El Gobierno nacional llevó este lunes al terreno penal la disputa por la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación contra empresas vinculadas con proyectos autorizados por el Reino Unido agrega una herramienta judicial a la estrategia argentina para elevar el costo jurídico y empresario de operar en el área en conflicto.
La denuncia fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Según informó la Oficina del Presidente, alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El Ejecutivo sostiene que Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates contarían con licencias otorgadas por las autoridades británicas para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación alcanza además a Navitas Petroleum LP y Eco Atlantic por su condición de accionistas, según el comunicado oficial.
Una ofensiva jurídica sobre el negocio petrolero
El Gobierno fundamentó la acción en una presunta violación de la Ley 26.659, que establece condiciones para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de la autoridad nacional competente. También dirige la denuncia contra directores, gerentes, síndicos, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que eventualmente hubieran intervenido en los hechos investigados.
La decisión tiene una dimensión que excede el expediente judicial. Al apuntar no sólo contra las sociedades operadoras sino también contra accionistas y eventuales responsables individuales, la Casa Rosada busca proyectar consecuencias sobre la estructura empresaria que participa de los proyectos bajo licencias británicas. El alcance efectivo de esa presión dependerá, sin embargo, de lo que resuelva la Justicia argentina.
Una denuncia penal no implica por sí misma que las compañías o sus directivos hayan sido imputados ni determina responsabilidad penal. El próximo dato relevante será qué tribunal queda a cargo, qué figuras penales se impulsan y qué medidas concretas solicita el Estado.
Malvinas vuelve al centro de una política sobre el Atlántico Sur
La Casa Rosada presentó la medida como parte de la defensa de los recursos naturales y de los derechos soberanos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El dato político es que el anuncio no apareció aislado. En el mismo comunicado, Javier Milei instruyó a Luis Caputo para priorizar en el Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos. La combinación de ambas decisiones permite identificar un eje común sobre Atlántico Sur, recursos naturales, capacidad estatal y soberanía: una vía judicial contra la actividad petrolera cuestionada y, en paralelo, una señal presupuestaria para fortalecer infraestructura estratégica.
La eficacia de la ofensiva se medirá en dos planos diferentes: en los tribunales, por la evolución de la denuncia; y en el terreno diplomático y empresario, por su capacidad para condicionar futuras decisiones de compañías interesadas en participar de proyectos hidrocarburíferos en el área.
