Salud mental: La Rioja se sumó al rechazo provincial a la reforma que Milei envió al Senado
La provincia integró el grupo de 18 jurisdicciones que, en el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, cuestionaron el proyecto por «vulnerar el federalismo sanitario», retirar fuentes de financiamiento y levantar nuevas barreras para el acceso a la atención. Hoy se reúne el Consejo Federal de Salud, donde Nación presentará los detalles del texto ya girado al Congreso.
El Gobierno nacional abrió un nuevo frente de tensión con las provincias al remitir el viernes al Senado el proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010, y La Rioja se alineó con los 17 distritos que adelantaron su rechazo antes incluso de que la iniciativa ingrese formalmente al debate parlamentario. El pronunciamiento conjunto se produjo durante el Tercer Encuentro Federal de Salud Mental, desarrollado la semana pasada en el marco del Congreso Provincial de Salud de la provincia de Buenos Aires, del que participaron funcionarios sanitarios de La Rioja, La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.
El eje del cuestionamiento es político, jurídico y, sobre todo, financiero. Las provincias firmantes sostuvieron en un documento común que «no fueron consultadas en el proceso de elaboración del proyecto, lo que constituye una vulneración del federalismo sanitario y desconoce el trabajo sostenido de las jurisdicciones en la implementación de políticas públicas en salud mental». Y agregaron que la reforma «implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente».
Una discusión que llega con las guardias provinciales desbordadas
El reclamo se apoya en un dato que las administraciones provinciales ponen sobre la mesa: la demanda de atención en salud mental se disparó en todo el país y las estructuras provinciales quedaron al límite. Según cifras del Ministerio de Salud bonaerense, conducido por Nicolás Kreplak, en 2025 las internaciones crecieron un 77% y la demanda ambulatoria, un 134%, cifras que ejemplifican una tendencia replicada con matices en el resto de los distritos.
Para La Rioja, la discusión aterriza en un sistema sanitario que ya atraviesa tensiones propias. El hospital público provincial, que concentra buena parte de las consultas de salud mental de la capital y del interior, viene sosteniendo un aumento sostenido de casos de consumos problemáticos, episodios de crisis en adolescentes y demanda de dispositivos intermedios, en un contexto de estrechez presupuestaria y de reclamos de los efectores privados por deudas de la obra social provincial.
En ese escenario, las autoridades sanitarias provinciales reclamaron al Gobierno nacional la «urgente necesidad de reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA)» como ámbito institucional de debate y construcción colectiva de políticas públicas, una convocatoria que, según remarcaron, fue solicitada de manera reiterada y nunca respondida.
Qué propone el proyecto que Lugones envió al Congreso
El proyecto diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, introduce modificaciones de fondo. Reemplaza la expresión «padecimiento mental» por la de «trastornos mentales o del comportamiento», para alinear la norma con la Clasificación Internacional de Enfermedades, y redefine el criterio de internación, que pasa a focalizarse en «situaciones de riesgo de daño para la vida o integridad física de la persona o de terceros».
La internación involuntaria, que mantendrá carácter excepcional, podrá ser indicada por un psiquiatra en casos urgentes y deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas, con notificación judicial en el mismo plazo. Los ingresos voluntarios podrán convertirse en involuntarios si el paciente solicita el alta y el equipo médico considera que su capacidad está afectada.
El texto reconoce, además, que el cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes previsto por la ley de 2010 no siempre es viable «por limitaciones de recursos y seguridad» y propone fortalecer una red con dispositivos de diferente complejidad, que incluya hospitales generales, establecimientos especializados, atención ambulatoria y residencias asistidas, tanto públicas como privadas. También amplía la participación técnica del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión y refuerza los registros nacionales —el RESAM (Registro Nacional de Personas Internadas) y el REFES (Registro Federal de Establecimientos de Salud)— para planificar la distribución de camas y recursos.
La Casa Rosada defiende la reforma con un dato propio: solo 16 de las 24 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley vigente, mientras conviven en el país 30 instituciones públicas monovalentes y 139 privadas, lo que, argumentan, evidencia una «infraestructura fragmentada» y una aplicación despareja de la norma.
Otro capítulo del choque Nación–provincias
La discusión por la Ley de Salud Mental se inscribe en una serie más amplia de diferendos entre el Gobierno de Javier Milei y el frente de gobernadores que, con matices, cuestiona la redistribución de fondos y el alcance de las políticas nacionales. En La Rioja, donde la administración de Ricardo Quintela viene librando batallas simultáneas por la actualización de las transferencias automáticas, por el ATN y por el esquema de obra pública, la reforma en salud mental se suma a un listado ya extenso de fricciones con la Casa Rosada.
La convocatoria al Consejo Federal de Salud (COFESA) prevista para hoy —con la participación de los ministros de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires— será la primera prueba de fuego del proyecto. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se anticipa que allí se expondrán los detalles técnicos del texto, en un intento por reencauzar el diálogo con las jurisdicciones antes de que el debate se traslade de lleno al recinto del Senado, donde el oficialismo deberá construir consensos con buena parte de los bloques provinciales para destrabar la aprobación.