La morosidad alcanza al 24,5% en La Rioja, frente a un promedio nacional del 17,5%. Mientras distintas provincias lanzaron refinanciaciones, reducción de tasas y límites a las cuotas, Ricardo Quintela avanzó un paso más: suspendió por 180 días las ejecuciones prendarias e impulsó un régimen de protección para usuarios de créditos de consumo.
La crisis del endeudamiento dejó de ser solamente una discusión entre el Gobierno nacional y Ricardo Quintela. Gobernadores opositores y también mandatarios con diálogo con Javier Milei comenzaron a implementar medidas para contener el crecimiento de la morosidad, aunque La Rioja aparece en el extremo más delicado del mapa.
Según el último relevamiento de Eco Go y la Universidad Austral sobre información del Banco Central, la morosidad nacional alcanza al 17,5%, pero en La Rioja llega al 24,5%, el porcentaje más elevado del país. En La Pampa, por contraste, se ubica en 9,1%.
El deterioro fue vertiginoso: a fines de 2024 la mora total representaba 3,6% del crédito relevado; un año después había trepado a 12,6% y en junio de 2026 alcanzó 17,5%. En apenas 18 meses se multiplicó casi cinco veces.
Quintela eligió una intervención diferente
La Rioja se diferencia del resto porque el Gobierno provincial no se limitó a promover una refinanciación.
La Legislatura sancionó una norma impulsada por Quintela que suspende durante 180 días las ejecuciones de garantías prendarias sobre bienes muebles y créditos cuando el deudor sea una persona o una micro, pequeña o mediana empresa radicada en la provincia.
La suspensión comprende tanto las nuevas ejecuciones como aquellas que ya están tramitándose judicialmente. La medida no elimina las obligaciones: la deuda continúa vigente y el acreedor conserva sus derechos, pero durante el período establecido queda frenada la posibilidad de ejecutar la garantía.
Su alcance sobre el problema general, sin embargo, es limitado. Una estimación realizada por el contador Luis Herrera ubica a los créditos prendarios en apenas entre 5% y 7% del total de préstamos en mora. El grueso está concentrado en créditos personales de bancos, financieras y billeteras virtuales.
Quintela complementó esa decisión con un DNU que crea un régimen provincial de protección de usuarios de créditos de consumo, destinado a intervenir frente a tasas, condiciones financieras y mecanismos de cobranza considerados abusivos.
Desde Córdoba hasta Neuquén también reaccionan
El fenómeno excede a los gobernadores enfrentados con Milei. En Córdoba, Martín Llaryora anunció “Alivio Cordobés”, mientras Bancor ya ofrece consolidación de deudas hasta en 60 cuotas.
Santa Fe, bajo Maximiliano Pullaro, lanzó un programa que permite refinanciar obligaciones hasta en 60 meses y busca que la cuota no supere el 25% de los ingresos.
Corrientes implementó refinanciaciones de tarjetas con reducción de tasas; Misiones y Salta trabajan con Banco Macro para reestructurar compromisos de empleados públicos y municipales.
Jujuy aplica reducciones de tasas según los días de atraso, mientras Neuquén estableció un régimen con una tasa fija máxima del 35% anual o una alternativa UVA más 5%.
Buenos Aires también mejoró las condiciones de refinanciación del Banco Provincia y abrió investigaciones sobre prácticas de cobranza de billeteras virtuales.
Incluso el Banco Nación, dependiente del Gobierno nacional, dispone de instrumentos para reorganizar obligaciones: durante 2026 refinanció 91.496 operaciones correspondientes a 81.377 clientes por $427.400 millones y permite consolidar determinadas deudas hasta $100 millones y plazos de hasta 120 meses.
La diferencia riojana
La comparación permite identificar dos estrategias. La mayoría de las provincias intenta hacer pagable la deuda existente mediante extensión de plazos, reducción de tasas o consolidación de préstamos.
La Rioja decidió además interrumpir temporalmente determinadas ejecuciones y regular la relación entre acreedores y consumidores.
Quintela sostiene que el problema no se explica solamente porque las familias tomaron créditos que ahora no pueden cancelar. Su planteo incorpora qué financiamiento reciben, las tasas aplicadas y, especialmente, para qué se endeudan.
Kicillof endureció la presión y Quintela quedó dentro del eje opositor
El debate por el endeudamiento familiar escaló políticamente. Axel Kicillof cuestionó la posición del Gobierno nacional de considerar la mora como un problema entre privados y reclamó una respuesta federal. “En sentido figurado sí hay una pistola en la cabeza”, afirmó al sostener que buena parte del endeudamiento se origina en gastos esenciales como alimentos, medicamentos y alquiler.
El gobernador bonaerense aseguró que 21 millones de adultos están endeudados y cerca de seis millones presentan dificultades para pagar, y vinculó ese deterioro con la política económica de Javier Milei. Buenos Aires anunció además que profundizará los controles sobre billeteras virtuales. Según datos presentados por el gobierno bonaerense, durante el primer semestre recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por presuntos incumplimientos, prácticas de cobranza y falta de información.
En ese escenario, Ricardo Quintela quedó alineado con uno de los principales ejes que empieza a construir la oposición frente a Milei. La Rioja avanzó mediante un DNU que creó un régimen provincial de protección de usuarios de créditos de consumo para controlar prácticas abusivas, falta de transparencia y condiciones financieras desproporcionadas.
“Una cosa es el crédito como herramienta para crecer, otra muy distinta que la necesidad se transforme en un uso abusivo y un negocio financiero con tasas desmedidas”, planteó Quintela. La discusión también salió del terreno de los gobiernos provinciales: la CGT, las dos CTA y organizaciones sociales llevaron el endeudamiento familiar al centro de una movilización frente al Ministerio de Economía. Así, una problemática en la que La Rioja presenta el indicador más crítico comienza a convertirse también en un nuevo frente político nacional entre Milei y la oposición.
Milei sostiene que debe resolverlo el mercado
El Gobierno nacional mantiene otra interpretación. La administración de Javier Milei considera que las obligaciones corresponden a relaciones entre privados y rechaza una intervención general del Estado.
Desde el Banco Central argumentan además que el sistema financiero dispone de capacidad para absorber las pérdidas: las previsiones cubrían en junio el 86,6% de la cartera irregular y la integración de capital alcanzaba 29,8% de los activos ponderados por riesgo.
Pero el avance de programas provinciales demuestra que la discusión ya trascendió la confrontación política entre Milei y Quintela. Gobernadores con posiciones políticas muy diferentes comenzaron a intervenir mediante sus bancos públicos, acuerdos con entidades privadas o legislación específica.
Para La Rioja el debate resulta todavía más urgente: con una morosidad del 24,5%, la provincia presenta el registro más alto del país.
El interrogante ahora será si la suspensión de ejecuciones y las nuevas protecciones consiguen evitar que las familias pierdan bienes sin generar, al mismo tiempo, mayores restricciones futuras para acceder al crédito.
