El desplazamiento del ministro de Vivienda —disfrazado de licencia familiar para entregarle el área a Diego Rivero— detonó una ola de indignación en la dirigencia histórica del PJ, que recuerda que Puy Soria fue el puente clave con Sergio Casas para que el actual mandatario llegara al poder en 2019. En las intendencias del interior crece el malestar porque tienen las cajas secas mientras el gobernador financia su aventura presidencial, y en los despachos oficiales admiten que la gestión provincial quedó “a la buena de Dios” y con la botonera en manos del su círculo íntimo.

La salida de Ariel Puy Soria del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social —maquillada en los partes oficiales como un pedido de licencia temporal por “motivos familiares” sin fecha de retorno para dejar la firma y la botonera en manos del secretario Diego Rivero— terminó de encender la mecha de un malestar subterráneo que venía acumulándose en todas las capas del Partido Justicialista riojano. Lejos de leerse como un simple reacomodamiento administrativo, en los teléfonos de diputados, jefes comunales y dirigentes históricos el episodio cayó como una muestra más de ingratitud política de un gobernador que parece haber roto los códigos de lealtad con quienes lo sentaron en el sillón de la Casa de las Tejas.

En las filas del peronismo tradicional nadie olvida la historia reciente: en el invierno de 2019, cuando el tablero de la sucesión provincial estaba bloqueado y Ricardo Quintela corría desde atrás sin el aval de la estructura oficial, fue precisamente Ariel Puy Soria quien operó como el articulador decisivo para destrabar la bendición del entonces gobernador Sergio Casas. Aquel acuerdo político le abrió a Quintela las puertas de la gobernación después de dos derrotas previas; siete años más tarde, el pago por aquel servicio fundacional fue el vaciamiento de su cartera y una eyección silenciosa por la puerta lateral, en una purga que se suma al congelamiento del jefe de Gabinete Juan Luna Corzo en “modo base” y al plan para correr a Ricardo Herrera de la Secretaría General de la Gobernación para instalar allí a Luz Santángelo Carrizo —dejando a su segundo, Ariel Allende, al frente de la Secretaría de Comunicación—.

Intendentes con los bolsillos secos y afiches presidenciales en el Obelisco

El maltrato a los socios fundacionales del frente oficialista se combina por estas horas con un enojo explosivo en las dieciocho intendencias de la provincia. Pese a la foto de unidad forzada que los jefes comunales se sacaron días atrás en la Residencia Oficial —a la que concurrieron sin ministros porque consideran que “los funcionarios ensucian la discusión”—, el diagnóstico puertas adentro de los municipios es de asfixia financiera total.

Los intendentes denuncian por lo bajo que están “secos”, sin fondos para sostener obras básicas, pagar ayudas sociales o contener la demanda de medicamentos y alimentos en sus pueblos —al punto de que referentes como Marcelo del Moral ya hablan de salir a hacer campaña “sin chequera y a puro jarabe de pico”—, mientras observan por televisión y redes sociales cómo Quintela no le afloja ni un milímetro a los gastos de su campaña presidencial.

La contradicción indigna a la tropa territorial: mientras el Ministerio de Hacienda que conduce Fabián Blanco les cierra el grifo a las comunas y descarta aumentos salariales antes de fin de año —pese a que la coparticipación federal creció un 7,8% real en octubre—, el aparato provincial destina recursos a sostener la estructura de Federales | Provincias Unidas, empapelar la Ciudad de Buenos Aires con afiches de Quintela empuñando el bastón presidencial, financiar recorridas por las villas porteñas Zavaleta y Soldati y costear la logística de las cumbres en la Casa de La Pampa.

“Nadie sabe a dónde va el barco”: un gobierno provincial a la buena de Dios

El sentimiento que hoy domina en los ministerios, la Legislatura y las unidades básicas es de orfandad política y parálisis de gestión. Con un gobernador cuya cabeza y agenda semanal están puestas casi exclusivamente en la rosca metropolitana con Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, o en los estudios de televisión porteños, la administración diaria de La Rioja quedó sumida en el desconcierto.

“No hay conducción, nadie sabe a dónde va el barco; Quintela sólo piensa en Buenos Aires y el gobierno provincial quedó a la suerte de Dios”, resume con crudeza un dirigente de primera línea que camina a diario los pasillos oficiales.

Esa ausencia de mando directo explica el descontrol que hoy exhibe el oficialismo en todos los frentes: ministros como Ernesto “Harry” Pérez que transforman su cartera productiva en un búnker vecinal para pelear la intendencia capitalina; un Armando Molina con su pelea en el principal distrito electoral; más de 50 de precandidatos lanzados por su cuenta en una guerra de todos contra todos entre Los Llanos, Chilecito y las tres aspirantes mujeres; la CGT advirtiendo que a los gremios los tratan “como al perro de la familia” y que no tienen ningún compromiso con quienes vengan después de Quintela; y una dirigencia de base que, como admitió Diego Narváez, ve cómo los funcionarios suben los vidrios polarizados de las camionetas mientras el peronismo riojano navega sin timonel hacia la elección más peligrosa desde 1983.