El consiliario por el estamento Graduados, Carlos Tejeda, denunció que la reforma estatutaria permite reiniciar mandatos a “foja cero” y alertó sobre un nuevo régimen disciplinario que prevé suspensiones y expulsiones ante críticas institucionales.

La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) vuelve al centro del debate político e institucional. Tras la reciente reforma del Estatuto Universitario y el ingreso al Consejo Superior del proyecto para un nuevo Reglamento Estudiantil, sectores opositores denuncian una maniobra que combina la perpetuación de autoridades con la imposición de un esquema disciplinario persecutorio contra la juventud universitaria.

Quien encendió las alertas fue Carlos Tejeda, consiliario por el estamento de Graduados en el Consejo Superior (espacio GESTO), al advertir sobre el riesgo de retroceder hacia modelos personalistas superados tras la histórica toma universitaria de 2013.

Foja cero y reelecciones récord: hasta 14 años en el poder

La modificación estatutaria impulsada por el oficialismo extendió los mandatos de 3 a 4 años. Si bien existía consenso en equiparar la duración con el resto del sistema universitario nacional, el núcleo del conflicto se desató por una cláusula transitoria:

• Reinicio de cómputos: Los mandatos en ejercicio no se computan y vuelven a «foja cero».
• Continuidad rectoral: La actual rectora, Dra. Natalia Álvarez Gómez, queda habilitada para competir en las próximas elecciones y acceder a una reelección posterior, pudiendo acumular más de una década al frente de la casa de altos estudios.
• Decanos por 14 años: Aquellos decanos que ya cursan su segundo mandato consecutivo podrán postularse nuevamente y aspirar a otro período, alcanzando hasta 14 años ininterrumpidos en sus cargos.

«No nos oponemos por oponernos; entendemos que tres años podía ser poco tiempo, pero habilitar períodos tan extensos responde a sostener estrategias de poder y hace que se pierda de vista el proyecto universitario», subrayó el consiliario Carlos Tejeda.

Alerta por el régimen disciplinario estudiantil

El proyecto que mayor inquietud despertó en la comunidad universitaria es el nuevo régimen de faltas que ya fue girado a la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior. De acuerdo a lo denunciado por Tejeda, la normativa introduce figuras ambiguas con penalidades que van desde el apercibimiento hasta la expulsión directa:

• Censura a la opinión pública: Se tipifica como pasible de sanción todo aquello que «comprometa el prestigio institucional», abriendo la puerta a castigar a estudiantes que reclamen en redes sociales, medios o asambleas por problemas de infraestructura o baja calidad académica.
• Penalización del debate en el aula: El texto califica como falta el incumplimiento de indicaciones impartidas por docentes o autoridades; la reiteración de estas conductas pasa a considerarse falta grave, con riesgo de suspensión o baja de la matrícula.
• Prohibición de hecho a la protesta: Cualquier medida de fuerza gremial o estudiantil que implique la toma o permanencia en aulas y departamentos derivaría en la inmediata exoneración de los involucrados.

La verdadera agenda: inserción laboral y futuro profesional

Durante la entrevista, Tejeda contrapuso estas disputas de poder con las necesidades reales que demanda la juventud riojana. Si bien reconoció avances como la flamante sala de inteligencia artificial y la actualización del plan de estudios de la Licenciatura en Trabajo Social, cuestionó la desconexión entre la oferta académica y el mercado formal de trabajo:

«La universidad no sabe si los 80 licenciados en Trabajo Social que egresaron el año pasado consiguieron empleo efectivo en La Rioja o debieron emigrar. Esa es la discusión que la UNLaR adeuda desde hace décadas, y no la construcción de cepos normativos para silenciar a los jóvenes y perpetuar cargos», concluyó.