El ministro Juan Carlos Vergara denunció que Nación falseó consensos tras una cumbre ministerial y busca imponer un modelo manicomial inviable por la falta de psiquiatras. En simultáneo, alertó que la demanda pública escaló 45% por el colapso de prepagas y el PAMI.

La confrontación entre las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional sumó un nuevo foco de alta rispidez en el plano legislativo y sanitario. La Rioja formalizó su rechazo a las modificaciones que la administración central busca imponer sobre la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) e instruyó formalmente a sus senadores nacionales para frenar el proyecto girado al Congreso.

La disputa escaló tras un encuentro técnico en la sede de la cartera nacional en Buenos Aires. Según reveló el ministro de Salud riojano, Juan Carlos Vergara, tras seis horas de debate donde las provincias rechazaron volver al modelo asilar, el Gobierno central difundió un documento afirmando una adhesión unánime que nunca existió.

El déficit estructural de psiquiatras

Vergara fundamentó el rechazo en la inviabilidad operativa de la reforma nacional: «Pretenden regresar al modelo médico hegemónico e institucionalizado exigiendo psiquiatras en cada dispositivo. En la Argentina hay apenas 12 psiquiatras cada 100.000 habitantes y sólo cuatro ejercen en el sistema público. Es una exigencia de imposible cumplimiento que anula el trabajo interdisciplinario».

El funcionario ratificó que la postura fue articulada directamente con el gobernador y que los legisladores riojanos defenderán la normativa vigente, la cual prioriza el abordaje territorial, la autonomía de los usuarios y cuenta con el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Presión sobre el hospital público y fuga profesional

El debate doctrinario se da en un contexto de asfixia en los efectores estatales. La cartera sanitaria constató un incremento interanual de la demanda hospitalaria de entre el 40% y el 45%, traccionado por la crisis de cobertura en el sector privado y el corte de prestaciones a jubilados de la obra social PAMI. Hoy, casi la mitad de las personas atendidas en los hospitales provinciales posee obra social o medicina prepaga.

Este escenario sobrecarga un esquema que asigna el 80% de sus partidas a salarios y el 11% a medicamentos e insumos médicos, jaqueado además por la migración de especialistas al exterior. Frente a ello, la provincia consolidó la regionalización de partos seguros en la capital y Chilecito para resguardar indicadores perinatales, e incorporó a la planta estatal a la totalidad de los médicos residentes egresados para contener la cobertura sanitaria en el interior.