La Administración Nacional mantuvo un superávit en los primeros ocho meses de 2026, aunque con dos movimientos diferentes: mejoró el resultado que excluye los intereses y se redujo el saldo que los incorpora. El informe combina ingresos percibidos con gastos devengados, por lo que registra obligaciones reconocidas y no únicamente pagos realizados.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el superávit primario alcanzó $15,4 billones, con un crecimiento interanual del 8,6% descontada la inflación. El superávit financiero fue de $3,2 billones, una caída real del 32,6%.
La diferencia se explica por el comportamiento de los intereses registrados, que sumaron $12,2 billones y aumentaron un 31,7% real. Mientras los gastos primarios bajaron un 4,3%, las erogaciones totales, que incluyen intereses, retrocedieron solamente un 1%.
El informe fue publicado el 11 de septiembre y utiliza información con corte al 3 de septiembre. Sus comparaciones corresponden a enero-agosto de 2026 frente al mismo período de 2025.
Menores ingresos y una reducción mayor del gasto primario
Los ingresos de la Administración Nacional totalizaron $104,4 billones y disminuyeron un 2,5% real. Los gastos primarios, por su parte, alcanzaron $89 billones.
La mejora del superávit primario se produjo, por lo tanto, en un contexto de recursos en retroceso: el gasto previo a intereses cayó proporcionalmente más que los ingresos.
Entre los principales componentes de la recaudación percibida por la Administración Nacional, el IVA bajó un 6,8% real y los recursos de la seguridad social, un 4,3%. Los derechos de exportación disminuyeron un 29,3% y los de importación, un 20,3%.
La OPC vincula esas variaciones con distintos factores, entre ellos menores alícuotas de exportación, desaceleración de las importaciones y mayor utilización de planes de pago. En sentido contrario, Ganancias creció un 5%.
También aumentaron los ingresos de capital, impulsados por la adjudicación de paquetes accionarios de centrales hidroeléctricas, y las rentas de la propiedad, principalmente por intereses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Estos recursos tienen una naturaleza diferente de la recaudación tributaria habitual. Su evolución importa para interpretar cuánto del resultado depende de impuestos recurrentes y cuánto de otras fuentes.
Los intereses explican el deterioro financiero
El crecimiento de los intereses fue el principal factor que limitó la mejora fiscal obtenida mediante la reducción del gasto primario.
La OPC señala mayores registros de intereses de títulos públicos en moneda extranjera, principalmente bonos Global, y, en menor medida, primas de emisión de títulos en pesos y préstamos del exterior. También advierte que la comparación está influida por una base de registro baja en 2025.
El dato mensual de agosto requiere una aclaración adicional. El informe registra un déficit financiero de $0,6 billones, pero indica que durante ese mes se contabilizaron intereses que, según el calendario de vencimientos, correspondían a julio. Reasignados al período correspondiente, agosto habría mostrado un superávit financiero de $0,6 billones.
Ese desplazamiento modifica la lectura de cada mes, aunque no cambia por sí mismo el acumulado de enero a agosto.
Programas sociales, transporte e inversión entre las bajas
La categoría “otros programas sociales” registró una disminución real del 22,6%. Dentro de ella, la OPC identifica la pérdida de poder adquisitivo de prestaciones, la finalización de Volver al Trabajo y menores erogaciones en atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas.
Las Becas Progresar cayeron un 32,7% real y las políticas alimentarias, un 5,9%. Estas últimas, sin embargo, mejoraron durante mayo-agosto después del aumento aplicado a la Prestación Alimentar, por lo que su trayectoria no fue uniforme durante el año.
Los subsidios al transporte retrocedieron un 19,2%. Los gastos en personal bajaron un 4,2%, asociados a la evolución salarial y a una reducción de cargos y contratos en el Poder Ejecutivo.
Los gastos de capital disminuyeron un 16,4%. Dentro de ese conjunto, la inversión real directa cayó un 27,9%, principalmente por menores asignaciones para obras viales y de infraestructura escolar.
En contraste, los subsidios energéticos aumentaron un 28,5%, impulsados por las transferencias destinadas a cubrir la diferencia entre los costos de generación eléctrica y las tarifas.
Tres cifras que necesitan una lectura cuidadosa
El informe advierte que algunas variaciones pronunciadas están afectadas por cambios en la forma o el momento de registrar los pagos.
Universidades. Las transferencias muestran una caída real del 12,7%, pero el pago correspondiente a julio fue registrado en agosto y el de agosto, en septiembre. Según la OPC, si ambos se hubieran imputado a sus meses correspondientes, la variación acumulada habría sido un crecimiento del 1,1%. La asistencia destinada al funcionamiento universitario, considerada por separado, sí registró una baja del 15,7%.
Pensiones no contributivas. La reducción registrada fue del 12,6%, con distorsiones en la imputación de pensiones por invalidez tanto en 2025 como en 2026. Corregidos esos desfasajes, la OPC estima una caída acumulada del 4,7%, vinculada con el poder adquisitivo de las prestaciones y la cantidad de titulares.
Transferencias corrientes a provincias. La baja del 54,5% está fuertemente influida por los pagos a la Ciudad de Buenos Aires relacionados con el traspaso de funciones de seguridad y por un cambio en su instrumentación. Si se incorpora ese nuevo esquema a la comparación, la disminución se reduce al 8,8%. Excluido ese programa, el resto de las transferencias crece un 8,2%.
Por eso, esas cifras no deben presentarse como recortes homogéneos ni extrapolarse a todas las universidades, prestaciones o provincias.
Más gasto jubilatorio no implica mayor poder de compra
El gasto agregado en jubilaciones y pensiones creció apenas un 0,1% real. La OPC explica que el aumento en la cantidad de beneficios compensó la pérdida de poder adquisitivo de los haberes.
En el régimen general, los haberes superiores al mínimo registraron una caída real promedio del 0,4% durante los ocho meses. Para los mínimos con bono, la reducción fue del 5,2%, por la incidencia del refuerzo congelado.
La distinción es relevante: el presupuesto total de una prestación puede mantenerse o crecer mientras disminuye el ingreso real de cada beneficiario.
Qué mide el informe
La OPC analiza la Administración Nacional, que comprende la Administración Central, los organismos descentralizados y las instituciones de la seguridad social. No equivale al conjunto del sector público nacional.
Los ingresos se contabilizan cuando se perciben y los gastos en la etapa del devengado, es decir, cuando se reconoce la obligación. Además, el cálculo excluye las utilidades transferidas por el Banco Central: $12 billones en 2025 y $24,4 billones en 2026. Los registros utilizados tampoco incluyen intereses de títulos públicos capitalizables.
Estas definiciones explican por qué sus resultados no deben equipararse automáticamente con otros balances fiscales elaborados con distintos criterios.
La lectura central del documento es que el superávit primario se fortaleció pese a la caída de los ingresos, mientras el mayor peso de los intereses redujo el margen financiero. Dentro de ese resultado conviven recortes efectivos, partidas en expansión y diferencias contables que requieren ser examinadas por separado.
Consultar el informe completo
Abrir y descargar el PDF completo de la OPC: ejecución presupuestaria de agosto de 2026 (18 páginas, 4,7 MB).
Foto de archivo del Palacio de Hacienda: Sking / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
