La diputada provincial afirmó que la ley no elimina ni modifica las deudas, sino que abre un plazo para que las familias riojanas puedan negociar con sus acreedores y evitar la pérdida de bienes muebles.
La diputada provincial Lourdes Ortiz defendió la ley que suspende durante 180 días las ejecuciones de garantías prendarias en La Rioja y sostuvo que la medida busca aliviar la situación de familias afectadas por el endeudamiento y la caída de los ingresos.
“La ley no desconoce la deuda ni modifica su capital, sus intereses o los contratos originales”, aclaró la legisladora. Según explicó, la norma establece una pausa temporal sobre el procedimiento de ejecución para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores.
Ortiz vinculó la iniciativa con el deterioro de la economía nacional y afirmó que muchas familias recurren al crédito para cubrir necesidades básicas. También mencionó a trabajadores que perdieron su empleo y utilizan vehículos adquiridos mediante planes de pago para realizar repartos o trabajar con aplicaciones de transporte.
La suspensión alcanza a prendas constituidas sobre bienes muebles. La diputada recomendó que las personas notificadas por una posible ejecución consulten con un abogado o acudan a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, donde podrán recibir asesoramiento según las particularidades de cada caso.
La legisladora también advirtió sobre deudas transferidas por bancos o concesionarias a estudios jurídicos, que luego incorporan intereses y gastos administrativos. “El usuario se encuentra con una obligación que muchas veces se vuelve prácticamente imposible de pagar”, señaló.
Frente al cuestionamiento de la diputada Gabriela Rodríguez, quien planteó una posible inconstitucionalidad, Ortiz argumentó que la Legislatura no modificó la prenda regulada por el Código Civil y Comercial, sino únicamente su vía procesal de ejecución. Agregó que existen antecedentes nacionales y provinciales para medidas similares durante emergencias económicas.
La diputada informó además que su proyecto para regular el uso de celulares y otras pantallas en las escuelas continúa en la Comisión de Educación. La propuesta se trabaja con organismos provinciales, asociaciones civiles y familias.
