a su mandato, mientras la UCR procura convertir los pedidos de juicio político en un límite a esa reorganización.