Estudiantes y docentes de formación docente —entre ellos del Albino Sánchez Barros y el Tobar García— coparon la calle Vélez Sarsfield tras la sanción exprés de la Ley 10.902. Temen por la pérdida de la validez nacional de los títulos y la concentración de facultades en un ente provincial.

Lo que comenzó semanas atrás como una disputa por la apertura de inscripciones escaló este viernes a un conflicto institucional de mayor envergadura. Decenas de estudiantes y docentes de los distintos institutos de formación docente de la provincia se concentraron en las puertas de la Legislatura provincial para exigir el veto total a la Ley N° 10.902 de Educación Superior, sancionada recientemente en un tratamiento parlamentario que la comunidad educativa califica de «exprés» y a espaldas de los claustros.

La manifestación, de carácter pacífico pero contundente, obligó a la Policía de la Provincia a cortar el tránsito sobre la avenida Vélez Sarsfield (desde Hipólito Yrigoyen) y a custodiar los accesos al recinto legislativo. Con pancartas y carteles centrados en la consigna «Veto a la Ley ya» y «Por la validez nacional de nuestros títulos», las asambleas estudiantiles y de profesores visibilizaron su rechazo directo al texto normativo.

Pérdida de alcance nacional y centralismo provincial

El principal eje de alarma entre los futuros profesionales es el alcance de sus carreras. Rodrigo Rosales, estudiante del profesorado de Historia y expresidente del Centro de Estudiantes del Instituto Albino Sánchez Barros, advirtió que la flamante normativa provincializa los títulos: «El punto clave que nos afecta de lleno es que el título dejaría de tener validez nacional para convertirse en uno meramente provincial. Jamás nos consultaron; en 2023 hubo un congreso estudiantil y jamás se mencionó esta ley. Nos dimos con este texto la semana pasada».

En la misma línea se expresó la docente formadora Caballero, quien aclaró que la comunidad educativa busca «evitar la implementación de una ley que no nos representa» y remarcó graves deficiencias de diseño:

«Se habla de un marco jurisdiccional y regional que pone en duda la validez nacional del título. Además, hasta ahora los institutos de todo el país dependíamos del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD); esta norma nos descentraliza de esa entidad nacional para dejarnos bajo la órbita exclusiva de la Dirección General de Educación Superior provincial. Crea un consejo con atribuciones unilaterales sobre aperturas de carreras y traslados docentes, e incluso la ley presenta desprolijidades técnicas tan evidentes como saltear artículos, pasando del 15 directamente al 17».

Diálogo contra reloj y el dilema del Ejecutivo

Tras momentos de tensión frente al cordón policial, una comitiva de manifestantes ingresó a la Legislatura para reunirse con el titular de la Comisión de Educación, el diputado Luis Rojo. Del cónclave surgió el compromiso de presentar un documento conjunto el próximo lunes y formalizar una mesa de trabajo representativa de todos los institutos el miércoles venidero.

Pese a este canal de diálogo legislativo, la desconfianza reina en las asambleas. Mientras los legisladores apuntan a consensuar reformas o suprimir artículos conflictivos, los institutos sostienen que el texto ya fue sancionado por el cuerpo legislativo y que la única salida efectiva es que el Ejecutivo provincial recurra al veto antes de su promulgación y reglamentación.

El escenario abre un dilema político para el Gobierno riojano: mientras el gobernador defendió públicamente la sanción calificándola de «un paso histórico para jerarquizar el nivel y pensar carreras según las necesidades de la región», en las aulas y en las calles la docencia advierte que no retrocederá hasta tener garantías firmes sobre el futuro laboral y académico de sus egresados.