La diputada provincial Gabriela Rodríguez cuestionó la ley aprobada por la Legislatura de La Rioja que declara la emergencia social y económica y suspende durante 180 días las ejecuciones prendarias. La representante de Chilecito sostuvo que la medida avanza sobre atribuciones reservadas al Congreso Nacional.
“No tenemos facultades como Cámara de Diputados para dictar esta suspensión”, afirmó Rodríguez. Según explicó, las prendas constituyen una garantía de los créditos y están reguladas por la legislación civil nacional. A su entender, la norma provincial podría afectar el derecho de propiedad y generar planteos judiciales de bancos, financieras y otros acreedores.
La legisladora de la Unión Cívica Radical advirtió además que la medida podría producir inseguridad jurídica y dificultar el acceso al financiamiento para los riojanos. “¿Quién va a querer prestar dinero si después una Legislatura suspende la ejecución de la garantía?”, planteó.
Rodríguez aclaró que reconoce la situación de las familias que no pueden afrontar créditos, impuestos, servicios o cuotas debido a la crisis económica. Sin embargo, consideró que la respuesta debe surgir del ámbito nacional. Por eso pidió a los diputados y senadores por La Rioja que presenten una iniciativa similar en el Congreso, donde —según remarcó— existe competencia para tratarla.
La ley todavía debe atravesar la instancia del Poder Ejecutivo provincial, que podrá promulgarla o vetarla. En caso de entrar en vigencia, Rodríguez anticipó que los acreedores podrían acudir a la Justicia para cuestionar su constitucionalidad.
Durante la entrevista, la diputada también explicó que no acompañó la aceptación de la renuncia del fiscal general Javier Vallejos porque existían procesos vinculados con su responsabilidad política. En cambio, votó a favor de aceptar la dimisión de la exjueza Cecilia Córdoba tras consultar que no había denuncias ni investigaciones en trámite en el Consejo de la Magistratura.
