Quintela presenta el regreso de los bonos como una respuesta al Gobierno nacional. Pero detrás del gesto desafiante aparece una realidad más incómoda: miles de riojanos necesitan un refuerzo para llegar a fin de mes.
El regreso de los Chachos tiene dos caras. Para Ricardo Quintela es “un acto de rebeldía” frente a Javier Milei y una forma de enfrentar el trato que, según denuncia, recibe La Rioja por no acompañar determinadas leyes nacionales. Para unos 80.000 trabajadores y beneficiarios, en cambio, representa una ayuda concreta de 50.000 unidades para sostener consumos básicos.
Ambas dimensiones existen, pero no deberían confundirse.
La decisión puede mover cerca de $4.000 millones dentro del mercado provincial, aportar liquidez a más de 800 comercios y aliviar parcialmente la caída del poder adquisitivo. En una economía golpeada por la recesión, cualquier impulso al consumo produce algún efecto.
Sin embargo, emitir un instrumento provincial equivalente nominalmente al peso no resuelve las causas estructurales que obligan a utilizarlo. Los Chachos permiten administrar una urgencia; no sustituyen una política capaz de generar empleo privado, inversiones, exportaciones y mayor recaudación propia.
Quintela afirma que la medida no se adopta porque La Rioja carezca de dinero. Si es así, el Gobierno deberá explicar con claridad por qué el refuerzo se paga mediante bonos y no íntegramente en pesos, cuánto cuesta la operatoria, cómo se garantizarán los rescates y qué respaldo concreto tendrá cada emisión.
La posibilidad de incorporar en el futuro los 50.000 Chachos al esquema salarial abre todavía más preguntas. Una ayuda extraordinaria puede financiarse por un período limitado. Convertirla en una obligación permanente exige recursos previsibles y una discusión transparente con los gremios.
También es necesario evitar que la disputa con la Nación tape los problemas propios. La Rioja tiene motivos para reclamar los fondos que considera adeudados y para rechazar cualquier utilización política de los anticipos de coparticipación. Pero esa pelea no exime al Gobierno provincial de rendir cuentas sobre el gasto, la deuda y los resultados de su modelo económico.
El valor de los Chachos no dependerá solamente de una ley ni de un discurso de rebeldía. Dependerá de que comercios y trabajadores confíen en que podrán utilizarlos o rescatarlos sin pérdidas ni demoras.
Para algunas familias serán un alivio inmediato. Para la política, una bandera contra Milei. El desafío consiste en que no terminen siendo apenas el símbolo de una provincia que distribuye bonos porque todavía no consiguió ampliar de manera sostenible su economía.
