AMP anunció un paro provincial para el martes 1 de septiembre y volvió a exigir que el Incentivo Provincial para la Enseñanza se incorpore al básico. El conflicto expone la crisis salarial y convive con bajos resultados de aprendizaje.
La tensión entre el Gobierno de La Rioja y la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) volvió a escalar. Tras una asamblea, el secretario general del gremio, Rogelio De Leonardi, anunció un paro total de actividades para el martes 1 de septiembre en todos los niveles educativos de la provincia. Anticipó, además, que después de la medida evaluarán cómo continuará el plan de lucha.
El reclamo por el salario y el IPE
De Leonardi afirmó que el salario docente está “absolutamente deprimido” y reclamó que el Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE) se convierta en remuneración básica. Según recordó, el último aumento directo sobre el básico se produjo hace aproximadamente dos años y fue de $70.000.
El dirigente cuestionó que los incrementos provinciales sean otorgados mediante sumas no remunerativas y sostuvo que el ingreso debería acercarse al valor de la canasta básica. También criticó a las demás organizaciones sindicales por haber aceptado el incentivo, al que comparó con el “ítem aula” aplicado en Mendoza.
El IPE está fijado en $160.000 mensuales por cargo y, como regla general, se pierde cuando el docente supera dos inasistencias justificadas en el mes. AMP denuncia que ese esquema condiciona consultas médicas, tratamientos, cuidados familiares y licencias por duelo. En docentes con dos cargos, la quita supera los $300.000.
El Gobierno sostiene que el adicional reconoce la presencia efectiva frente al aula y busca garantizar la continuidad pedagógica. SADOP también pidió ampliar las excepciones para enfermedades oncológicas y autoinmunes y para el cuidado de familiares.
La consigna “El IPE mata”
AMP lanzó la consigna “El IPE mata”. De Leonardi vinculó el presentismo con casos de trabajadores que, según su denuncia, habrían postergado controles o abandonado tratamientos por temor a perder el adicional o por no poder afrontar consultas con especialistas fuera de la provincia.
Se trata de una acusación sindical de extrema gravedad que requiere respaldo documental y una respuesta de las autoridades sanitarias y educativas. El dirigente aseguró que el planteo fue llevado al Congreso Internacional en Defensa de la Escuela Pública realizado en La Rioja.
Una crisis que llega a las aulas
La disputa salarial ocurre sobre un escenario educativo crítico. En Aprender 2022, el 91,1% de los alumnos riojanos que finalizaban la secundaria quedó en los niveles básico o por debajo del básico en Matemática. En Lengua, la proporción alcanzó el 50,9%.
El conflicto exige información pública precisa: cuántos docentes perdieron el IPE, por qué licencias, cuánto representa el adicional en cada salario y si su aplicación mejoró la asistencia o los aprendizajes. Sin esos datos, la política educativa queda atrapada en una pulseada mientras la crisis se profundiza dentro de las aulas.
