Asfixia presupuestaria en la universidad pública: la UNLaR advierte una brecha del 34% en el cálculo federal 2027

El Consejo Interuniversitario Nacional reclamó $11 billones para sostener los 62 distritos universitarios y sus hospitales escuela, pero el Ejecutivo nacional fijó un tope de $7,35 billones. El vicerrector Luis Oviedo descartó el arancelamiento y alertó por la acreditación de carreras.

El conflicto presupuestario entre las universidades públicas y la administración de Javier Milei sumó un diagnóstico de extrema crudeza desde el interior federal. Frente al debate legislativo en el Congreso de la Nación por el ejercicio 2027, las autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) advirtieron que la partida oficial proyectada por la Casa Rosada condena al sistema a una virtual parálisis operativa y salarial.

La brecha técnica surge del cálculo elaborado por los rectores en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): mientras las 62 casas de altos estudios demandaron $11 billones tomando como piso la pauta de recomposición que fijaba la Ley de Financiamiento Universitario —incumplida desde hace un año por el Poder Ejecutivo—, la Casa Rosada asignó un techo rígido de $7,35 billones.

Impacto en hospitales escuela y acreditaciones

El vicerrector de la UNLaR, Luis Oviedo, detalló el impacto directo que tendrá la quita presupuestaria: «Hay una diferencia de más de 3,6 billones de pesos, casi un 35% menos de lo que el sistema requiere para su normal funcionamiento. Esto lesiona la investigación científica, los planes de becas, la infraestructura básica y los procesos de acreditación de carreras ante la CONEAU».

La restricción golpea de forma crítica al Hospital Escuela de Clínicas Virgen María de Fátima. Tras reactivar servicios esenciales de internación y consultorios, la institución enfrenta graves limitaciones para expandir las unidades de terapia intensiva, diagnóstico por imágenes y emergencias sin las partidas de funcionamiento adecuadas.

Rechazo al arancel y pulso institucional

Consultado sobre alternativas de recaudación privada, Oviedo desestimó de plano cobrar cuotas: «La Ley de Educación Superior prohíbe el arancelamiento mensual de las carreras en la universidad pública. Solo se gestionan tasas administrativas menores que no mueven la aguja del presupuesto global».

En el plano político, Oviedo ratificó la cohesión interna con la rectora Natalia Álvarez Gómez para conducir el consorcio de universidades del Norte Grande y consolidar la gestión local de cara a los comicios universitarios de 2027.