El Diario de Eduardo German

La Rioja · Argentina

La Rioja vuelve al centro de la reforma de Salud Mental que impulsa Milei

El Senado retomó la reforma de la Ley 26.657 y La Rioja figura entre las provincias convocadas a la negociación. La Provincia ya había cuestionado el proyecto por federalismo, financiamiento y enfoque comunitario.

Imagen ilustrativa sobre salud mental para una nota sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental y su impacto en La Rioja

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental volvió a ganar centralidad en el Senado y La Rioja quedó otra vez involucrada en una discusión que combina federalismo sanitario, internaciones, adicciones y financiamiento.

El proyecto del Poder Ejecutivo, identificado como PE-99/26, modifica la Ley 26.657 y continúa bajo análisis de las comisiones de Salud y Legislación General. El Senado ya realizó reuniones con especialistas y ahora el oficialismo busca ampliar el consenso con las provincias antes de avanzar con el dictamen.

La Rioja figura entre las jurisdicciones convocadas a la nueva ronda de consultas. El dato adquiere especial relevancia porque la Provincia ya había integrado en abril un grupo de distritos que cuestionó la reforma por considerar que podía afectar el federalismo sanitario, el financiamiento y el enfoque comunitario de la atención.

Qué cambia en la discusión

La propuesta nacional introduce cambios en los criterios de internación voluntaria e involuntaria, redefine conceptos clínicos y refuerza la participación de equipos médicos y psiquiátricos en situaciones de urgencia. También incorpora con mayor claridad el abordaje de las adicciones dentro de la política de salud mental y propone una red de atención con establecimientos de distinta complejidad.

Para La Rioja, el punto central será determinar si mantiene la posición crítica expresada meses atrás o si acepta modificaciones surgidas de la negociación con Nación y otras provincias.

El impacto provincial

La discusión tiene efectos directos sobre la organización de guardias, internaciones, dispositivos comunitarios, atención de consumos problemáticos y articulación entre hospitales generales y servicios especializados. La Provincia cuenta además con normativa propia en materia de protección de la salud mental, por lo que cualquier cambio nacional obliga a revisar cómo se compatibilizan ambos esquemas.

La próxima definición será política y sanitaria: qué postura llevará La Rioja a la negociación y qué garantías reclamará sobre financiamiento, derechos de los pacientes y capacidad operativa del sistema provincial.


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