La Ley 10.896 suspendió durante 180 días las ejecuciones de garantías prendarias cuando los deudores sean personas humanas o micro, pequeñas y medianas empresas con domicilio real o legal en La Rioja. La norma, impulsada por la diputada Lourdes Ortiz, fue sancionada el 13 de agosto y promulgada por Ricardo Quintela mediante el Decreto 1.281 del 18 de agosto.
El plazo se contará desde la entrada en vigencia de la ley. La protección comprende prendas constituidas sobre cosas muebles registrables o no registrables y créditos instrumentados. Incluye tanto el inicio de nuevas ejecuciones como la suspensión de procesos judiciales ya en trámite, cualquiera sea su estado procesal.
Las deudas continúan vigentes
La suspensión no extingue, modifica, nova ni condona las obligaciones. Los acreedores conservan íntegramente sus derechos y podrán retomar las acciones de cobro una vez vencido el plazo legal.
La norma es de orden público, excepcional y transitoria. Su finalidad declarada es preservar la continuidad de las actividades económicas, el empleo y proteger a los sectores afectados por la emergencia económica y social.
Antes de la promulgación, Ortiz había explicado que la medida buscaba abrir “una ventana de tiempo” para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores. Esa negociación es una posibilidad durante la suspensión, pero la ley no la establece como requisito.
La legisladora señaló que la protección puede ser especialmente importante para quienes dependen de una motocicleta, un automóvil o una maquinaria para generar ingresos.
Ortiz reconoció que las obligaciones prendarias representan solo una parte del problema. Según sostuvo, el mayor peso del endeudamiento familiar se concentra en tarjetas de crédito, billeteras virtuales y préstamos informales.
La diputada anticipó que se analizan otras iniciativas relacionadas con intereses punitorios, acceso al detalle de las deudas y prácticas de cobranza, aunque aclaró que debe determinarse cuáles corresponden a la competencia provincial.
También mencionó como herramientas complementarias la moratoria tributaria provincial, la circulación de los Chachos y la ley riojana de educación financiera.
Ortiz evitó confirmar una eventual línea de financiamiento provincial para cancelar deudas privadas. Señaló que una medida de esa naturaleza dependerá de los recursos disponibles y de una decisión del Poder Ejecutivo.
