El coordinador del Profesorado en Francés del Albino Sánchez Barros, Pablo Baigorri, advirtió que la norma 10.902 fue sancionada “entre gallos y medianoche” para desmantelar la identidad de los institutos y recortar carreras como Educación Inicial. Convocan a una marcha provincial para este viernes hacia la Legislatura.

El descontento en los institutos de formación docente de La Rioja escaló al punto de exigir una definición política directa al gobernador Ricardo Quintela: el veto total de la Ley 10.902 de Nivel Superior. Docentes y estudiantes autoconvocados de los históricos profesorados Albino Sánchez Barros, Carolina Tobar García y Pedro Ignacio de Castro Barros denunciaron que la normativa fue aprobada en la Cámara de Diputados a espaldas de la comunidad educativa para montar una estructura burocrática con designaciones a discreción, poniendo en riesgo la validez nacional de los títulos y la continuidad de carreras clave.

La voz del reclamo fue sintetizada por el profesor Pablo Baigorri, coordinador de la carrera de Francés en el Albino Sánchez Barros, quien expuso las fallas de origen del texto aprobado el pasado 17 de septiembre, paradójicamente durante el Día del Profesor. “Fue una ley cocinada entre gallos y medianoche, sin una sola instancia de diálogo con las instituciones formadoras. La Dirección de Educación Superior se amparó en un formulario de Google que nos mandaron en 2022, sin avisarnos jamás que serviría para parir este proyecto”, reveló el docente en declaraciones radiales.

Para los claustros docentes, la ley no busca elevar la calidad educativa sino consolidar un organigrama de control verticalista. “La palabra ‘pedagogía’ o ‘pedagógico’ está prácticamente ausente en todo el texto y no hay una sola línea sobre la práctica docente. Se inventa una estructura de cargos para legitimar espacios de poder, como la creación de supervisores designados a dedo por la patronal, mientras que a los directivos y profesores nos exigen concurso. Es un esquema profundamente asimétrico y antidemocrático”, fustigó Baigorri.

Carreras bajo la lupa y la amenaza a los títulos nacionales

El punto que encendió la resistencia en las aulas es la sospecha de un achique curricular disfrazado de reorganización académica. Según denunciaron los autoconvocados, la Dirección de Educación Superior mantiene bajo observación carreras de larga tradición provincial, como el profesorado de Educación Inicial (maestras jardineras) en la Escuela Normal Castro Barros, las tecnicaturas y especialidades del Tobar García y los profesorados de idiomas en el Sánchez Barros, amagando con suspender la apertura de inscripciones para los próximos ciclos lectivos.

A esa incertidumbre se suma un frente legal que preocupa a los futuros egresados: la pérdida de la validez nacional que hoy garantiza el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). Baigorri advirtió que el intento de crear una estructura provincial paralela con formato de «universidad ad hoc» podría aislar los títulos riojanos: “Nuestros egresados hoy pueden concursar y trabajar en cualquier provincia del país, como muchos colegas que están en Neuquén. Con este esquema de corte localista e inconsulto, esa validez queda en una nebulosa jurídica”.

La alarma también apunta al artículo 15 de la ley, que crea el Consejo Jurisdiccional de Educación Superior integrado por cinco directores designados por la cúpula ministerial, marginando la representación paritaria y la participación de los centros de estudiantes.

Promesas oficiales y una marcha provincial convocada a la Legislatura

Ante las protestas en las puertas del Ministerio de Educación, el titular de la cartera, Ariel Martínez, mantuvo contactos informales en los que aseguró de palabra que ninguna carrera dejará de inscribir alumnos el año próximo. Sin embargo, los docentes desconfían de las garantías verbales, luego de que las autoridades recibieran por separado a directivos del Castro Barros y del Tobar García, excluyendo al Albino Sánchez Barros de la mesa de diálogo.

En paralelo, los autoconvocados elevaron un extenso documento con observaciones jurídicas y pedagógicas al presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, Luis Rojo, tras una movilización a la Cámara de Diputados. El texto, respaldado con cientos de firmas de docentes y alumnos, exige frenar la promulgación y abrir un debate real en toda la provincia.

Como demostración de fuerza en la calle, la comunidad educativa convocó a una gran marcha provincial de institutos para este viernes a las 18:00. La columna partirá desde la sede compartida por el Albino Sánchez Barros y el Tobar García, sobre la avenida Facundo Quiroga 250 (frente a la exestación de trenes), con destino a la Legislatura, sumando delegaciones del interior como Chilecito y Chepes.

El conflicto de los profesorados abrió una brecha inesperada en el discurso educativo del oficialismo. En una provincia cuna del normalismo que reivindica el legado histórico de maestras como Rosario Vera Peñaloza, la pretensión ministerial de imponer reformas curriculares sin aval de las aulas empujó a la docencia a un estado de alerta permanente que ahora pone en jaque la promulgación de la ley en el escritorio del gobernador.